A mediados de 2006 se publicó el libro "A IIª República e a Represión franquista no Concello de Cerdedo", cuyo autor, Dionisio Pereira González, un historiador gallego especializado en el movimiento obrero en Galicia y en la represión durante y después de la guerra civil, incluyó en el mismo el siguiente párrafo:
"Personas señaladas por su presunta participación en diversas manifestaciones de la represión: Angel, Luis y Manuel Gutiérrez Torres (jefe de la Falange, alcalde de Cerdedo en los años 40 e 50), Eligió y Francisco Nieto (falangistas)..."
Estas breves líneas han sido el detonante de una batalla judicial emprendida por los familiares del extinto alcalde de Cerdedo y jefe local de Falange en los días que siguieron al alzamiento militar de julio de 1936, Manuel Gutiérrez Torres, contra el historiador a quien han demandado y exigido que se retracte, además de exigirle el pago de una indemnización pecuniaria por daños y perjuicios. Una campaña judicial que ha saltado a la red al poner en el centro del debate los temas de libertad de expresión y pensamiento del que todo historiador, e intelectual en general, debe gozar para el libre ejercicio de una 'ciencia histórica libre', como lo señala un manifiesto firmado por más de 300 historiadores en solidaridad con Pereira y que reproducimos en un post aparte.
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Este, como se sabe, no es el primer caso, y seguramente no será el último, en que un historiador ve amenazado el libre ejercicio de su profesión, coactado de emitir opinión. En los últimos años el caso más sonado fue el del historiador inglés David Irving, procesado y condenado por negar en sus libros el Holocausto y, aquí en el Perú, el de Nelson Manrique, demandado por difamación por un político al que no le gustan las críticas. Todos ellos casos que deberían llamar al análisis y reflexión. Un tema que seguiremos discutiendo.
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