Emancipación y ruptura legal (*)

Por Carlos Ramos Núñez (**)

La historia jurídica peruana, disciplina en la que, a pesar de los indiscutibles aportes existentes, casi todos los campos potenciales de estudio se hallan lejos de ser abordados, recibió hace algún tiempo, gracias al Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la original contribución del profesor René Ortiz Caballero: Derecho y ruptura, a propósito del proceso emancipador en el Perú del Ochocientos, quien desde una óptica estructuralista inédita entre las aproximaciones a la historia del Derecho patrio y recogiendo elementos del pensamiento de Foucault propone entender la coyuntura de la independencia como un momento de ruptura legal, desvelando esa etapa de la historia en que el antiguo orden sucumbe ante la arremetida de un sistema jurídico. Pero, Ortiz no busca describir los rasgos del Derecho colonial que decae ni examinar los perfiles del Derecho nacimiento; antes bien se detiene en las coordenadas del tránsito, en el lapso donde el ayer y el después se dan la mano. El objeto de estudio se encuentra entre el abatido derecho virreinal y el balbuceante derecho peruano.

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René Ortiz intenta superar dos concepciones de la historiografía jurídica: periodificación y continuidad. La primera, que a veces malentiende los círculos de la historia como compartimientos estancos; de modo que los sistemas normativos: el prejurídico incaico, el colonial y el republicano, constituyen entelequias incomunicables. Y la segunda, que discurriendo por más de un período, pierde de vista el núcleo de cada uno de ellos.

Todo sistema jurídico comprende un conjunto de normas: leyes, costumbres y jurisprudencias sancionadas por el Estado, convicciones y prácticas sociales en un período y en una comunidad determinada. Ortiz Caballero ha elegido preferentemente al subconjunto de leyes y ordenanzas que, sin pertenecer con exactitud a ningún sistema, se sitúan a la mitad del camino.

El modelo metodológico ofrecido reside en cuatro formas que configurarían, sin descartar otras eventualmente operantes, el fenómeno de transformación: continuidad, retorno, repetición y sustitución, que sirven para explicar el difícil cambio de un sistema normativo por uno diferente. Así, las leyes y las instituciones cobran inusitado dinamismo.

Una cuestión que atormenta a los historiadores del Derecho y que el trabajo reseñado asume como premisa radica en resolver si el acto de la independencia y los sucesos que siguieron en los próximos nueve años significaron realmente un cambio pleno de sistema jurídico. ¿Acaso, no es verdad que más allá del rompimiento político con España la estructura económico-social se mantuvo intacta y que las convicciones y prácticas colectivas que, sin duda, forman parte del funcionamiento de un sistema jurídico no fueron alteradas sustancialmente?

En realidad, la vida civil continuaba rigiéndose por las Partidas, las Leyes de Indias y la Novísima Recopilación hasta muy avanzado el siglo XIX. El Código Civil, el Código de Enjuiciamiento Civiles y el Reglamento de Juzgados y Tribunales apenas se dictan en 1852, y los códigos Penal y de Enjuiciamientos Penales diez años más tarde, mientras tanto –hay que repetirlo– las áreas más importantes de la vida social se regulaban por el Derecho colonial.

Empero, no puede desconocerse que la Independencia supuso la primera manifestación de voluntad nacional, gracias a la cual se conformó un Estado, capaz de producir, ejecutar y discernir normas jurídicas.

Contra lo que muchos pensaban, el estructuralismo no ha muerto, se convierte por primera vez en el Perú en un magnífico instrumento metodológico e invita a parecidas incursiones en el mundo de la historia del Derecho.


* Publicado en el suplemento Jurídica, del diario El Peruano, Nº 261, el 28 de julio de 2009.

** (Artículo publicado en El Peruano el jueves 2 de abril de 1992).

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