Ensayo sobre las instituciones jurídicas del Virreinato del Perú (*)

Por José de la Puente Brunke

El destacado jurista Carlos Deustua Pimentel (Lima, 1929-1999), profesor de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, preparó el material para el dictado de su interesante curso que sus hijos han puesto hoy en circulación, siendo los editores María Teresa y Carlos Deustua Landázuri, y que me honraron con el encargo de escribir el prólogo a esta obra. Asimismo, la presentación corresponde al ilustre historiador Héctor López Martínez, miembro de Número de la Academia Nacional de Historia.

Sobre el particular, debo precisar que en el caso del Derecho Indiano – es decir, del ordenamiento jurídico vigente durante los tres siglos de dominio español– , el hecho de que las normas legales por lo general no hubieran tenido un cabal cumplimiento, llevó a muchos historiadores a considerar inútil su estudio. Si lo que interesaba era entender el proceso histórico peruano tal como se desenvolvió, concluía entonces que el conocimiento de una legislación incumplida no tenía mayor sentido.

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Sin embargo, el derecho no está constituido sólo por las leyes. Esta idea es más importante en el caso del Derecho indiano, que fue un ordenamiento jurídico en cuyo sustento las normas legales no tenían la importancia que hoy les otorgamos. En efecto, tan o más importante que las leyes eran entonces otras fuentes del Derecho, como la costumbre, la jurisprudencia o la doctrina. Se trataba de un ordenamiento “casuista”, en el cual precisamente la consideración de las peculiaridades de los casos eran más relevante que lo definido por los criterios generales de las normas. Será con la caída del denominado Antiguo Régimen –coincidente en nuestro caso con el proceso de independencia–cuando empezará a tener claro predominio el esquema jurídico sistemático, que considera las normas legales como la fuente principal del Derecho. Esta idea es coherente con la convicción –propia de los ilustrados del siglo XVIII y de los liberales posteriores– de la generalidad de la ley. Dado que se entendía que los hombres eran iguales, las leyes debían ser también iguales para todos.

Así para estudiar nuestro pasado virreinal en su conjunto, resulta imprescindible el adecuado conocimiento del Derecho y de las instituciones entonces vigentes. En los últimos años esta idea ha ido cobrando fuerza, y se está notando un mayor diálogo académico entre los historiadores del Derecho y aquellos estudiosos de nuestro pasado interesados en otros ámbitos, como el social o el económico. Hoy en día es evidente que para estudiar cualquier aspecto de nuestra historia virreinal, resulta necesaria, entre otras cosas, la consulta de las obras de los grandes juristas de la época –destacando especialmente Juan de Matienzo para el siglo XVI y Juan de Solórzano Pereira para el siglo XVII –, o el estudio de los textos legales, empezando por la célebre Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias de 1680, o el examen de las características de las principales instituciones entonces vigentes.

Teniendo como punto de partida el análisis de las capitulaciones de San Fe, la obra se inicia ofreciendo una ilustrativa explicación del proceso de incorporación de las Indias al patrimonio de la Corona de Castilla, poniendo énfasis en la importancia de las discusiones relativas a los “justos títulos” de esta incorporación. En este punto la figura del dominico Francisco de Vitoria es central, con su propósito de fundamentar el dominio de los territorios americanos en consideraciones basadas en el derecho natural, y no ya en los anteriores argumentos apoyados en el señorío temporal del Papa. Tan importante es la figura de Vitoria, que podríamos afirmar que se adelantó en buena medida a Hugo Grocio en el planteamiento de lo que más tarde sería el derecho internacional público. Junto con las discusiones en torno a los justos títulos, el libro destaca los planteamientos suscitados con respecto a la condición jurídica de los indios, finalmente considerados vasallos libres del rey de Castilla.

Precisamente entre las más importantes instituciones que el libro estudia están aquellas directamente vinculadas con la población indígena y con la utilización de su mano de obra. Es el caso de la encomienda, que fue la institución que hizo posible el asentamiento de los españoles en Indias, en la medida en que satisfizo –al menos en los primeros tiempos– sus ansias señoriales, y justificó el que se beneficiaran con el trabajo indígena. El corregidor de indios, por su parte, apareció como un intento de la Corona por frenar los abusos de los encomenderos, pero sobre todo como una iniciativa para anteponer los designios de la Corona –a través de sus agentes en América– sobre los intereses particulares de aquellos.

La publicación de este trabajo es también adecuada ocasión para poner de relieve la importancia de la obra historiográfica de Carlos Deustua Pimentel. Entre sus numerosas publicaciones es especialmente destacable su importante estudio sobre las intendencias, publicado hace más de 40 años, pero que hasta hoy mantiene su vigencia por el rigor con el que fue concebido, y por su análisis tanto de cuestiones políticas como económicas.


* Publicado en el suplemento Jurídica, del diario El Peruano, Nº 261, el 28 de julio de 2009.

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