La función social del Historiador. El Informe de la CVR, un punto de partida

Por Jesús Cosamalón | Historiador

No hay duda de que el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) representa un hito importante para las ciencias sociales en el Perú contemporáneo. Es probable que muchos de nosotros —ese fue mi caso— al terminar de leer los aspectos esenciales del Informe se hayan preguntado ¿dónde estaba yo? o ¿acaso pude hacer más de lo que hice? (que no siempre fue mucho). Aunque ya no podemos cambiar un ápice de lo que hicimos o dejamos de hacer en ese período trágico de nuestra historia, lo importante del Informe para un habitante del Perú de esos años —y en edad de pensar por sí mismo en esa época— es que el texto obliga a adoptar una posición concreta frente a lo que fue el Perú de esa época y lo que queremos que sea en los años venideros. Además de ser un texto de gran valor académico (sin mencionar el papel jurídico o de reparación civil), es evidente que el Informe exige una definición no solo acerca de los resultados mismos de la violencia, sino especialmente en cuanto a qué país queremos construir conociendo las dificultades del que hemos construido. Esto, que es válido para todos los peruanos, es una exigencia ética para la labor de los intelectuales y, especialmente, para los en teoría expertos en la memoria social: los historiadores.

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Por otro lado, no es una práctica frecuente que los historiadores reflexionemos acerca de la función que cumplimos en nuestra sociedad como responsables —aunque no los únicos— de la memoria de ella. Es evidente que el Informe obliga a un replanteamiento de la labor que debe cumplir un historiador y la responsabilidad social inherente a ella. No solo por la gravedad de los hechos puestos a la luz pública, sino porque el Informe comienza por cuestionar, como ya lo mencioné, la ubicación que cada uno tenía y tiene frente al problema, exigiendo, al mismo tiempo, la construcción de una nueva historia con vistas al futuro.

1. LA LABOR DEL HISTORIADOR DESPUÉS DEL INFORME

En el caso de la historia, varios de los presupuestos básicos sobre los que hemos funcionado deben ser revaluados a la luz del Informe de la CVR. Algunas de las revisiones historiográficas más influyentes de los últimos años acerca de la historia en el Perú señalaron con acierto rasgos particulares del discurso histórico en el Perú. Así, Magdalena Chocano en 1987 señaló la existencia de lo que ella denominó la «ucronía» entre los historiadores destacados del siglo XX, entre ellos por ejemplo Jorge Basadre y Heraclio Bonilla. Este planteamiento indica que a pesar de las diferencias ideológicas, metodológicas y teóricas entre ellos, un aspecto común entre estos intelectuales es la construcción de un discurso histórico acerca de lo que no fuimos, no construimos o no somos. Por ello, tanto Basadre como Bonilla insisten en comprender el Perú a partir de oportunidades perdidas o carencias de alguna clase social que, de haberse aprovechado o existido, hubieran cambiado nuestro destino histórico. Por otro lado, Alberto Flores Galindo en 1988 continuó el debate agregando, a partir de las investigaciones de Gonzalo Portocarrero, la existencia de una «idea crítica» en la enseñanza de la historia escolar peruana, la cual remarcaba la responsabilidad de la dominación española en la situación actual del Perú, al mismo tiempo que mostraba una etapa republicana desesperanzadora, sucesión de fracasos e ineptitudes de sus elites y gobernantes que se cerraban dramáticamente con la Guerra del Pacífico.

Ambas posturas, no excluyentes entre sí, señalan lo que podríamos llamar el marco crítico en el cual los historiadores a principios del siglo XXI nos movemos. Parte de nuestra labor, la que nos ha permitido ganarnos un lugar entre las disciplinas académicas, consiste en elaborar un conocimiento acerca de nuestro pasado en términos de un lenguaje científico capaz de entrar en diálogo con el producido en otras áreas de las ciencias sociales tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. Sin desconocer este aspecto, los historiadores intentamos elaborar un discurso histórico que intenta rescatar y articular las diversas experiencias históricas que han formado nuestro presente. En ese sentido, como se ha señalado en muchos sitios y en aulas universitarias, especialmente, cito una conocida frase de Benedetto Croce: «Toda historia es historia contemporánea». Sin duda, como muchos se han encargado de señalar, ningún historiador es capaz de despojarse de su carga contemporánea de problemas o prejuicios, y su investigación, como todo producto humano, tiene tanto el sello personal como social de su época. Sin embargo, la época en la cual nos toca vivir y los hechos que han conformado nuestro presente hacen necesario un replanteamiento del sentido y exigencia que esta afirmación trae a los historiadores en particular. La pregunta que emerge de aquí es: ¿cómo elaborar un discurso historiográfico que intente reflejar lo que hemos sido y somos (aunque no siempre esto nos guste mucho), sin caer en la desesperanza, la ucronía o la evasión?

Aquí es donde evidentemente entra la función social del historiador peruano. Todos reconocen que el discurso histórico no es solo una narrativa neutra acerca del pasado, donde la objetividad reside en mostrar lo que ocurrió realmente. Toda elaboración historiográfica comienza por reconocer algo que merece la pena ser historizado e incorporado a la memoria histórica de los peruanos. Ya en esta elección hay un sesgo personal que depende de factores no necesariamente objetivos y que señalan las preferencias que el investigador tiene. La responsabilidad social que nos atañe en este caso proviene de los imperativos éticos que el Informe de la CVR plantea. En el prefacio (1) de la versión abreviada del Informe de la CVR, su ex presidente, Salomón Lerner, señala con acierto que «en un país como el nuestro, combatir contra el olvido es una forma poderosa de hacer justicia».(2)

A nosotros, historiadores por formación y especialmente por vocación, en teoría especialistas en la memoria, nos toca, por lo tanto, una tarea que trasciende los límites del mundo académico. Elaborar conocimiento histórico no resulta únicamente una labor destinada al mundo de los intelectuales, sino una actividad que, para el caso peruano, responde a una necesidad urgente de la propia sociedad. Especialmente porque, como hemos señalado, la construcción de una memoria colectiva, en la cual la historia tiene un rol importante pero no exclusivo, es un imperativo ético.

La propia CVR reconoce este rol, pues en las recomendaciones señaladas para una efectiva reconciliación entre los peruanos se sostiene que esta consiste, primordialmente, en un «proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos».(3) Dentro de este proceso la dimensión política es trascendental, dado que se trata de «una reconciliación entre el Estado, la sociedad y los partidos políticos». Asimismo, se señala que esta acción debe ser:

[…] en primer lugar, multiétnica, pluricultural, multilingüe y multiconfesional, de manera que responda a una justa valoración de la diversidad étnica, lingüística, cultural y religiosa del Perú. En segundo lugar, debe conducir a una integración de la población rural por parte del Estado. En tercer lugar, debe dar un lugar a la memoria histórica entendida como una reconstrucción colectiva de personas que se reconocen y se saben corresponsales. En cuarto lugar, debe estar abocada a la revaloración de las mujeres mediante el reconocimiento de sus derechos y de su participación plena y equitativa en la vida ciudadana. Y en quinto lugar, debe dirigirse a la construcción de una ciudadanía, a la difusión de una cultura democrática y a una educación en valores.(4)

Pienso que esta declaración de las características que debe tener la necesaria reconciliación entre los peruanos le da sentido a la tarea de «combatir contra el olvido». La tarea de los historiadores, en cuanto a la dimensión ética de su labor, no resulta disminuida por la presencia de estos objetivos; por el contrario, encuentra en ellos su razón de ser, puesto que como intelectuales dedicados a la memoria contribuimos a la construcción de las identidades colectivas. No solo porque parte del conocimiento que elaboramos pueda terminar transmitiendo valores o algunos rasgos culturales en particular, sino por el hecho, no menos importante, de que elaboramos un discurso histórico frente al cual los habitantes de nuestro país —al menos en teoría— deberían reconocerse. Por lo tanto, los historiadores tenemos la obligación social de comenzar a elaborar un discurso historiográfico en el cual tengan cabida las «múltiples historias» que han conformado el presente.

Cualquier práctica política debe comenzar por reconocer que en este país, como sabemos, se encuentran diversos problemas urgentes, pero para intentar resolverlos necesitamos construir una nación compuesta de personas reconocidas en su integridad como seres humanos y no solo de individuos que alimentan una estadística. Una de las personas entrevistadas por la CVR, Rebeca Ricardo, lo señalaba de la siguiente manera: «Ya no quiero que nos ayuden como asháninkas, sino como personas». Los historiadores estudiamos a los seres humanos en el tiempo y, en general, como señalan los manuales y la práctica concreta de los historiadores, nada de lo humano debería estar ajeno a nuestro interés. Sin embargo, no siempre somos explícitamente conscientes de la importancia de esta afirmación.

En el Informe de la CVR se señala reiteradamente, con toda razón, que el dolor y sufrimiento de muchas de las víctimas (por parte de Sendero y de organismos estatales) no caló en la mayoría de la sociedad peruana porque su propia dignidad como seres humanos y ciudadanos no se encontraba asumida por la nación en general. Es decir, nuestra imagen de país no estaba compuesta de seres humanos comparables o asimilables a nosotros mismos, sino por entes abstractos y desconocidos cuyos rostros se nos desdibujaban. Por ello mismo la CVR, reconociendo un imperativo moral y ético urgente respecto a este punto, decidió «escuchar y procesar las voces de todos los participantes».(5) En este caso en concreto, en cuanto a la comprensión de la violencia política, resulta no combatir contra el olvido intentar una reconstrucción de los hechos sin incluir el testimonio de las miles de víctimas y, más importante aún, sin el debido respeto a su verdad; dentro de la cual lo afectivo, como señala el Informe de la CVR, más que negarle objetividad permite comprender de manera más profunda lo ocurrido.

¿Qué implicancias tiene esto para el quehacer de un historiador en general? Pienso que, en primer lugar, recordarnos —si bien no se ha olvidado completamente— que lo más importante en la labor de un historiador es recuperar la participación histórica de los seres humanos en la construcción de su realidad. Sean pobres, ricos, soldados o generales, todos han participado desde su propio lugar en la historia y lo que nos toca hacer, como científicos sociales, es interpretar el rol de cada uno de ellos. Es decir, devolverle el rostro a cada uno de los participantes de la historia.

Ahora bien, en la historiografía peruana este esfuerzo de devolverle el rostro a los participantes de la historia es algo que se comenzó a hacer de manera sistemática hace ya algún tiempo. Por ejemplo, Alberto Flores Galindo, tituló «Rostros de la plebe» a uno de los capítulos de Aristocracia y plebe en Lima colonial, a mi juicio el mejor libro acerca de la ciudad de Lima a finales de la Colonia.(6) En este capítulo, como en el resto del libro y su obra, Flores Galindo busca enfatizar la práctica de una historia que intenta recuperar el rol de los sectores populares. La propuesta de Flores Galindo, va, como es conocido, más allá de solo un énfasis historiográfico, pero me interesa resaltar la importancia que puede tener, para un historiador, el reconocer que los individuos, de los cuales encontramos muchas veces fragmentos inconexos en los documentos, son, ante todo, seres humanos y no citas destinadas a enriquecer nuestro conocimiento o hacer más amenos nuestros escritos. Para resaltar esta propuesta vale la pena rescatar un comentario crítico que Flores Galindo hizo para el célebre libro de Hernando de Soto, El otro sendero.(7) La propuesta del último autor gira en torno a reivindicar la actividad de los informales como constructores de un país nuevo, no solo como evasores del orden y generadores de problemas urbanos. Aunque en principio podamos simpatizar con esta propuesta, Flores Galindo agudamente señala que el principal defecto de ella reside en que el ser humano llamado «informal» termina, en el texto de De Soto, desdibujado, «no tienen nombres ni apellidos [...] son individuos no personas».

De este modo, una de las primeras condiciones que desde la historia se puede aportar a la agenda de temas para la discusión es la necesidad de reconocer a los individuos que forman parte de nuestro pasado y nuestro presente como personas, con el debido respeto a su experiencia histórica. Parte de ese respeto implica la creación de una memoria colectiva frente a la cual las personas puedan reconocerse y contestar preguntas tales como ¿quiénes somos? o ¿por qué somos de esta manera? Solo así podremos saber hacia dónde vamos.

Esto significa, desde mi punto de vista, reconocer algunas cuestiones centrales. En el Informe, como sabemos, se señala en varias oportunidades que uno de los elementos más dramáticos que se encuentra en la violencia es la pérdida de la dignidad de la persona, reflejada tanto en el trato que Sendero Luminoso como los representantes del Estado le daban a ella. Una evidencia concreta de esto es el perfil de las víctimas que se puede reconstruir a partir de los datos proporcionados: quechuahablante con actividad agropecuaria, educación primaria y, preferentemente, de apellido Quispe o Huamán.

Si hiciéramos el experimento de dar a algunas personas estos datos y pedirles que dibujen el rostro, cuerpo y vestimenta de estas personas, me imagino que los resultados serán previsibles. Sin duda, reparar el daño personal hecho es imposible, pero los historiadores tenemos el deber de evitar que el discurso historiográfico repita esta actitud. Así, como ha señalado Fidel Tubino, en un interesante artículo, las identidades colectivas se «estructuran sobre la base de la retención del pasado y la proyección al futuro [...] una identidad sin memoria es una identidad sin proyecto».(8) Lo cual significa, como señala Tubino, que el proceso de recuperación de la memoria resulta imprescindible para devolverle la identidad y su dignidad a las personas.(9) Por ello, el acto de recuperar o construir una memoria histórica ante la cual nos reconozcamos debe ser una tarea fundamental con vistas al futuro, condición necesaria para el establecimiento de una nueva relación entre el Estado, las instituciones y la sociedad civil; es decir, para la práctica política futura. Necesitamos todas las historias para que cada peruano se reconozca con dignidad en ella. Al menos en parte, esa debe ser nuestra función social.

2. DERROTEROS PARA UNA AGENDA HISTORIOGRÁFICA

Un aspecto que me interesa señalar es el esfuerzo que hizo la CVR al establecer que los años que van de 1980 al 2000 deben ser considerados en nuestra historia como un período con nombre y apellido propio: la era de la violencia. Podemos discutir la pertinencia del nombre, pero lo que está fuera de discusión es el hecho concreto de que estos años se han ganado —de una manera trágica— un lugar en nuestra historia tal como lo tienen con nombre propio otras etapas, tales como la «República aristocrática» o la «Era del guano». Es de esperar que la labor posterior de los historiadores se encargue de otorgarle carta de ciudadanía a este período por medio de investigaciones que de manera puntual se encarguen de aclararnos diversos aspectos, pero la pertinencia del tema en cuanto a sus implicancias y efectos duraderos está, desde mi punto de vista, fuera de discusión.

Este nuevo período de nuestra historia no va a sobrevivir de manera automática. Además, se puede correr el riesgo, como es notorio para otros momentos de nuestra historia, que los principales acontecimientos del proceso sean marcados por los hechos considerados «grandes», usualmente actos políticos y militares. El riesgo de este discurso es que podría dejar de lado una de las memorias del período que, interpretando el sentir del Informe, dejaría fuera la experiencia histórica de un gran número de peruanos y peruanas (aunque cierto político les exija DNI) signados por el dolor, humillación y muerte a manos de Sendero, el MRTA o las fuerzas del orden. En ese sentido, el Informe de la CVR cumple el objetivo de recordarnos que la historia como disciplina proveniente de las humanidades y, por lo tanto, preocupada en lo humano no solo en términos académicos sino en cuanto a las personas concretas, tiene la misión de ayudarnos a todos a comprender la historia desde lo que podríamos llamar «los zapatos del otro». Por ejemplo, cuando el Informe intenta comparar qué resultados tendríamos en el Perú si es que la tasa de mortalidad por causa de la violencia en Ayacucho se hubiera extendido a todo nuestro territorio, hace el esfuerzo de señalarnos que una forma eficaz de comprender la gravedad de los hechos es situarse en el lugar del otro. Casi es innecesario remarcar el valor que tiene esta perspectiva en nuestra sociedad. Si hay algo que está en el fondo de los hechos de las décadas de la violencia es la incapacidad que teníamos (y tenemos) para ponernos en el lugar del otro, especialmente notorio en los actores fundamentales del conflicto, pero finalmente presente en todos los estratos de la sociedad peruana.

Otro aspecto importante para comprender la función social del historiador parte del reconocimiento de que la violencia acaecida adquirió los perfiles que nuestra sociedad contenía. Así, como si fuera un terremoto —de hecho fue un cataclismo social solo comparable a la época de la Conquista, como Cecilia Méndez lo ha mencionado en una publicación—(10) este dramático evento nos da la oportunidad de analizar los estratos socioculturales, económicos y políticos que sostienen nuestra historia. En ese sentido, la era de la violencia tiene una profundidad histórica que hace imprescindible la labor de los especialistas. Para que estos hechos adquieran la dimensión que el Informe señala, fue necesario que se conjuguen tendencias históricas que emergieron, cual volcán, cuando la violencia se instaló entre nosotros.

Aquí se puede vincular este tema a dos aspectos que antes he señalado. La «idea crítica» que hace responsable a la dominación española de todos —o la mayoría— de nuestros males contemporáneos no se encuentra presente en el Informe de la CVR. Para algunos muy probablemente esto constituye un error, pues las raíces coloniales de la dominación en sus expresiones de explotación y discriminación son más que evidentes. No estoy interesado en afirmar si esto es verdadero o falso. Me interesa sí reconocer que la opción —válida desde mi punto de vista— de centrarse en los últimos cincuenta años de nuestra historia para explicar los hechos también debería obligarnos a repensar el peso de nuestra historia colonial en el presente, sin negar la experiencia histórica de explotación y maltratos a los que fueron sometidas muchas de las comunidades indígenas andinas en el pasado. Así, de manera indirecta, el Informe de la CVR en parte también debería contribuir a que elaboremos una nueva imagen de nuestro pasado colonial y de su influencia en el presente.

Otro reto importante que tenemos que afrontar es cómo elaborar una historia de ese período sin que solo sea una imagen de lo dramático y del dolor que se ocasionó, a pesar de que —dejo expresa constancia de ello— tiene que elaborarse este tipo de relato. Corremos el riesgo de que en el futuro quede solo memoria del dolor y de la desesperanza de esos años. Nuevamente repetiríamos la imagen negativa del siglo XIX en el XX y así tendríamos la reiteración de que en el Perú la historia no puede ser fuente de esperanza, dado que se han repetido nuestros fracasos constantemente. Además, no está eliminado el peligro de que la «ucronía » se instale nuevamente entre nosotros e interpretemos este período de nuestra historia como una nueva oportunidad perdida para salir de nuestra situación de atraso y postración social.

¿Cómo revertir esos peligros? Sería extremadamente presuntuoso pretender dar la receta que prevenga esta enfermedad. Solo me quedan intuiciones, que en el fondo —y por encima también— son tal vez la base fundamental de las humanidades y todo en tono más bien de autocrítica. En primer lugar, tenemos que reinterpretar la afirmación de que «toda historia es historia contemporánea ». Desde mi punto de vista, dado el contexto en el que nos toca vivir, no podemos dejar que esta virtud de la historia quede entrelíneas en nuestros escritos, a modo de acertijo para ser resuelto por los lectores. Por el contrario, es responsabilidad social del historiador dejar constancia de qué manera su presente se encarna en la investigación que presenta.

De otro modo, «toda historia es historia contemporánea» corre el riesgo de ser interpretado como un acto de evasión de los problemas concretos del Perú actual. Y no quiero que pase lo que ya pasó. En segundo lugar —y esto es obviamente autocrítico—, la gravedad de los acontecimientos de las últimas décadas obliga a que los historiadores abordemos la historia contemporánea de manera mucho más activa de como lo hemos hecho hasta hoy. Si nos quejamos de que no se considera al historiador —generalmente— como un especialista en ciencias sociales y humanas, la culpa no es solo de otras disciplinas que se apropian de lo que creemos nuestro terreno, sino fundamentalmente de nuestra escasa capacidad de pelear —en el mejor sentido del término— en un diálogo interdisciplinario y defender la validez de nuestro aporte. Tal vez cuando el historiador logre instalar su campamento en medio de esa discusión, todos podamos sentir que nuestra función social de ser responsables de la memoria está más cerca de su cumplimiento.

En tercer y último lugar, la memoria de los peruanos también debe partir de la esperanza. La eliminación de la violencia política no solo fue posible por los hechos militares y policiales. Fue posible porque numerosos peruanos, muchos de ellos anónimos, creyeron que era posible mejorar el país sin recurrir a la masacre, el abuso o el autoritarismo. No se trata de mayorías o minorías, se trata de la necesaria reserva moral que debe tener un pueblo para todavía creer que se pueden cambiar las cosas. Y no es la única vez en nuestra historia que eso ocurre. No estaríamos aquí (por lo menos desde la Conquista) sin las ganas de vivir y sobrevivir de miles de personas, que en medio de condiciones absolutamente injustas se las ingeniaron para mirar hacia adelante tratando de sobrevivir ellos y sus familias. No es lo ideal, es cierto, pero la otra opción es desaparecer. Me parece que una función social de gran importancia que el historiador tiene es no dejar que ambas caras de la moneda se pierdan. Aunque no nos guste del todo, así como es la vida misma, el dolor y la muerte han estado presentes, pero junto con ellos la esperanza y la alegría. De nosotros, historiadores, depende que en ambas los peruanos del futuro tengan la oportunidad de reconocerse dignamente.


NOTAS:

1. Véase COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima: CVR, 2004.

2. En el capítulo inicial del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, t. I, p. 2, se señala que «[…] la Comisión interpreta la voluntad del pueblo peruano de conocer su pasado como una consecuencia del principio fundamental de afirmar la dignidad de la vida humana y, por lo tanto, entiende la tarea que le ha sido asignada como un elemental acto de justicia y un paso necesario en el camino hacia una sociedad reconciliada».

3. COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Ob. cit., p. 11.

4. Ib., p. 11

5. Recientemente, José Luis Igue ha publicado una interesante reflexión crítica acerca de los silencios en que incurre el Informe de la CVR. Parte de su argumentación consiste en que el reclamo por construir una historia que dé cabida a todas las voces resulta poco coherente con el vacío existente en cuanto a registrar los testimonios de los perpetradores de la violencia, especialmente, los provenientes de las fuerzas armadas o los grupos subversivos. Su crítica es interesante, pues reconoce que no solo las víctimas —mayormente campesinos quechuahablantes y analfabetos— son los únicos marginados de la historia oficial de la violencia, sino también aquellos que aún perteneciendo a las esferas de los perpetradores estaban sujetos a mecanismos de poder y de control que han impedido que su testimonio llegue a ser considerado. Tal es el caso, por ejemplo, de los soldados y oficiales de baja graduación de las fuerzas armadas o los militantes de base de Sendero Luminoso o del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Sin duda, su testimonio debe ser incluido en la construcción de la historia de este trágico período. Véase IGUE, José Luis. «Los silencios del gran relato». Histórica, vol. XXIX, n.o 1, 2005.

6. Véase FLORES GALINDO, Alberto. La ciudad sumergida. Aristocracia y plebe en Lima colonial, 1760-1830 [1984]. Lima: Horizonte, 1991.

7. Véase FLORES GALINDO, Alberto. «Los caballos de los conquistadores otra vez (El otro sendero)». En Tiempo de plagas. Lima: El Caballo Rojo, 1988.

8. TUBINO, Fidel. «La recuperación de las memorias colectivas en la construcción de las identidades». En Marita Hamann, Santiago López Maguiña, Gonzalo Portocarrero y Víctor Vich (eds.). Batallas por la memoria. Antagonismos de la promesa peruana. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2003, p. 96.

9. Véase ib., p. 98.

10. Incluso antes de que se publicara el Informe, ya había llamado la atención acerca de la necesaria reflexión acerca de la violencia y su análisis histórico, véase «La tentación del olvido: guerra, nacionalismo e historia en el Perú». Diálogos, II, 2000. Consulta: 8 de agosto de 2007. . Cecilia Méndez es una de las historiadoras que desde la época misma de la violencia se interesó en estos temas y sus raíces históricas. En prácticamente todos sus escritos se ha preocupado por enfatizar la relación personal que existe entre su presente y la investigación histórica, haciendo efectiva la frase citada anteriormente de Croce. Véase, especialmente, «Populismo militar y etnicidad en los Andes». Iconos, Revista de Ciencias Sociales, XXVI, 2006. Consulta: 8 de agosto de 2007. y «Las paradojas del autoritarismo: ejército, campesinado y etnicidad en el Perú: siglos XIX al XXI». Iconos, Revista de Ciencias Sociales, XXVI, 2006. Consulta: 8 de agosto de 2007. . Conjuntamente con ella, el autor de estas líneas organizó una mesa redonda el 31 de agosto de 2004 bajo el título «Desterrando el olvido. La historia y las ciencias sociales después del Informe de la Comisión de la Verdad». En este evento compartimos las reflexiones de Iván Caro, Carlos Iván Degregori, Jaime Urrutia y Cecilia Méndez.


* Una versión preliminar de este texto se expuso en el Simposio «Los derechos humanos y la función social de la Historia», coordinado por la doctora Liliana Regalado en el marco del II Encuentro de Derechos Humanos organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (11-15 septiembre de 2006). Una segunda versión se entregó en el blog organizado por un grupo de egresados y estudiantes de la especialidad de Historia, gracias a la invitación de Héctor Huerto, .


Fuente: Revista Memoria, N° 3, 2008.


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