Diez cosas que hay que saber sobre el Colegio de Historiadores del Perú

NOTA: En el 2012, en la primera no tan lejana ocasión en que se pretendió la creación del Colegio de Historiadores, se escribió mucho al respecto, tanto a favor como en contra. Por mi parte traté de resumir mi oposición a esa iniciativa en estas diez razones que ahora rescato y que siguen siendo tan validas como aquella vez. Ojalá que esta tercera intentona naufrague como las dos anteriores:

Sobre el intento de crear un Colegio Profesional de Historiadores del Perú se ha escrito mucho y seguramente se seguirá escribiendo más en los próximos días. Ya sea que se haga a favor (en escasísimas ocasiones) o en contra (la mayoría de veces), resulta una verdad evidente que el Colegio sigue y seguirá despertando una gran desconfianza en el gremio de historiadores (lo que constituye la mayor de sus contradicciones). De este modo, resulta una verdad de Perogrullo afirmar que su inminente y probable aprobación solo alegrará a sus promotores que son un grupo muy reducido de colegas que se han atribuido una prerrogativa que en modo alguno les pertenece: la representación nacional de la profesión. Así que, a pesar de la abundancia de opiniones en contra y ante la contumaz actitud del Congreso en proseguir con este despropósito, conviene resumir las ideas centrales por las cuales muchos de nosotros nos oponemos a este arbitrario proyecto que solo terminará perjudicando a la investigación histórica en el país.

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1. La propuesta pretende asegurar un puesto de trabajo a quien se licencia en Historia y no precisamente al que investiga. Es decir, protege al Licenciado en Historia y no al historiador. De este modo, como ocurre con otras profesiones, nuestras universidades terminarán evacuando licenciados en Historia como, por ejemplo, evacúan abogados sin que eso responda a las necesidades del mercado laboral o signifique, necesariamente, un avance de la investigación histórica en el país.

2. Desde el proyecto primigenio hasta el último aprobado el 5 de marzo de los corrientes, la propuesta establece que “la colegiación es indispensable para el ejercicio de la profesión de historiador” y que, por ende, solo pueden colegiarse aquellos que ostenten el título de licenciado en Historia. Con esto se niega el derecho al trabajo de muchos investigadores sociales que han hecho de la investigación histórica su campo de trabajo y estudio durante muchísimos años. Una violación constitucional que además se convierte en una obstrucción al desarrollo de la ciencia histórica en el país.

3. De lo anterior se deduce que tanto los promotores de esta iniciativa como los congresistas que la han hecho propia en la Comisión de Educación, desconocen por completo la naturaleza de la investigación histórica al negarle su carácter multidisciplinario. No se es historiador por haber estudiado historia en una universidad exclusivamente, sino por contribuir al desarrollo de la ciencia histórica con investigaciones y trabajos que aporten al mismo.

4. Con argumentos de carácter histórico, primero, y legal, después, los responsables de la elaboración del proyecto de ley han tratado de convencer a la ciudadanía de la conveniencia y necesidad de contar con un Colegio Profesional que vigile el ‘correcto’ desempeño de la profesión. Con esto no solo se confunde al público sino que se distorsiona el sentido de la profesión de historiador al equipararla al de un médico, un abogado o un ingeniero. Esto constituye un gravísimo peligro para todos los que se dedican a la investigación histórica habida cuenta de que esta es, ante todo, un ejercicio del pensamiento y una forma de expresión de ideas, teorías, hipótesis y propuestas que no pueden estar sujetas a un ‘tribunal de honor’ sin temor a recibir una ‘sanción’ o una demanda judicial por expresarlas. Así, el proyecto amenaza la libertad de expresión de todos los intelectuales en el país.

5. La defensa de la profesión de historiador es uno de los himnos de batalla que entonan los impulsores y defensores del proyecto del Colegio de Historiadores. Lo que hasta ahora no han podido explicar o demostrar fehacientemente quién o quiénes amenazan el trabajo de historiador o quienes obstaculizan la investigación histórica en el país. Lo que sí ha quedado demostrado es que lo que ellos conciben como una amenaza (el ‘intrusismo’ profesional) en realidad es lo que ha enriquecido la investigación histórica en los últimos años. En ese sentido, sus promotores han confundido o quieren hacer creer a todos que la defensa de un hipotético puesto de trabajo, presente o futuro, es la defensa de la investigación histórica en el país.

6. A tenor de lo anterior, el Proyecto y sus impulsores revelan una manifiesta intención de controlar puestos de trabajo (en el campo público o privado), eliminar toda forma de meritocracia, cerrarle el paso a la contribución de otros cientistas sociales y, lo que es más penoso, negar el aporte de todo aquel que haya contribuido al conocimiento de nuestro pasado solo por carecer del título de licenciado en Historia. En pocas palabras, un Colegio de Historiadores como el que concibe este proyecto solo empobrecería y haría retroceder décadas la investigación histórica en el Perú.

7. La obcecada insistencia en privilegiar el título de licenciado en historia antes que el de doctor o magíster para ‘ejercer la profesión de historiador’ en el Perú, esclarece que lo que se pretende con la creación de este Colegio es beneficiar a un determinado sector de los historiadores peruanos en detrimento de la ciencia histórica y de los investigadores propiamente dichos. En ese sentido, el proyecto busca beneficiar a quien estudia historia y no a quien la hace.

8. Quien revise los textos de los dos proyectos de ley que crea el Colegio de Historiadores podrá comprobar la existencia del tufillo revisionista que lo impregna o anima. O sea, lo que debiera ser la creación de un ente nacional de defensa de la profesión está sirviendo y servirá como caballo de Troya para instaurar entre nosotros la existencia de un pensamiento único y oficial bajo el argumento de que “es urgente escribir el verdadero pasado de los pueblos”. Tal como sucede en Argentina con la creación del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, aquí lo que se pretende es dictar por ley lo que será el discurso historiográfico de las próximas décadas.

9. El largo camino que ha recorrido esta propuesta en el Congreso ha sido de poco más de dos años, tiempo en el cual la Comisión de Educación hubiera podido, si quisiera, recabar la opinión de las escuelas universitarias de Historia, la Academia Nacional de la Historia, el Archivo General de la Nación, además de algunos de los muchos institutos representativos que existen dedicados a la investigación histórica. Sin embargo, como se puede comprobar leyendo el texto dado a conocer, todas estas instituciones no han manifestado ni su apoyo ni su rechazo. Han obviado el asunto de un modo casi olímpico, tal vez porque de lo inviable que resulta, dedicarle tiempo a su discusión resultaría poco menos que ocioso. En todo caso, extraña sobremanera que se insista en un proyecto con carácter nacional que solo cuenta con el apoyo de quienes lo promueven.

10. Contra viento y marea, los promotores del Colegio de Historiadores del Perú han logrado que hasta en dos ocasiones se discuta en la Comisión de Educación del Congreso el proyecto de ley que lo crea, a pesar de las muchas críticas y opiniones en contrario que dicho proyecto ha recibido, precisamente, del colectivo de historiadores. Esto solo pone en evidencia que el grupo que la impulsa cuenta con el debido apoyo político que vela por sus intereses particulares y no el de todos los historiadores peruanos. Un grupo muy reducido e identificable que solo busca lucrar con la condición de historiador antes que contribuir al desarrollo de la historiografía nacional.


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