La 'Pepa' y los bicentenarios de la independencia

La pérdida de la perspectiva autonómica y federal en el seno de la Monarquía y de los derechos y principios que implicaba la Constitución de Cádiz promovió definitivamente en los territorios americanos la opción por la separación de España

Por Manuel Montobbio

Decía María Zambrano que el hombre es el único ser que no sólo padece la historia, sino también la hace. Que en ese hacer la historia ha buscado el ser humano la realización de creencias y de ideas; pero que mientras las creencias nos ligan necesariamente hacia el pasado, las ideas nos orientan hacia el futuro y lo adelantan.

Se cumplen en estos tiempos con el de la Constitución de Cádiz, los bicentenarios de las independencias, un parteaguas, un punto de inflexión de la historia de los pueblos de los entonces españoles de ambos hemisferios que la alumbraron, no sólo en el qué, sino también y especialmente en el cómo de ese hacer la historia. De las creencias a las ideas como guía y motor de ésta. De la sociedad cerrada a la sociedad abierta.

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Fin de un mundo construido en ambos hemisferios sobre la expansión por la conquista –reconquista peninsular primero, conquista del nuevo mundo descubierto después- de una creencia, la fe católica común que lo aglutinaba junto a la común condición de súbditos de un monarca cuya legitimidad dinástica provenía de la voluntad de Dios. Un mundo que se ve cuestionado a partir de 1808 con las abdicaciones de Bayona y la imposición de José Bonaparte. El cuestionamiento de la validez de éstas y por ello de la legitimidad de la nueva dinastía lleva al levantamiento, a la creación de las juntas, siempre en nombre del Rey deseado, y en definitiva en Cádiz a la afirmación de una nueva fuente de legitimidad aglutinadora de la Monarquía: la voluntad del pueblo que suscribe a través de la reunión en Cortes de sus representantes el contrato social expresado en la Constitución para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, afirmar su condición de tales, y regular el funcionamiento del Estado y sus instituciones. Se establece no sólo la división de poderes, sino también el triple nivel nacional, provincial y municipal en que se organizarían sus territorios peninsulares, americanos y asiáticos. A partir de su proclamación, se instalan las ideas, sus ideas, frente a las creencias como necesario referente en la construcción de la historia, y la pugna entre unas y otras marcará la lucha fraticida que atraviesa en las décadas siguientes el mundo hispánico, su devenir histórico.

De alguna manera tal es la cuestión decisiva, por encima de cualquier otra, a uno y otro lado de ese mundo bañado por el Atlántico, a partir de la reinstauración del absolutismo por Fernando VII en 1814. Hasta el punto de que sólo la pérdida de la perspectiva autonómica y federal en el seno de la Monarquía y de los derechos y principios que implicaba la Constitución de Cádiz promueve definitivamente la opción por la independencia entre quienes luchan contra la reinstauración del viejo orden en las guerras civiles que en América llevaron a las separaciones. Hasta el punto, carente de precedente en cualquier otra historia imperial o colonial, de que con el pronunciamiento en Cabezas de San Juan que conduce a la reinstauración de la Pepa en 1820, Riego rehúsa embarcar las tropas destinadas a luchar contra los liberales americanos y en su lugar las dirige a Madrid para forzar la implantación de esta Constitución. Sólo desaparecida de nuevo su vigencia, y con ella la de cualquier posible evolución interpretadora en sus parámetros del encaje de las aspiraciones liberales americanas, identificada definitivamente la permanencia del poder español con la del absolutismo, es cuando los liberales americanos realizan finalmente sus ideas en la historia a través de las independencias. Pues así como la presencia de 60 diputados americanos en Cádiz nos muestra que la Pepa fue un proyecto hemisférico; la de firmantes americanos en el Manifiesto de los Persas que instó a Fernando VII a la reinstauración del absolutismo en 1814 muestra que éste también lo fue. Hasta el punto, en definitiva, de que el qué determina al quiénes, la opción por el contrato social frente al poder absoluto, la creación de comunidades políticas distintas y su organización en Estados tras la realización efectiva de las independencias.

Cuestión decisiva, esencial, que no tiene sólo como corolario los procesos de construcción nacional e identitaria y de escritura o reescritura de la historia que tienen lugar en las repúblicas americanas, sino también el de la independencia de España y la necesidad de reinvención de ésta que conlleva. Pues el discurso clásico que presenta el proceso de creación de las repúblicas americanas como su independencia de España presupone que éstas y España eran previamente comunidades políticas diferenciadas y no que, como proclamaba la Constitución de Cádiz, la nación española cuya soberanía afirmaba fuese “la reunión de los españoles de ambos hemisferios”. Cuando, como ha demostrado la historiografía reciente, el sujeto político previo era una un Imperio, la Monarquía Católica, aglutinado por la común soberanía del monarca, que Cádiz intentaba transformar en Monarquía Constitucional afirmando la soberanía de los habitantes de todos sus territorios. Su ruptura implica el desmembramiento del Imperio, del que todas sus partes, incluyendo la que impulsó su creación, son herederas. Y a todas se les plantea un reto de reinvención, de construcción nacional desde la nueva comunidad política constituida. Todas, de alguna manera, si ése es el término que se quiere utilizar, se independizan.

Bien pudiera sostenerse también, frente al relato canónico, que la España que resiste al orden napoleónico, la que cuestiona la legitimidad de éste y le derrota, no es sólo la del Cádiz sitiado, sino éste y los territorios de ultramar que lo sostienen y cuyos representantes participan en sus Cortes. Y que la restauración del absolutismo por Fernando VII da lugar a una nueva guerra de legitimidades en el mundo hispánico, saldada primero en América y después en España a favor del liberalismo constitucional, al precio de la implosión y fragmentación del Imperio.

La independencia de España, implica para ésta el fin de su dependencia económica de América - que plantea la necesidad de búsqueda de un nuevo modelo económico - y de su condición de potencia de primer orden, consagrado en el Congreso de Viena. Y la necesidad de reinventarse, de concebirse de nuevo en su nueva realidad y límites, algo que no asumirá, sin embargo, hasta 1898.

La promulgación de la Pepa, los bicentenarios de la independencia de España y, sobre todo, el paso de las creencias a las ideas como motor de la historia, la afirmación del contrato social como fundamento de la ley y del sistema político, suponen un sueño y referente compartido, de pasado y de futuro, en el caminar por la historia de los pueblos que la alumbramos, para los que fue alumbrada.


Fuente: El País de España (19/3/2012)


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