Desaparecidos de la dictadura de Pinochet en un limbo jurídico

Inclusive 794 víctimas fueron convocadas para ir a votar. Familiares reclaman el establecimiento de un estatus especial

[Santiago, AFP] Los cerca de 1,000 desaparecidos que dejó la dictadura de Augusto Pinochet están en un limbo jurídico: para todos los efectos legales están vivos, tanto que fueron convocados a votar en las próximas elecciones, mientras familiares exigen el establecimiento de un estatus especial que reconozca la 'desaparición forzada' de personas.

Sin certificado de defunción, la mayoría del millar de desaparecidos que dejaron los 17 años de dictadura de Pinochet están legalmente vivos. De hecho, 794 víctimas fueron convocadas a votar en las próximas elecciones municipales de octubre, tras la entrada en vigencia de una nueva ley que estableció la inscripción automática al padrón electoral de los mayores de 18 años.

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A 20 de ellos incluso el Servicio Electoral (Servel) alcanzó a despachar cartas en las que se le notificó el lugar y la mesa en la que deberían votar.

En un comunicado, el Servel explicó que el proceso se realizó de forma automática, al "no tener este servicio la facultad de inscribir de oficio la defunción de una determinada persona", en medio de un revuelo que dejó en evidencia el limbo legal en el que a cerca de 40 años del golpe están los desaparecidos en la dictadura de Pinochet (1973-1990).

"Para efectos legales, los detenidos desaparecidos están vivos", explicó el diputado del Partido Comunista y abogado de derechos humanos, Hugo Gutiérrez.

"Esta polémica demuestra que Chile no ha enfrentado como corresponde la desaparición forzada de personas", agregó el jurista.

Esa condición tiene implicancias prácticas, como no poder dejar constancia en el censo de población –que actualmente se lleva adelante– de que el esposo o el hijo permanecen desaparecidos.

Situación

Desde el punto de vista jurídico, al permanecer como desaparecidos se ha podido configurar el delito de 'secuestro permanente', que hasta no ser encontrada la víctima mantiene vigente el delito, sorteando la ley de Amnistía que rige para los asesinatos cometidos entre 1973 y 1978, los años más cruentos de la dictadura.

Esta tipificación es posible "cuando se ha podido establecer el hecho cierto de la muerte o secuestro con homicidio tras determinar las circunstancias de la muerte", por medio de testimonios u otros registros, explicó el abogado Héctor Salazar.

En el ámbito civil existe la posibilidad de que un familiar solicite a un tribunal su 'muerte presunta' si no ha tenido noticias de él durante algún tiempo, sin que sea necesario determinar sus circunstancias.

"Esa declaración habilita para iniciar trámites legales para efectos de su sucesión. Es voluntaria y solo la pueden realizar los familiares más directos", dice Salazar.

También de forma voluntaria e individual, existe desde el año pasado la opción de acogerse a una norma que establece la 'ausencia por desaparición forzosa' que permite resolver trámites como herencias.

Se busca un estatus especial

Para la Agrupación de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la calificación 'ausencia por desaparición forzosa' es "insuficiente" y es necesario que la legislación chilena establezca un estatus especial de 'desaparición forzada' de per-sonas.

"La tarea central es que se declare oficialmente desde el Estado a chilenos y chilenas que se encuentran en los registros oficiales del país como víctimas de desaparición forzosa. Por tanto, en Chile deberían haber ciudadanos vivos, fallecidos y ciudadanos ausentes por desaparición forzosa", recalcó Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD.

Esta condición, explicó Pizarro, es diferente desde el punto de vista jurídico a la declaración de 'muerte presunta' –que se ha declarado recientemente en Chile para personas que desaparecieron tras el terremoto de 2010– o la figura de 'ausente por desaparición forzada'.

"Nos hemos negado, porque en el caso de los detenidos desaparecidos no puede estar considerado desde una visión de resolver legalmente una situación que se va a seguir manteniendo en el tiempo", mientras no se resuelvan judicialmente los casos, señaló Pizarro.

Testimonio de una madre

"Me niego a declararlos muertos, no los he visto, no los he enterrado", señala Carmen Vivanco, de 95 años, madre, esposa, hermana, tía y cuñada de cinco desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, que clama porque el Estado de Chile establezca un estatus de 'desaparición forzada', que los ubique en una condición especial de víctimas.

Cuando supo que los detenidos desaparecidos aparecían en el padrón electoral chileno, Carmen se "indignó". Para ella, sus familiares no están vivos ni muertos, sino desaparecidos forzosamente en manos de la dictadura, porque nunca ha podido encontrar sus restos ni saber cómo murieron. Pero para los registros oficiales, los cinco están vivos.

"Me niego a declararlos muertos, no los he visto, no los he enterrado", asegura algo nerviosa en la sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Santiago.


Datos

No se cuestiona si están muertos. El tema es que la forma de exterminio que se aplicó sobre ellos fue la desaparición forzosa, por lo tanto habrá que asumir como una obligación del Estado el reconocimiento a más de 1,000 chilenos y chilenas en esta condición", agregó Lorena Pizarro, de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos.

De momento, parlamentarios del Partido Socialista ingresaron con urgencia en el Congreso un proyecto de ley para sacar a los desaparecidos del registro electoral.

Un último informe oficial de agosto de 2011 elevó a más de 40,000 las víctimas de ese régimen, entre ellas 3,225 muertos o desaparecidos. El resto fueron encarcelados y torturados.

Las cifras de la tortura son particularmente difíciles de precisar, por el efecto intimidatorio que el tormento tiene sobre las víctimas. Sin embargo, los torturados documentados se calculan en miles.


Fuente: El Peruano (25/05/2012)


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