Presidenta de Brasil instala comisión que investigará crímenes de la dictadura

Brasilia, may. 16 (ANDINA). La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, instaló hoy la Comisión Nacional de la Verdad que se encargará de investigar los abusos cometidos por la dictadura militar en Brasil de 1964 a 1985.

La Presidenta, quien es una de las miles de personas que fueron arrestadas y torturadas por la dictadura militar, aseguró que al darle posesión a los siete integrantes de ese grupo "no nos mueve el revanchismo, o el odio, o el deseo de reescribir la historia de una forma diferente a como aconteció".

"Brasil merece la verdad, las nuevas generaciones merecen la verdad y, sobre todo, merecen la verdad quienes perdieron amigos y parientes y que continúan sufriendo como si ellos muriesen de nuevo y siempre cada día", aseveró.

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Rousseff dió posesión al exministro de Justicia José Carlos Dias, el magistrado del Superior Tribunal de Justicia Gilson Dipp, la abogada Rosa María Cardoso, el ex procurador general Claudio Fonteles, el diplomático Paulo Sergio Pinheiro, la psicoanalista María Rita Kehl y el jurista José Cavalcante Filho.

A la ceremonia, efectuada en el Palacio de Planalto, asistieron todos los expresidentes brasileños vivos posteriores al régimen militar: José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva.

Sobre los miembros de la Comisión, la mandataria aseveró que su selección no estuvo motivada por criterios personales o por evaluaciones subjetivas. "Escogí un grupo plural de ciudadanos de reconocida competencia, sensatos y ponderados".

Ellos, agregó, son capaces de entender la dimensión del trabajo que van a ejecutar con toda libertad, sin cualquier interferencia del gobierno, mas con todo el apoyo en lo que necesiten.

Los siete integrantes de la Comisión de la Verdad tendrán dos años para elaborar su informe a partir de declaraciones y la recopilación y análisis de documentos sobre esos crímenes en el período mencionado, que incluye la dictadura militar.

Pese a no tener un fin punitivo, en el texto estarán registrados los nombres de los criminales y sus actos.

La imposibilidad de enjuiciar a los criminales está dada por la vigencia de la Ley de Amnistía, aprobada en 1979, todavía bajo el régimen militar, la cual impide el procesamiento judicial de los autores de torturas, asesinatos, desapariciones y otros delitos cometidos en esos 21 años.


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