Argollas colegiadas

Los proyectos para crear colegios profesionales de politólogos, periodistas e historiadores solo beneficiarán a quienes los promueven

Siempre sorprende lo frondoso que es el árbol de las malas ideas. Aunque también es verdad que muchísimas veces lo ayuda el abono del aprovechamiento, de la viveza y de la búsqueda de privilegios.

Este último, ciertamente, es el caso de los sendos proyectos de ley que figuran en el Congreso para la creación de colegios profesionales de periodistas, de politólogos y de historiadores.

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No se trata, como se podría pensar, de hacer asociaciones libres en las que profesionales del mismo ramo se reúnan a enriquecer sus conocimientos, cotejar sus experiencias y someterse a sistemas específicos de control de ética y calidad, con el fin de ofrecer en el mercado algo adicional a sus títulos y fama. Esa sería otra historia, para la que no se necesitaría una ley. Pero de eso no tratan nuestros colegios profesionales. De lo que se trata es de hacer lo que hacían las caravanas del Viejo Oeste cuando acampaban: estacionar sus diligencias en círculos cerrados que los ataques indios no pudiesen penetrar. Solo que en el caso de estos colegios el enemigo no son los apaches sino la competencia. Por eso todos los proyectos de ley que los crean prohíben a quienes no estén afiliados a ellos ejercer la profesión respectiva; es decir, ser contratados para hacer análisis político, para enseñar, investigar o escribir historia, o para ejercer de periodista.

Estamos ante una institución que beneficia únicamente a quienes la promueven. Ciertamente, no es en beneficio del consumidor que se le impide contratar a quien desee, pertenezca a un gremio o no. Tampoco en el de la sociedad. De hecho, muchos de los más destacados exponentes que han tenido las tres profesiones de las que hablamos han sido, además de no agremiados, no titulados en aquello a lo que se dedicaron. Ni Kapuscinski ni Federico More se graduaron de periodistas, ni Toynbee ni Basadre de historiadores. Y sobre ciencia política, baste con decir que hasta hace muy pocos años todos los que se dedicaban a ella en el Perú lo hacían sin título profesional (la primera facultad de ciencias política abrió recién en 1988).

Lo que importa en la vida profesional, desde luego, es la calidad del trabajo que uno produce, y a este no lo garantizan los carnets (ni tampoco, por cierto, los mismos títulos académicos, pese a los insumos de indudable valor que pueden aportar). Del trabajo de uno únicamente habla con autoridad el trabajo de uno. Y esto es algo que todos los intentos de asociaciones únicas de profesionales para eliminar competencia externas, autocertificarse y generar alrededor de sí mismos una sensación de importancia intrínseca nunca podrán cambiar. Lo que sí pueden cambiar, sin embargo, son las oportunidades que existen para trabajar en lo que uno escoja y para contratar a quien uno prefiera, y por eso –porque limitan la libertad de todos para crear ventajas legales para algunos– es que deben ser combatidos.

En lo que toca, por lo demás, a las otras supuestas funciones de este tipo de colegios profesionales, el asunto tampoco es mejor. Las argollas, por muy grandes que sean, nunca son buenas como guardianas de la ética. Por otra parte, intentar ser algo así como la voz oficial de los politólogos, los historiadores o los periodistas sobre los temas de interés público, es más que pretencioso; es ridículo. Y es que al menos mientras haya buenos politólogos, historiadores y periodistas, no habrá en ellos una sino infinidad de posturas y matices sobre estos temas.

Para lo único, en otras palabras, que sirven los colegios profesionales obligatorios y monopólicos es, además del gusto de lucir medallitas y usar sellos, para asegurar una fuente de rentas y de poder a quienes los fundan y a quienes luego suceden a estos. Y no es esta una buena razón para obligar a todos los demás graduados de una determinada profesión a pagar para ejercerla, ni para negarles a quienes no lo son su derecho a la autodidaxia y el talento (y al público en general, su libertad de contratar a quien le venga en gana).

Nos oponemos, en fin, a estos gremios mandatorios y excluyentes por la misma razón por la que nos oponemos a todas las barreras artificiales que tantas veces crean las leyes: porque usan el poder general para dar privilegios a algunos a costa de todos los demás


Editorial del diario El Comercio del día 30 de junio de 2012.


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