La Independencia y el Derecho peruano

Por Carlos Ramos Núñez

No obstante su debatida juridicidad (1), la declaración de la Independencia por el Cabildo de Lima, el 21 de julio de 1821, constituyó, al decir de Fernando Gamio, el primer acto de soberanía nacional (2). Si el triunfo militar de los patriotas legitimó al gobierno faccioso, la derrota lo habría puesto fuera de la legalidad. Merced a la victoria se conformó un Estado políticamente libre, dotado de jus imperium, capaz de dictar normas y garantizar su aplicación a través de su propia fuerza coercitiva. Desde esa perspectiva, puede decirse entonces que el surgimiento del Derecho peruano se emparenta con la gestión del nuevo Estado. El exitoso proceso emancipador habría de dar lugar a una nueva institucionalidad.

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El acontecimiento de ruptura que supuso la independencia fue, sin embargo, como lúcidamente subraya Octavio Paz, un falso comienzo: nos liberó de Madrid, no de nuestro pasado (3). No constituyó deus ex machina un corte súbito de creencias y de valores sociales ni el cambio de sistema jurídico se verificó de golpe tras la batalla de Ayacucho. Por el contrario, según explica René Ortiz, se produjo en un lapso más o menos prolongado manifestándose mediante un conjunto de transformaciones (4) que, a nuestro juicio, no concluyen sino en la década de 1860, cuando se terminaban de dictar los Códigos Penal y de Enjuiciamiento Penales. Así como no se abandonaron los modos de producción y las ideas prevalecientes, tampoco se acabó con el Derecho colonial en forma instantánea y apenas concluida la guerra independentista. Se juzgó innecesario implementar las reformas legislativas que pusieran término al andamiaje jurídico español.

Muy avanzada la República, la legislación, la enseñanza forense y la práctica jurídica y contractual del virreinato continuaban rigiendo. De haber ocurrido una cancelación total del pasado se habría dado un ordenamiento novedoso y moderno que abarcará una vasta gama de relaciones interpersonales. Empero, quienes asumieron las riendas del país se enfrentaban a la perentoria tarea de diseñar la estructura más apropiada para el flamante Estado. Su preocupación central consistía en elegir un régimen de gobierno, mas no propugnaban nuevas formas de organización social.

Las innovaciones, como se ha dicho, se realizaron con el Estado y no sobre la Nación (5). Los próceres pretendían alterar la superestructura estatal, pero dejando indemne la base socioeconómica. Para ellos, el Derecho se encargaría de trazar un Estado antes que un mercado, con el que se habría sentado las bases de un nuevo ordenamiento positivo. Eso explica la prioridad que otorgaban a los textos constitucionales, proponiendo la dación de códigos básicos. Hacia 1860, cuando no se había terminado de dictar todos los códigos, a contrapelo ya teníamos siete constituciones y un estatuto de similar rango. Mientras los congresos se dedicaban a escribir constituciones que los caudillos militares tiraban por la borda, las leyes españolas, exceptuando al Derecho Indiano, responsables del control de la vida cotidiana, seguían vigentes más allá de la primera mitad del siglo XIX, durante todo ese período llamado Derecho intermedio (6).

En esta etapa, cuanto mucho se produjeron tibios ajustes normativos sobre la sociedad civil: la igualdad de los peruanos ante la ley; la desaparición de los títulos nobiliarios; la desvinculación de la propiedad inmueble, suprimiendo las vinculaciones laicales y los mayorazgos o reduciendo el canon de los censos; la parcelación de las tierras comunales; la venta de los terrenos públicos; la paulatina secularización del Derecho, y los titubeos y argucias para abolir o, mejor dicho, evitar la extinción de la esclavitud (7). Fuera de estos retoques, la sociedad civil no había experimentado cambios sustanciales. No se operó un vacío jurídico y hubo una esencial continuidad del pasado: viejas leyes, ordenanzas y costumbres sobrevivieron para preservar añejas estructuras (8). Ningún segmento social, como se expresó, se propuso establecer las condiciones legales mínimas para facilitar las convenciones privadas y la fácil transferencia de los bienes y servicios. Mientras fuera posible, se pretendía más bien sustraerlos del libre juego de la oferta y la demanda.

Conforme se sucedían los gobiernos de turno se dictaban precipitadamente y en cascada cuerpos constitucionales. De orientación liberal fueron las Constituciones de 1823, de 1828, de 1834, de 1856 y de 1867. La Constitución vitalicia de Bolívar, promulgada en 1826, inicia la serie conservadora. Le siguen la Constitución de Huancayo, de 1839, y la Constitución “moderada” de 1860. Pese a que las constituciones liberales son más numerosas, su vigencia resultó más efímera, en tanto que las constituciones conservadoras, exceptuando a la Constitución vitalicia de Bolívar que duró solo un mes, a despecho de su escasez rigieron durante mayor tiempo. Quizá porque se avenían mejor con la realidad nacional, sin pecar en utopismos extremos. Pero incluso los textos más avanzados se hallaban anegados de posturas tradicionales.

Frente a esa “exuberancia de Constituciones” de que hablaba Basadre (9) hallamos un increíble desgano en materia de codificaciones. Durante los primeros años de vida independiente no se promulgó ningún código, no obstante que la Constitución de 1823 prometía la dación de los códigos civil, criminal, militar y de comercio (10), y que la Constitución vitalicia de Bolívar incluía una disposición en cuya virtud se concedía al Senado la atribución de formar los códigos civil, criminal, de procedimientos y de comercio (11).

Gobernantes y legisladores no asumieron como un ideal legislativo inmediato la dación de códigos básicos. Dotar de códigos al Perú hubiera implicado un paso demasiado atrevido. Empero, un accidente militar: la invasión de tropas bolivianas capitaneadas por el general Andrés de Santa Cruz y el establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana, abría un paréntesis dentro del marco codificador de la época. Santa Cruz, devoto admirador de Napoleón, quiso, como lo declara en el prólogo de su Código Civil, arrancar el Derecho patrio de la imperfección, del desorden y de la confusión en que se hallaba, imponiendo expansivamente para el Perú los códigos que había dado previamente en Bolivia. Los códigos Penal y de Procedimientos se expidieron por decreto de 28 de octubre de 1836 y el Código Civil por decreto de 1 de noviembre del mismo año, nombrándose una comisión para preparar el Código de Comercio (12). La existencia de estos códigos fue breve, pues Orbegoso por decretos de 31 de julio y de 3 de agosto de 1838, los declaró insubsistentes, restableciendo la legislación española.

El Perú habría de aguardar quince años más para contar con cuerpos civiles, penales y de procedimientos. Contra los llamados Códigos “bolivianos” (13) se desató la odiosidad de magistrados y abogados, dado que consideraban su concesión forzosa como ultraje a la dignidad nacional.

En la década del cincuenta, cuando se dictó el Código civil, el país atravesaba una época de bonanza económica; el Estado amortizaba capitales e intereses adeudados; la vida cotidiana experimentaba cambios inusuales a imitación de Europa: las comidas, el mobiliario, la música, las diversiones y el vestido fueron copiados de la usanza francesa y por primera vez se produjo una transmisión pacífica y electoral del poder político. Dentro de ese contexto, resulta clara la necesidad de un Derecho conservadoramente moderno que ofrezca un terreno imparcial para la armonización de los intereses discrepantes, en particular para la solución de las contradicciones en el interior de la clase dominante. Solo cuando cierto equilibrio en el seno de esta clase ha sido encontrado, tras el reajuste de posiciones entre los diversos grupos que la conforman, se cristalizaban los códigos. Este reacomodo fue un proceso lento y explica también la tardanza en la elaboración de aquéllos.

Por esa época se promulgaron tres Constituciones y la de 1860 tuvo una vigencia de sesenta años, lo que evidencia un clima de estabilidad institucional. Se percibe el interés del Estado en afirmar las bases constitucionales y administrativas de la nación. En 1857 se dio una ley sobre organización interior de la República que delimitaba las funciones de prefectos y gobernadores; se dictó la ley de gobiernos municipales; se reformuló el Poder Judicial los años 1855 y 1866, a través del reglamento de juzgados y tribunales y del sistema de ratificaciones de magistrados y auxiliares. La administración pública deviene irracional y dinámica, a tono con los tiempos. Hasta la caligrafía se hizo más sencilla. La admonición “En el nombre de Dios todopoderoso principio y fin de todas las cosas. Amén” que encabeza cualquier documento oficial y privado fue dejado de lado. La enseñanza forense también recibió el impacto de las corrientes modernizadoras.

Toda esta aparente revolución jurídica en marcha sugiere la implantación de un sistema jurídico formal, para el desarrollo de una sociedad de mercado. Sin embargo, el Perú no adoptó repentinamente un modelo capitalista ni abandonó las estructuras tradicionales. Todos estos esfuerzos liberales o modernos en los diversos terrenos del Derecho deben entenderse dentro del contexto tradicional en el que se manifestaban.


Abogados

El Colegio de Abogados de Lima modifica los estatutos que lo habían regido desde 1804, los mismos que constituían rémoras del pasado colonial y que denotaban, por la advocación al “Purísimo Corazón de María Santísima Nuestra Señora, de Santa Rosa de Santa María Patrona de Lima, y del esclarecido Mártir de San Juan Nepomuceno” y la exclusión de la matrícula a postulantes de “mala raza de moros, judíos, penitenciarios, bastardos, espuríos y adulterinos”, ausencia de autonomía científica del Derecho de una profunda conexión de lo legal con lo religioso y lo social.


Magistratura

Los cambios de esta etapa se advierten igualmente en la mentalidad de los magistrados, que hacían no mucho fueron antiguos oidores, y en el ejercicio profesional de la abogacía. Hasta 1850, más o menos, el misticismo de los jueces era casi frenético. De ellos y de muchos abogados pensaba González Prada: “Todos nuestros doctores pertenecen a la Unión Católica, a la adoración perpétua, i a la archicofradía de nuestra Señora del Rosario i los poquísimos que aciertan a emanciparse del yugo religioso disimulan su emancipación como una enfermedad venérea; dejan al clérigo hacer con tal de que el clérigo les deje vivir y medrar.” (14)


Producción doctrinaria

La producción doctrinaria en esta etapa atraviesa una efervescencia impresionante. La necesidad de describir, explicar, sistematizar, criticar y aportar soluciones dentro del mundo jurídico (15) se revela más imperiosa, en especial a partir de la promulgación del Código Civil (16). En este período surge también una doctrina jurídica propiamente peruana. Hasta entonces los libros de consulta legal como el Febrero o librería de jueces, abogados y escribanos de García Goyena (17) o los Elementos del Derecho patrio, o el Diccionario razonado de legislación, o también, el Manual de abogado americano, de Joaquín Escriche (18), y el otro Manual de Juan Eugenio de Ochoa, pertenecían a autores extranjeros, no obstante que los de algunos como Heinecio, Escriche y Ochoa se publican en el Perú: los Elementos del Derecho Natural y de Gentes de Heinecio en Huamanga y en el Cusco, y el Manual del abogado americano de Ochoa en Arequipa (19).


NOTAS.-

[1] Ortiz Caballero, René. Derecho y ruptura: a propósito del proceso emancipador del ochocientos. Fondo Editorial PUCP, Lima, 1989, p. 46.

[2] Gamio Palacio, Fernando. El proceso de la emancipación nacional y los actos de la declaración, proclamación y jura de la independencia del Perú. Gráfica Industrial, Lima, 1971, p. 49

[3] Paz, Octavio. El ogro filantrópico, Joaquín Mortíz S.A., 3° Edición, México, 1979, p. 60.

[4] Ortíz, ab. Cit., p. 18

[5] Basadre, Jorge. Perú: problema y posibilidad, 3° edición facsimilar. Banco Internacional del Perú. Lima, p. 103.

[6] Basadre, Jorge. Historia del Derecho peruano. EDIGRAF S. A., 2° edición, Lima (¿). Pp. 358-359

[7] Ibid.

[8] Basadre, Jorge. Los fundamentos de la historia del Derecho. EDIGRAF S.A., 2° edición (¿), p. 389.

[9] Basadre, Perú: problema y posibilidad, ob. Cit., p. 22

[10] Constitución Política del Perú de 1823, ob. Cit.

[11] Constitución para la República peruana. Imprenta de La Libertad, por José María Masías, Lima, 1826. Art. 47, Inciso 1°.

[12] Código Civil Santa Cruz del Estado Nor-Peruano. Edición oficial. Imprenta de José Masías, Lima. 1836, p. IV.

[13] Nuñez, Estuardo. “Semblanza de José Palacios. Abogado, jurista y hombre de letras”. Discurso por el día
del Abogado. En Revista del Foro, CAL, enero-diciembre de 1972. Nos. 1, 2 y 3, año LXX, p. 27.

[14] González Prada, Manuel. “Instrucción católica”, en Páginas Libres. Thesis S.A., Lima, 1966, p. 88.

[15] Rubio Correa, Marcial. El sistema jurídico. Introducción al Derecho. Fondo Editorial PUC, Lima 1984, p. 209.

[16] Consultar CLAGETT, Helen Lord, Law and Legal Literature of Peru; a revised guide. Washington L.C., 1976.

[17] García Goyena, Florencio y Aguirre, Joaquín, Febrero o Librería de jueces, abogados y escribanos. Imprenta y Librería de D. Ignacio Boix Editor, Madrid 1844.

[18] Escriche, Joaquín, Elementos del Derecho patrio, Imprenta del Colegio Nacional de Sordomudos, Madrid, 1838; Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense, Imprenta de P. DuPont, Paris, 1831.

[19] Circuló también otro Manual del abogado americano, impreso en París, en 1827, corregido y mejorado por una sociedad de amigos, que apareció en Arequipa en 1830, gracias a la Imprenta del Gobierno administrada por Pedro Benavides, cuyo autor se ocultaba bajo las iniciales D.J.E, de O. Según el historiador José Toribio Medina, en su afamado Diccionario de anónimos y seudónimos hispanoamericanos (t. II. Imprenta de la Universidad, Buenos Aires, 1925, p. 53), las iniciales corresponderían a Don Juan Eugenio de Ochoa. Sin embargo, pese a la búsqueda que emprendimos en enciclopedias, colecciones y diccionarios bibliográficos, no hemos podido encontrar mayor información sobre dicho jurista. Podría tratarse, como sugiere Fernando de Trazegnies, de una obra nacional muy temprana sobre el Derecho civil. Bastaría que el autor fuera americano para considerarla entre los primeros esfuerzos de doctrina jurídica en nuestro continente. Valdría la pena despejar esta interrogante. (La idea del Derecho… ob. Cit., p. 107).


* Publicado en el suplemento Jurídica, del diario El Peruano, N° 417, el 24 de julio de 2012.



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