Desalojan a invasores de zona arqueológica de Wimpillay en Cusco

Cusco, set. 28 (ANDINA). En una acción conjunta, el Poder Judicial, la Policía Nacional y el Ministerio Público de Cusco desalojaron hoy a grupos de invasores que ocupaban unas 4.5 hectáreas de terreno de la zona arqueológica de Wimpillay.

La medida fue dispuesta por la jueza María del Carmen Villagarcía, con apoyo de más de 1,000 agentes policiales y cinco fiscales.

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Los invasores, que habían levantado viviendas de material noble y de adobe en el lugar, atacaron a los efectivos con disparos de bala, bombas molotov y se atrincheraron con balones gas que amenazaban con detonar.

Además, para evitar el desalojo, los facinerosos pusieron como escudo a menores de edad, entre recién nacidos, niños y adolescentes.

El comandante Juvenal Zereceda, comisario del distrito de Santiago, informó que se aplicó una adecuada estrategia de inteligencia para superar esa situación y lograr la recuperación de los terrenos ocupados ilegalmente.

Según indicó, el desalojo dejó alrededor de 30 personas detenidas, entre hombres y mujeres, se rescató a siete menores que fueron puestos como escudo y hubo tres policías heridos.

Estimó que en esa parte de Wimpillay se había construido unas 90 viviendas. En ellas vivían más de 300 personas.

David Ugarte Vega-Centeno, director regional de Cultura de Cusco, destacó la labor policial y de la justicia, y adelantó que, tras una evaluación de los daños dejados por los invasores, se trabajará en la restauración y la puesta en valor del lugar.

Recordó que Wimpillay es un sitio arqueológico preincaico, construido 1,000 años antes de Cristo y servía como almacén para abastecer a los habitantes de entonces.

El proceso judicial contra los invasores se abrió en 2007, tras las denuncias formuladas por el entonces Instituto Nacional de Cultura y el ciudadano Pascual Ardiles Villafuerte, quien tiene terrenos en la zona.

Uno de los acusados, Dámaso Tapia Saavedra, fue sentenciado en abril de 2009 con una pena privativa de la libertad suspendida por tres años y el pago de 5,000 nuevos soles por los delitos contra el patrimonio y usurpación agravada.

A otro implicado, identificado como Carlos Bravo Loayza, se le condenó en mayo de 2009 a cuatro años de prisión suspendida y una reparación de 2,000 nuevos soles por los mismos delitos.

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