La protesta de la universidad pública

Por Manuel Burga | Historiador y docente universitario

Las autoridades de las universidades públicas, paralelamente a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), se han pronunciado con amplitud, en las últimas semanas, contra la ley 29914, que en su artículo 7 autoriza: "La utilización de recursos directamente recaudados para el pago de remuneraciones por ascenso de categoría a los docentes universitarios". No usan los términos precisos en esta norma, como si no conocieran el mundo universitario, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sí se ha pronunciado de manera tajante de nuevo. ¿Por qué esta disposición ha producido tanta indignación?

La razón es muy sencilla: la universidad pública, en las últimas tres décadas, ha experimentado una progresiva reducción de su presupuesto público y por eso sus autoridades, de manera casi ineludible, se esmeran en recaudar más recursos propios a través de sus mal llamados centros de producción, como admisión, los centros preuniversitarios, programas de titulación, posgrado, o cualquier otro semejante.

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Algunas universidades, como San Marcos, UNI, UNALM o UNPRG, con estos recursos, financian buena parte de sus presupuestos anuales.

El personal contratado, docente o administrativo, en un 50% aproximadamente, es financiado por este tipo de recursos. El personal nombrado, igualmente docente y administrativo, es financiado por el Tesoro Público, pero la novedad en los últimos años es que el MEF no aporta nada para promociones y por eso ahora, con un cierto sarcasmo, autoriza que tomen sus recursos propios para financiar la promoción de sus docentes.

La carrera docente universitaria tiene tres categorías, auxiliar, asociado y principal, con niveles salariales muy diferenciados por la homologación ahora vigente.

La vida de un docente universitario se resume administrativamente a transitar –meritocráticamente– por estas tres categorías. Podríamos decir que los grandes perjudicados con esta homologación han sido las dos primeras categorías, las que paradójicamente construyen la pirámide docente universitaria y le dan una proyección estratégica a estas instituciones.

Pero los incrementos por promoción, desde hace unos años, están congelados y muchos profesores promovidos, en estas categorías, están a la espera que sus promociones se vuelvan realidad. Cualquier estrategia ha sido violentada.

Por otro lado, las universidades públicas han perdido clamorosamente calidad, pertinencia y racionalidad en las últimas décadas. No existe gerencia pública, ni accountability (responsabilidad y rendición de cuentas), ni reconocimiento meritocrático de la carrera docente, más bien se han multiplicado los clientelismos y los operadores políticos que medran en los cargos.

Sin embargo, los sectores populares las buscan y los más talentosos ingresan en estas instituciones.

¿Las universidades privadas lo solucionan todo? Quizá para las clases medias, aunque sabemos que las empresariales con fines de lucro que tienen imponentes infraestructuras y costosas oficinas de marketing, no se interesan en la calidad, la investigación y la constitución de comunidades docentes.

A muy pocas de ellas les interesa el país y el proyecto nacional. El abandono de la educación pública significa con toda seguridad la frustración de esa masiva juventud que busca en estas instituciones una solución a sus proyectos personales y a sus expectativas inmediatas.

Entonces, ¿La educación superior como un vehículo de movilización social está cancelada? No lo creo, hay cosas nuevas en el horizonte: ¿De dónde provienen los nuevos vientos, las iniciativas, las reflexiones originales, las nuevas ideas respecto a este gran tema? No del gobierno, ni del Congreso, sin lugar a dudas, más bien de las universidades mismas, de sus docentes y estudiantes.

Así lo demuestra la revista Mural de Letras (Estudios Generales Letras de la PUCP), en la que docentes y alumnos tratan de responder a la pregunta ¿Qué universidad necesita el Perú del siglo XXI? Las respuestas son sorprendentes, algunos hasta reclaman una educación pública de calidad como motor de la educación superior nacional.

Igualmente circula el primer número de la revista La Toma, de denuncia, donde jóvenes universitarios, aparentemente de públicas y privadas, critican la corrupción en estas instituciones, se indignan y piden el regreso a los valores tradicionales: buena enseñanza, buenos profesores.

Pero, ¿quién los escucha? ¿Cómo se pueden convertir estas propuestas en reforma universitaria? Es mejor que el Gobierno tome nota y también el Congreso, que pronto estos reclamos pueden convertirse en preocupantes movilizaciones en todo el país.


Fuente: El Peruano (27/9/2012)

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