Contraloría pide abrir proceso administrativo a 29 personas por poner en riesgo Machu Picchu

Lima, dic. 03 (ANDINA). La Contraloría General de la República solicitó abrir proceso administrativo a 29 exfuncionarios públicos, al considerar que incumplieron su labor de garantizar la preservación del santuario histórico de Machu Picchu y lo pusieron en riesgo de ingresar a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, se informó hoy.

La medida responde a los resultados de cuatro auditorías que determinaron la urgencia de poner en práctica 93 recomendaciones a ser implementadas por los ministerios de Cultura y del Medio Ambiente, y los municipios del distrito de Machu Picchu y de la provincia de Urubamba, con lo cual se podría revertir la actual situación del santuario.

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La entidad investigadora determinó que existe una débil gestión de las instituciones y autoridades responsables de garantizar la conservación y la preservación del mencionado santuario cusqueño.

Uno de los principales problemas, advirtió en un comunicado de prensa, radica en el deficiente control de ingreso de visitantes a la ciudadela incaica y la emisión de autorizaciones “especiales” al circuito.

Actualmente, añadió, existe una sobrecarga de afluencia que afecta las estructuras que ocasiona un incremento en la generación de residuos sólidos y altera la flora y la fauna que forman parte del atractivo de la ciudadela.

Cada día sólo deben ingresar 2,500 personas y en situaciones excepcionales hasta 2,750; sin embargo, según los reportes estadísticos del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) del Ministerio de Ambiente, durante la temporada alta se ha recibido hasta 32 por ciento más del límite permitido.

Los auditores observaron que la Dirección Regional de Cultura (DRC) de Cusco, que depende del Ministerio de Cultura, emitió 300 y 400 tickets adicionales en diferentes ocasiones, así como exoneraciones para un número indeterminado de visitantes sin ser registrados.

No hay controles fiables para contabilizar el número diario de visitantes y existe el riesgo de que un mismo boleto sea utilizado por diferentes personas porque pueden salir y reingresar sólo mostrando el ticket, indicó la Contraloría.

Asimismo, determinó que ni el Sernanp ni la DRC Cusco concretaron el saneamiento físico-legal del santuario histórico pese a ser uno de los problemas más antiguos. Tampoco cuentan con una estrategia para solucionarlo.

Los auditores verificaron, además, que existen poblaciones asentadas sobre los monumentos arqueológicos de Torontoy, incluso con instalaciones eléctricas en su interior, y que la municipalidad distrital de Machu Picchu adjudicó lotes a los pobladores en zonas intangibles y el Sernanp no ha adoptado las acciones legales para que se anulen estos títulos.

A esto se suma que varias familias han entablado procesos judiciales al Estado reclamando la propiedad de áreas importantes del santuario.

La ausencia del saneamiento físico-legal propició que se continúen construyendo viviendas y negocios en la zona intangible y exista un crecimiento urbanístico desordenado, enfatizó la Contraloría.

Por otro lado, informó que diariamente se generan 7.5 toneladas de residuos sólidos que se acumulan en diversos puntos a lo largo de la vía férrea que lleva al santuario, las cuales son focos de contaminación y generan un impacto visual negativo.

La basura generada en la ciudadela y en el Camino Inca se traslada a centros de acopio donde permanecen varios días antes de ser trasladados al botadero de Jahuaccollay, en Maras, que administra el concejo provincial de Urubamba y que no reúne los requisitos de un relleno sanitario que exige la normativa vigente.

Actualmente, existen tres proyectos para mejorar la gestión integral de residuos sólidos de Machu Picchu, pero sólo uno de ellos considera la disposición final de los desechos.

También se comprobó que el recurso hídrico del santuario podría verse afectado seriamente porque el distrito de Machu Picchu y la provincia de Urubamba descargan sus aguas residuales de manera incontrolada y sin tratamiento previo a los cauces del río Vilcanota. Ninguna de estas municipalidades cuenta con un sistema para el tratamiento de estas aguas sucias.

Según la Contraloría, el valor natural del santuario también se encuentra en riesgo, debido a que Sernanp incumplió con el plan maestro que tiene como uno de sus principales objetivos garantizar la diversidad biológica de esta área natural protegida.

Durante la auditoría se comprobó que la labor de seguimiento y supervisión del Sernanp fue débil. Además, no implementó una serie de recomendaciones formuladas por el órgano de control siete años atrás.


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