Walter Alva: Museo Tumbas Reales de Sipán consolida su liderazgo cultural

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Walter Alva, director del museo Tumbas Reales de Sipán. Foto: ANDINA/Carlos LezamaLambayeque, feb. 29 (ANDINA). El museo Tumbas Reales de Sipán ha consolidado su liderazgo cultural al ser elegido sede de la suscripción de la declaración conjunta y otros documentos emanados de la V Reunión del Gabinete Ministerial Binacional Perú-Ecuador, en la ciudad norteña de Chiclayo, destacó hoy su director, Walter Alva.

El arqueólogo y descubridor del Señor de Sipán (en 1987) indicó que también permite fortalecer la posición del museo como uno de los más importantes atractivos culturales en el norte del territorio peruano.

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"Este trascendental evento de integración de los hermanos países de Perú y Ecuador, con la participación de sus presidentes, coloca en los ojos del mundo a este recinto cultural", manifestó a la Agencia Andina.

Los mandatarios de Perú y Ecuador, Ollanta Humala y Rafael Correa, respectivamente, suscriben esta tarde la declaración conjunta y otros documentos producto del encuentro binacional en la explanada del recinto.

Posteriormente, los jefes de Estado y sus delegaciones oficiales recorrerán el recinto cultural, cuya construcción fue inspirada en una pirámide trunca de la cultura Mochica, que se extendió por la costa desde Tumbes hasta la provincia de El Santa, en la región norandina de Áncash.


Los mochicas eligieron el departamento de Lambayeque para construir uno de sus más importantes santuarios religiosos y centros de poder, con el fin de sepultar a sus gobernantes, acompañados por símbolos y emblemas de su investidura.

El museo Tumbas Reales de Sipán fue inaugurado el 8 de noviembre de 2002 y alberga objetos de oro, plata y cobre, provenientes de la tumba del Señor de Sipán, que ha sido comparado con el faraón Tutankamón y cuyo descubrimiento es considerado uno de los más grandes del siglo XX.

El hallazgo, en 1987, y el de las demás tumbas descubiertas progresivamente en la plataforma funeraria del santuario de Sipán causaron gran impacto en el mundo académico, en la identidad cultural de los peruanos y, además, permitieron que Lambayeque sea hoy un reconocido destino turístico arqueológico.

El museo también reúne material arqueológico debidamente catalogado que integra la colección inicial y básica, procedente de los trabajos de investigación en Huaca Rajada-Sipán, entre 1987 y 2000. En total posee 5,041 objetos.

Por otro lado, Alva destacó el creciente interés de los turistas ecuatorianos por conocer y admirar la riqueza histórico-cultural que concentra el museo Tumbas Reales de Sipán, ubicado en la ciudad de Lambayeque, a 580 kilómetros al norte de Lima.

“Siempre tenemos aquí (en el museo) un flujo importante y significativo de turistas ecuatorianos”, aseguró.


Presentan libro que revela historia desconocida del cautiverio del hijo de Túpac Amaru

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Lima, feb. 29 (ANDINA). Un libro que revela la historia desconocida del hijo de Túpac Amaru II, que sufrió un largo y penoso calvario tras la ejecución de su padre por encabezar una rebelión contra el colonialismo español en el siglo XVIII, será presentado este viernes 2 de marzo en el Congreso, a las 18:00 horas, por la legisladora Verónika Mendoza, en la Sala Grau del Parlamento.

“Este cautiverio y agonía sin fin. Fernando Túpac Amaru Bastidas”, es el titular del libro escrito por José Luis Ayala Olazabal, quien tiene más de 50 obras publicadas, entre ellas "Celebración del Universo" (1976), "El Cholo Vallejo" (1994), "Sinfonía al Señor de Sipán" (1994), "Wancho Lima" (2005), "Morir en Ilave" (2005), entre otras.

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El libro revela las cartas inéditas escritas por el hijo menor de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas, que fueron redactadas para el Rey de España; y a través de las cuales se pudo reconstruir los años de cautiverio de la que fue víctima desde los 11 años.

Este texto devela la crueldad a la que fue sometido de niño, al ser obligado a los 10 años a presenciar cómo su padre José Gabriel Túpac Amaru II era atado en sus extremidades a cuatro caballos, para desmembrarlo y luego ser degollado, en 1781.

También fue testigo de la muerte de su madre, Micaela Bastidas, en el garrote, y del ahorcamiento de su hermano Hipólito. Fernando fue condenado luego a un destierro a África, junto a varios de sus familiares; aunque finalmente fue confinado en una lúgubre prisión en Cádiz, en España.

Murió en agosto de 1799, a los 31 años, 19 años después de la rebelión de su padre y una década después de la Revolución Francesa.

Según el autor del libro, el hijo menor de Túpac Amaru II tuvo conocimiento que su tío Juan Bautista Túpac Amaru también estaba preso en España, de donde logró salir y llegar a Buenos Aires para convertirse en uno de los referentes del proceso de independencia de las “Provincias Unidas del Sur”.

“Se trata de un libro dedicado a las nuevas generaciones, para que los niños y jóvenes del Perú y América, sepan lo que ha costado la Libertad y la Independencia”, destacó el filósofo peruano y funcionario de Unesco, Edgar Montiel, en el prólogo de la obra.


Protegerán huacas lambayecanas El Oro y Las Ventanas con apoyo gubernamental

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El ministro de Cultura, Luis Peirano, comprobó peligro que corren las huacas El Oro y Las Ventanas, en Lambayeque, por crecida del río La Leche. Foto: ANDINA/Unidad Ejecutora Nº 005Chiclayo, feb. 29 (ANDINA). Las huacas El Oro y Las Ventanas, que forman parte del santuario histórico Bosque de Pómac, contarán con apoyo gubernamental para enfrentar la amenaza de desborde del río La Leche, informó hoy la Unidad Ejecutora Nº 005: Naylamp-Lambayeque.

En un comunicado de prensa indicó que el ministro de Cultura, Luis Peirano, comprobó "in situ" el miércoles que las aguas del río constituyen un riesgo para las referidas huacas.

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El ministro, según la unidad ejecutora, observó las grietas en las defensas ribereñas, las cuales tienden a desmoronarse ante el incremento del caudal, y expresó su apoyo para viabilizar un presupuesto.

Al respecto, el director del museo Sicán (Ferreñafe), Carlos Elera, precisó que se necesita más de diez millones de nuevos soles para proteger y conservar las huacas mencionadas.

Por su parte, el director de la Unidad Ejecutora Nº 005, Carlos Wester la Torre, sostuvo que se requiere 20 millones de nuevos soles para iniciar la protección de los monumentos arqueológicos lambayecanos.

A su turno, Jorge Centurión, director regional de Cultura, recordó que la huaca El Taco desapareció por la fuerza de la naturaleza, por lo que es necesario unir esfuerzos para evitar que ocurra lo mismo con Las Ventanas y El Oro.

Posteriormente, Peirano dialogó con un grupo de ciudadanos en la Casa de la Cultura del distrito de Pacora y le expresó su compromiso de continuar con el apoyo a las investigaciones que la referida unidad ejecutora realiza en la zona.


Las líneas del tiempo en las clases de geografía e historia

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La historia del mundo en dos horas

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Hace un par de semanas, History Channel presentó el documental "La historia del mundo en dos horas", que resume, como indica su nombre, 14 mil millones de años de historia en 120 minutos. Un recorrido que se detiene para analizar "los puntos de inflexión, los momentos históricos y las extraordinarias conexiones entre el pasado lejano y nuestra vida cotidiana". Un logro de calidad y síntesis pocas veces visto. Como se suele decir en estas ocasiones, para quitarse el sombrero.



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Línea del tiempo del hombre peruano

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Gobierno Regional de Junín inauguró "Centro de Interpretación Waldemar Espinoza Soriano"

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El 20 de febrero último, el Gobierno Regional de Junín inauguró en la localidad de Tunanmarca, Jauja, el "Centro de Interpretación Waldemar Espinoza Soriano". El centro cuenta con una muestra permanente dividida en tres salas: Paisaje Natural, referido a la biodiversidad de la región con fotografías y dioramas; la segunda, denominada Arqueológica, con una muestra de jarrones, prendedores de metal, entre otros obejtos pertenecientes a las ruinas Tunanmarca y Auquimalca; la tercera sala, Etnográfica, expone el Patrimonio Cultural Inmaterial con más de 12 vestuarios típicos del Valle de Yanamarca. Durante la ceremonia de inauguración, el Dr. Waldemar Espinoza Soriano fue condecorado por el presidente regional Vladimir Cerrón Rojas como “Hijo Predilecto de la región Junín”, en agradecimiento a "sus aportes en la historia de la nación Wanka".




La función social del Historiador. El Informe de la CVR, un punto de partida

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Por Jesús Cosamalón | Historiador

No hay duda de que el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) representa un hito importante para las ciencias sociales en el Perú contemporáneo. Es probable que muchos de nosotros —ese fue mi caso— al terminar de leer los aspectos esenciales del Informe se hayan preguntado ¿dónde estaba yo? o ¿acaso pude hacer más de lo que hice? (que no siempre fue mucho). Aunque ya no podemos cambiar un ápice de lo que hicimos o dejamos de hacer en ese período trágico de nuestra historia, lo importante del Informe para un habitante del Perú de esos años —y en edad de pensar por sí mismo en esa época— es que el texto obliga a adoptar una posición concreta frente a lo que fue el Perú de esa época y lo que queremos que sea en los años venideros. Además de ser un texto de gran valor académico (sin mencionar el papel jurídico o de reparación civil), es evidente que el Informe exige una definición no solo acerca de los resultados mismos de la violencia, sino especialmente en cuanto a qué país queremos construir conociendo las dificultades del que hemos construido. Esto, que es válido para todos los peruanos, es una exigencia ética para la labor de los intelectuales y, especialmente, para los en teoría expertos en la memoria social: los historiadores.

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Por otro lado, no es una práctica frecuente que los historiadores reflexionemos acerca de la función que cumplimos en nuestra sociedad como responsables —aunque no los únicos— de la memoria de ella. Es evidente que el Informe obliga a un replanteamiento de la labor que debe cumplir un historiador y la responsabilidad social inherente a ella. No solo por la gravedad de los hechos puestos a la luz pública, sino porque el Informe comienza por cuestionar, como ya lo mencioné, la ubicación que cada uno tenía y tiene frente al problema, exigiendo, al mismo tiempo, la construcción de una nueva historia con vistas al futuro.

1. LA LABOR DEL HISTORIADOR DESPUÉS DEL INFORME

En el caso de la historia, varios de los presupuestos básicos sobre los que hemos funcionado deben ser revaluados a la luz del Informe de la CVR. Algunas de las revisiones historiográficas más influyentes de los últimos años acerca de la historia en el Perú señalaron con acierto rasgos particulares del discurso histórico en el Perú. Así, Magdalena Chocano en 1987 señaló la existencia de lo que ella denominó la «ucronía» entre los historiadores destacados del siglo XX, entre ellos por ejemplo Jorge Basadre y Heraclio Bonilla. Este planteamiento indica que a pesar de las diferencias ideológicas, metodológicas y teóricas entre ellos, un aspecto común entre estos intelectuales es la construcción de un discurso histórico acerca de lo que no fuimos, no construimos o no somos. Por ello, tanto Basadre como Bonilla insisten en comprender el Perú a partir de oportunidades perdidas o carencias de alguna clase social que, de haberse aprovechado o existido, hubieran cambiado nuestro destino histórico. Por otro lado, Alberto Flores Galindo en 1988 continuó el debate agregando, a partir de las investigaciones de Gonzalo Portocarrero, la existencia de una «idea crítica» en la enseñanza de la historia escolar peruana, la cual remarcaba la responsabilidad de la dominación española en la situación actual del Perú, al mismo tiempo que mostraba una etapa republicana desesperanzadora, sucesión de fracasos e ineptitudes de sus elites y gobernantes que se cerraban dramáticamente con la Guerra del Pacífico.

Ambas posturas, no excluyentes entre sí, señalan lo que podríamos llamar el marco crítico en el cual los historiadores a principios del siglo XXI nos movemos. Parte de nuestra labor, la que nos ha permitido ganarnos un lugar entre las disciplinas académicas, consiste en elaborar un conocimiento acerca de nuestro pasado en términos de un lenguaje científico capaz de entrar en diálogo con el producido en otras áreas de las ciencias sociales tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. Sin desconocer este aspecto, los historiadores intentamos elaborar un discurso histórico que intenta rescatar y articular las diversas experiencias históricas que han formado nuestro presente. En ese sentido, como se ha señalado en muchos sitios y en aulas universitarias, especialmente, cito una conocida frase de Benedetto Croce: «Toda historia es historia contemporánea». Sin duda, como muchos se han encargado de señalar, ningún historiador es capaz de despojarse de su carga contemporánea de problemas o prejuicios, y su investigación, como todo producto humano, tiene tanto el sello personal como social de su época. Sin embargo, la época en la cual nos toca vivir y los hechos que han conformado nuestro presente hacen necesario un replanteamiento del sentido y exigencia que esta afirmación trae a los historiadores en particular. La pregunta que emerge de aquí es: ¿cómo elaborar un discurso historiográfico que intente reflejar lo que hemos sido y somos (aunque no siempre esto nos guste mucho), sin caer en la desesperanza, la ucronía o la evasión?

Aquí es donde evidentemente entra la función social del historiador peruano. Todos reconocen que el discurso histórico no es solo una narrativa neutra acerca del pasado, donde la objetividad reside en mostrar lo que ocurrió realmente. Toda elaboración historiográfica comienza por reconocer algo que merece la pena ser historizado e incorporado a la memoria histórica de los peruanos. Ya en esta elección hay un sesgo personal que depende de factores no necesariamente objetivos y que señalan las preferencias que el investigador tiene. La responsabilidad social que nos atañe en este caso proviene de los imperativos éticos que el Informe de la CVR plantea. En el prefacio (1) de la versión abreviada del Informe de la CVR, su ex presidente, Salomón Lerner, señala con acierto que «en un país como el nuestro, combatir contra el olvido es una forma poderosa de hacer justicia».(2)

A nosotros, historiadores por formación y especialmente por vocación, en teoría especialistas en la memoria, nos toca, por lo tanto, una tarea que trasciende los límites del mundo académico. Elaborar conocimiento histórico no resulta únicamente una labor destinada al mundo de los intelectuales, sino una actividad que, para el caso peruano, responde a una necesidad urgente de la propia sociedad. Especialmente porque, como hemos señalado, la construcción de una memoria colectiva, en la cual la historia tiene un rol importante pero no exclusivo, es un imperativo ético.

La propia CVR reconoce este rol, pues en las recomendaciones señaladas para una efectiva reconciliación entre los peruanos se sostiene que esta consiste, primordialmente, en un «proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos».(3) Dentro de este proceso la dimensión política es trascendental, dado que se trata de «una reconciliación entre el Estado, la sociedad y los partidos políticos». Asimismo, se señala que esta acción debe ser:

[…] en primer lugar, multiétnica, pluricultural, multilingüe y multiconfesional, de manera que responda a una justa valoración de la diversidad étnica, lingüística, cultural y religiosa del Perú. En segundo lugar, debe conducir a una integración de la población rural por parte del Estado. En tercer lugar, debe dar un lugar a la memoria histórica entendida como una reconstrucción colectiva de personas que se reconocen y se saben corresponsales. En cuarto lugar, debe estar abocada a la revaloración de las mujeres mediante el reconocimiento de sus derechos y de su participación plena y equitativa en la vida ciudadana. Y en quinto lugar, debe dirigirse a la construcción de una ciudadanía, a la difusión de una cultura democrática y a una educación en valores.(4)

Pienso que esta declaración de las características que debe tener la necesaria reconciliación entre los peruanos le da sentido a la tarea de «combatir contra el olvido». La tarea de los historiadores, en cuanto a la dimensión ética de su labor, no resulta disminuida por la presencia de estos objetivos; por el contrario, encuentra en ellos su razón de ser, puesto que como intelectuales dedicados a la memoria contribuimos a la construcción de las identidades colectivas. No solo porque parte del conocimiento que elaboramos pueda terminar transmitiendo valores o algunos rasgos culturales en particular, sino por el hecho, no menos importante, de que elaboramos un discurso histórico frente al cual los habitantes de nuestro país —al menos en teoría— deberían reconocerse. Por lo tanto, los historiadores tenemos la obligación social de comenzar a elaborar un discurso historiográfico en el cual tengan cabida las «múltiples historias» que han conformado el presente.

Cualquier práctica política debe comenzar por reconocer que en este país, como sabemos, se encuentran diversos problemas urgentes, pero para intentar resolverlos necesitamos construir una nación compuesta de personas reconocidas en su integridad como seres humanos y no solo de individuos que alimentan una estadística. Una de las personas entrevistadas por la CVR, Rebeca Ricardo, lo señalaba de la siguiente manera: «Ya no quiero que nos ayuden como asháninkas, sino como personas». Los historiadores estudiamos a los seres humanos en el tiempo y, en general, como señalan los manuales y la práctica concreta de los historiadores, nada de lo humano debería estar ajeno a nuestro interés. Sin embargo, no siempre somos explícitamente conscientes de la importancia de esta afirmación.

En el Informe de la CVR se señala reiteradamente, con toda razón, que el dolor y sufrimiento de muchas de las víctimas (por parte de Sendero y de organismos estatales) no caló en la mayoría de la sociedad peruana porque su propia dignidad como seres humanos y ciudadanos no se encontraba asumida por la nación en general. Es decir, nuestra imagen de país no estaba compuesta de seres humanos comparables o asimilables a nosotros mismos, sino por entes abstractos y desconocidos cuyos rostros se nos desdibujaban. Por ello mismo la CVR, reconociendo un imperativo moral y ético urgente respecto a este punto, decidió «escuchar y procesar las voces de todos los participantes».(5) En este caso en concreto, en cuanto a la comprensión de la violencia política, resulta no combatir contra el olvido intentar una reconstrucción de los hechos sin incluir el testimonio de las miles de víctimas y, más importante aún, sin el debido respeto a su verdad; dentro de la cual lo afectivo, como señala el Informe de la CVR, más que negarle objetividad permite comprender de manera más profunda lo ocurrido.

¿Qué implicancias tiene esto para el quehacer de un historiador en general? Pienso que, en primer lugar, recordarnos —si bien no se ha olvidado completamente— que lo más importante en la labor de un historiador es recuperar la participación histórica de los seres humanos en la construcción de su realidad. Sean pobres, ricos, soldados o generales, todos han participado desde su propio lugar en la historia y lo que nos toca hacer, como científicos sociales, es interpretar el rol de cada uno de ellos. Es decir, devolverle el rostro a cada uno de los participantes de la historia.

Ahora bien, en la historiografía peruana este esfuerzo de devolverle el rostro a los participantes de la historia es algo que se comenzó a hacer de manera sistemática hace ya algún tiempo. Por ejemplo, Alberto Flores Galindo, tituló «Rostros de la plebe» a uno de los capítulos de Aristocracia y plebe en Lima colonial, a mi juicio el mejor libro acerca de la ciudad de Lima a finales de la Colonia.(6) En este capítulo, como en el resto del libro y su obra, Flores Galindo busca enfatizar la práctica de una historia que intenta recuperar el rol de los sectores populares. La propuesta de Flores Galindo, va, como es conocido, más allá de solo un énfasis historiográfico, pero me interesa resaltar la importancia que puede tener, para un historiador, el reconocer que los individuos, de los cuales encontramos muchas veces fragmentos inconexos en los documentos, son, ante todo, seres humanos y no citas destinadas a enriquecer nuestro conocimiento o hacer más amenos nuestros escritos. Para resaltar esta propuesta vale la pena rescatar un comentario crítico que Flores Galindo hizo para el célebre libro de Hernando de Soto, El otro sendero.(7) La propuesta del último autor gira en torno a reivindicar la actividad de los informales como constructores de un país nuevo, no solo como evasores del orden y generadores de problemas urbanos. Aunque en principio podamos simpatizar con esta propuesta, Flores Galindo agudamente señala que el principal defecto de ella reside en que el ser humano llamado «informal» termina, en el texto de De Soto, desdibujado, «no tienen nombres ni apellidos [...] son individuos no personas».

De este modo, una de las primeras condiciones que desde la historia se puede aportar a la agenda de temas para la discusión es la necesidad de reconocer a los individuos que forman parte de nuestro pasado y nuestro presente como personas, con el debido respeto a su experiencia histórica. Parte de ese respeto implica la creación de una memoria colectiva frente a la cual las personas puedan reconocerse y contestar preguntas tales como ¿quiénes somos? o ¿por qué somos de esta manera? Solo así podremos saber hacia dónde vamos.

Esto significa, desde mi punto de vista, reconocer algunas cuestiones centrales. En el Informe, como sabemos, se señala en varias oportunidades que uno de los elementos más dramáticos que se encuentra en la violencia es la pérdida de la dignidad de la persona, reflejada tanto en el trato que Sendero Luminoso como los representantes del Estado le daban a ella. Una evidencia concreta de esto es el perfil de las víctimas que se puede reconstruir a partir de los datos proporcionados: quechuahablante con actividad agropecuaria, educación primaria y, preferentemente, de apellido Quispe o Huamán.

Si hiciéramos el experimento de dar a algunas personas estos datos y pedirles que dibujen el rostro, cuerpo y vestimenta de estas personas, me imagino que los resultados serán previsibles. Sin duda, reparar el daño personal hecho es imposible, pero los historiadores tenemos el deber de evitar que el discurso historiográfico repita esta actitud. Así, como ha señalado Fidel Tubino, en un interesante artículo, las identidades colectivas se «estructuran sobre la base de la retención del pasado y la proyección al futuro [...] una identidad sin memoria es una identidad sin proyecto».(8) Lo cual significa, como señala Tubino, que el proceso de recuperación de la memoria resulta imprescindible para devolverle la identidad y su dignidad a las personas.(9) Por ello, el acto de recuperar o construir una memoria histórica ante la cual nos reconozcamos debe ser una tarea fundamental con vistas al futuro, condición necesaria para el establecimiento de una nueva relación entre el Estado, las instituciones y la sociedad civil; es decir, para la práctica política futura. Necesitamos todas las historias para que cada peruano se reconozca con dignidad en ella. Al menos en parte, esa debe ser nuestra función social.

2. DERROTEROS PARA UNA AGENDA HISTORIOGRÁFICA

Un aspecto que me interesa señalar es el esfuerzo que hizo la CVR al establecer que los años que van de 1980 al 2000 deben ser considerados en nuestra historia como un período con nombre y apellido propio: la era de la violencia. Podemos discutir la pertinencia del nombre, pero lo que está fuera de discusión es el hecho concreto de que estos años se han ganado —de una manera trágica— un lugar en nuestra historia tal como lo tienen con nombre propio otras etapas, tales como la «República aristocrática» o la «Era del guano». Es de esperar que la labor posterior de los historiadores se encargue de otorgarle carta de ciudadanía a este período por medio de investigaciones que de manera puntual se encarguen de aclararnos diversos aspectos, pero la pertinencia del tema en cuanto a sus implicancias y efectos duraderos está, desde mi punto de vista, fuera de discusión.

Este nuevo período de nuestra historia no va a sobrevivir de manera automática. Además, se puede correr el riesgo, como es notorio para otros momentos de nuestra historia, que los principales acontecimientos del proceso sean marcados por los hechos considerados «grandes», usualmente actos políticos y militares. El riesgo de este discurso es que podría dejar de lado una de las memorias del período que, interpretando el sentir del Informe, dejaría fuera la experiencia histórica de un gran número de peruanos y peruanas (aunque cierto político les exija DNI) signados por el dolor, humillación y muerte a manos de Sendero, el MRTA o las fuerzas del orden. En ese sentido, el Informe de la CVR cumple el objetivo de recordarnos que la historia como disciplina proveniente de las humanidades y, por lo tanto, preocupada en lo humano no solo en términos académicos sino en cuanto a las personas concretas, tiene la misión de ayudarnos a todos a comprender la historia desde lo que podríamos llamar «los zapatos del otro». Por ejemplo, cuando el Informe intenta comparar qué resultados tendríamos en el Perú si es que la tasa de mortalidad por causa de la violencia en Ayacucho se hubiera extendido a todo nuestro territorio, hace el esfuerzo de señalarnos que una forma eficaz de comprender la gravedad de los hechos es situarse en el lugar del otro. Casi es innecesario remarcar el valor que tiene esta perspectiva en nuestra sociedad. Si hay algo que está en el fondo de los hechos de las décadas de la violencia es la incapacidad que teníamos (y tenemos) para ponernos en el lugar del otro, especialmente notorio en los actores fundamentales del conflicto, pero finalmente presente en todos los estratos de la sociedad peruana.

Otro aspecto importante para comprender la función social del historiador parte del reconocimiento de que la violencia acaecida adquirió los perfiles que nuestra sociedad contenía. Así, como si fuera un terremoto —de hecho fue un cataclismo social solo comparable a la época de la Conquista, como Cecilia Méndez lo ha mencionado en una publicación—(10) este dramático evento nos da la oportunidad de analizar los estratos socioculturales, económicos y políticos que sostienen nuestra historia. En ese sentido, la era de la violencia tiene una profundidad histórica que hace imprescindible la labor de los especialistas. Para que estos hechos adquieran la dimensión que el Informe señala, fue necesario que se conjuguen tendencias históricas que emergieron, cual volcán, cuando la violencia se instaló entre nosotros.

Aquí se puede vincular este tema a dos aspectos que antes he señalado. La «idea crítica» que hace responsable a la dominación española de todos —o la mayoría— de nuestros males contemporáneos no se encuentra presente en el Informe de la CVR. Para algunos muy probablemente esto constituye un error, pues las raíces coloniales de la dominación en sus expresiones de explotación y discriminación son más que evidentes. No estoy interesado en afirmar si esto es verdadero o falso. Me interesa sí reconocer que la opción —válida desde mi punto de vista— de centrarse en los últimos cincuenta años de nuestra historia para explicar los hechos también debería obligarnos a repensar el peso de nuestra historia colonial en el presente, sin negar la experiencia histórica de explotación y maltratos a los que fueron sometidas muchas de las comunidades indígenas andinas en el pasado. Así, de manera indirecta, el Informe de la CVR en parte también debería contribuir a que elaboremos una nueva imagen de nuestro pasado colonial y de su influencia en el presente.

Otro reto importante que tenemos que afrontar es cómo elaborar una historia de ese período sin que solo sea una imagen de lo dramático y del dolor que se ocasionó, a pesar de que —dejo expresa constancia de ello— tiene que elaborarse este tipo de relato. Corremos el riesgo de que en el futuro quede solo memoria del dolor y de la desesperanza de esos años. Nuevamente repetiríamos la imagen negativa del siglo XIX en el XX y así tendríamos la reiteración de que en el Perú la historia no puede ser fuente de esperanza, dado que se han repetido nuestros fracasos constantemente. Además, no está eliminado el peligro de que la «ucronía » se instale nuevamente entre nosotros e interpretemos este período de nuestra historia como una nueva oportunidad perdida para salir de nuestra situación de atraso y postración social.

¿Cómo revertir esos peligros? Sería extremadamente presuntuoso pretender dar la receta que prevenga esta enfermedad. Solo me quedan intuiciones, que en el fondo —y por encima también— son tal vez la base fundamental de las humanidades y todo en tono más bien de autocrítica. En primer lugar, tenemos que reinterpretar la afirmación de que «toda historia es historia contemporánea ». Desde mi punto de vista, dado el contexto en el que nos toca vivir, no podemos dejar que esta virtud de la historia quede entrelíneas en nuestros escritos, a modo de acertijo para ser resuelto por los lectores. Por el contrario, es responsabilidad social del historiador dejar constancia de qué manera su presente se encarna en la investigación que presenta.

De otro modo, «toda historia es historia contemporánea» corre el riesgo de ser interpretado como un acto de evasión de los problemas concretos del Perú actual. Y no quiero que pase lo que ya pasó. En segundo lugar —y esto es obviamente autocrítico—, la gravedad de los acontecimientos de las últimas décadas obliga a que los historiadores abordemos la historia contemporánea de manera mucho más activa de como lo hemos hecho hasta hoy. Si nos quejamos de que no se considera al historiador —generalmente— como un especialista en ciencias sociales y humanas, la culpa no es solo de otras disciplinas que se apropian de lo que creemos nuestro terreno, sino fundamentalmente de nuestra escasa capacidad de pelear —en el mejor sentido del término— en un diálogo interdisciplinario y defender la validez de nuestro aporte. Tal vez cuando el historiador logre instalar su campamento en medio de esa discusión, todos podamos sentir que nuestra función social de ser responsables de la memoria está más cerca de su cumplimiento.

En tercer y último lugar, la memoria de los peruanos también debe partir de la esperanza. La eliminación de la violencia política no solo fue posible por los hechos militares y policiales. Fue posible porque numerosos peruanos, muchos de ellos anónimos, creyeron que era posible mejorar el país sin recurrir a la masacre, el abuso o el autoritarismo. No se trata de mayorías o minorías, se trata de la necesaria reserva moral que debe tener un pueblo para todavía creer que se pueden cambiar las cosas. Y no es la única vez en nuestra historia que eso ocurre. No estaríamos aquí (por lo menos desde la Conquista) sin las ganas de vivir y sobrevivir de miles de personas, que en medio de condiciones absolutamente injustas se las ingeniaron para mirar hacia adelante tratando de sobrevivir ellos y sus familias. No es lo ideal, es cierto, pero la otra opción es desaparecer. Me parece que una función social de gran importancia que el historiador tiene es no dejar que ambas caras de la moneda se pierdan. Aunque no nos guste del todo, así como es la vida misma, el dolor y la muerte han estado presentes, pero junto con ellos la esperanza y la alegría. De nosotros, historiadores, depende que en ambas los peruanos del futuro tengan la oportunidad de reconocerse dignamente.


NOTAS:

1. Véase COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima: CVR, 2004.

2. En el capítulo inicial del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, t. I, p. 2, se señala que «[…] la Comisión interpreta la voluntad del pueblo peruano de conocer su pasado como una consecuencia del principio fundamental de afirmar la dignidad de la vida humana y, por lo tanto, entiende la tarea que le ha sido asignada como un elemental acto de justicia y un paso necesario en el camino hacia una sociedad reconciliada».

3. COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Ob. cit., p. 11.

4. Ib., p. 11

5. Recientemente, José Luis Igue ha publicado una interesante reflexión crítica acerca de los silencios en que incurre el Informe de la CVR. Parte de su argumentación consiste en que el reclamo por construir una historia que dé cabida a todas las voces resulta poco coherente con el vacío existente en cuanto a registrar los testimonios de los perpetradores de la violencia, especialmente, los provenientes de las fuerzas armadas o los grupos subversivos. Su crítica es interesante, pues reconoce que no solo las víctimas —mayormente campesinos quechuahablantes y analfabetos— son los únicos marginados de la historia oficial de la violencia, sino también aquellos que aún perteneciendo a las esferas de los perpetradores estaban sujetos a mecanismos de poder y de control que han impedido que su testimonio llegue a ser considerado. Tal es el caso, por ejemplo, de los soldados y oficiales de baja graduación de las fuerzas armadas o los militantes de base de Sendero Luminoso o del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Sin duda, su testimonio debe ser incluido en la construcción de la historia de este trágico período. Véase IGUE, José Luis. «Los silencios del gran relato». Histórica, vol. XXIX, n.o 1, 2005.

6. Véase FLORES GALINDO, Alberto. La ciudad sumergida. Aristocracia y plebe en Lima colonial, 1760-1830 [1984]. Lima: Horizonte, 1991.

7. Véase FLORES GALINDO, Alberto. «Los caballos de los conquistadores otra vez (El otro sendero)». En Tiempo de plagas. Lima: El Caballo Rojo, 1988.

8. TUBINO, Fidel. «La recuperación de las memorias colectivas en la construcción de las identidades». En Marita Hamann, Santiago López Maguiña, Gonzalo Portocarrero y Víctor Vich (eds.). Batallas por la memoria. Antagonismos de la promesa peruana. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2003, p. 96.

9. Véase ib., p. 98.

10. Incluso antes de que se publicara el Informe, ya había llamado la atención acerca de la necesaria reflexión acerca de la violencia y su análisis histórico, véase «La tentación del olvido: guerra, nacionalismo e historia en el Perú». Diálogos, II, 2000. Consulta: 8 de agosto de 2007. . Cecilia Méndez es una de las historiadoras que desde la época misma de la violencia se interesó en estos temas y sus raíces históricas. En prácticamente todos sus escritos se ha preocupado por enfatizar la relación personal que existe entre su presente y la investigación histórica, haciendo efectiva la frase citada anteriormente de Croce. Véase, especialmente, «Populismo militar y etnicidad en los Andes». Iconos, Revista de Ciencias Sociales, XXVI, 2006. Consulta: 8 de agosto de 2007. y «Las paradojas del autoritarismo: ejército, campesinado y etnicidad en el Perú: siglos XIX al XXI». Iconos, Revista de Ciencias Sociales, XXVI, 2006. Consulta: 8 de agosto de 2007. . Conjuntamente con ella, el autor de estas líneas organizó una mesa redonda el 31 de agosto de 2004 bajo el título «Desterrando el olvido. La historia y las ciencias sociales después del Informe de la Comisión de la Verdad». En este evento compartimos las reflexiones de Iván Caro, Carlos Iván Degregori, Jaime Urrutia y Cecilia Méndez.


* Una versión preliminar de este texto se expuso en el Simposio «Los derechos humanos y la función social de la Historia», coordinado por la doctora Liliana Regalado en el marco del II Encuentro de Derechos Humanos organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (11-15 septiembre de 2006). Una segunda versión se entregó en el blog organizado por un grupo de egresados y estudiantes de la especialidad de Historia, gracias a la invitación de Héctor Huerto, .


Fuente: Revista Memoria, N° 3, 2008.


El modelo como repetición de la HIstoria

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Por Manuel Burga | Historiador (Ex Rector de la UNMSM)

Los griegos, tal como lo atestigua Hesíodo en su libro Trabajos y días, no tuvieron una concepción progresiva de la historia: no pensaron que la historia avanzaba progresiva e ineluctablemente. Más bien la concibieron como una suerte de permanente proceso de deterioro, retroceso, que los llevaba de las edades doradas de los orígenes a las situaciones grises, sin brillo, sin héroes, ni dioses, del presente. Agustín, el gran autor de la Ciudad de Dios (412 d. C.), alejándose de este modelo antiguo, inauguró más bien una nueva forma de pensar y concebir la historia: incorporó la teleología que le dio un sentido al transcurrir histórico. No era fortuita, ni accidental, ni errática, sino más bien obedecía a un plan oculto, el encuentro del hombre con Dios al final de los tiempos. Igualmente, según él, la historia tenía un sentido escatológico: el proceso histórico nos ofrecía la oportunidad de limpiarnos, de expiar nuestras culpas, pecados, de sufrir en la tierra para hacernos merecedores de la gracia de Dios. Esta es la concepción cristiana que le otorga un sentido a la historia, la que, por ser progresiva, de volvernos mejores por una conducta cristiana, nos puede llevar a la redención final. Esta era la concepción con la cual los españoles o los sacerdotes que los acompañaron llegaron al Nuevo Mundo. Ellos traían la luz liberadora de la religión católica; traían el sentido progresivo de la historia. La historia nos liberaba de las culpas. Con esta mentalidad, los conquistadores y los funcionarios coloniales acometieron sus empresas, por supuesto con una mentalidad de cruzados, sin mala conciencia, sino más bien seguros de la corrección de sus acciones.

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1. EL MODELO COLONIAL: CONQUISTA, MODERNIZACIÓN Y DESOLACIÓN

En enero de 2010, el Banco Central de Reserva (BCRP) y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) presentaron públicamente el tomo 2 de la colección Compendio de Historia Económica, que estará compuesta por cinco títulos. El tomo 2, titulado Economía del período colonial temprano, es una obra considerablemente voluminosa que consta de 614 páginas. El día de la presentación, nos dimos con la sorpresa de que el propio presidente del BCRP, Julio Velarde, lo había leído, y aprovechó la ocasión para analizarlo y discutirlo, junto al director del IEP, Marcos Cueto, quien también lo analizó públicamente. En realidad, la preguntaba de fondo que subyacía a las intervenciones de todos nosotros era muy simple, ¿ese modelo colonial minero, de extracción de metales de los yacimientos altoandinos, tuvo una incidencia positiva o progresiva en las poblaciones andinas conquistadas? Es decir, ¿qué quedó de las ingentes cantidades de oro y plata extraída de los cerros peruanos? La pregunta también la podríamos plantear en una forma más compleja, ¿la hacienda, el obraje y la mina, como unidades de producción, a quiénes beneficiaron?

El editor de la publicación, Carlos Contreras, un experimentado especialista en historia económica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tuvo a su cargo el diseño temático y cronológico de la obra, así como la selección de los autores que en ella han participado. Los cinco ensayos de investigación que conforman este volumen estudian la historia económica de los siglos XVI y XVIII del Perú colonial. La dinastía austriaca gobernaba España y extendió sus dominios por los diversos continentes, inaugurando así la primera globalización occidental, transportada por las carabelas españolas, quizá más dramática que todas las que vendrán después, porque se impuso a través de la conquista militar. La espada y la cruz eran los símbolos de los siglos XVI y XVII. Los colonizados, en estos siglos, nunca pusieron en peligro la estabilidad del sistema colonial. La resistencia indígena fue más bien cultural, religiosa, se aferraron a sus costumbres, se retiraron a los espacios solitarios y reprodujeron sus moldes anteriores. Los desafíos más bien venían de las otras monarquías absolutas europeas, como Inglaterra, Francia y Holanda, que acosaban a los indígenas a través de las acciones temerarias de piratas, corsarios y mercaderes contrabandistas.

El libro, muy bien editado e ilustrado, reúne los ensayos de Héctor O. Noejovich, Carmen Salazar Soler, Margarita Suárez, Luis Miguel Glave y Miriam Salas. Un economista, una antropóloga, un sociólogo y dos historiadores de formación, todos devenidos especialistas —desde hace ya dos décadas y con una abundante producción— en los temas que tratan. En los ensayos, los especialistas citan frecuentemente a los autores clásicos y modernos, se apoyan en diferentes fuentes originales y plantean viejos problemas para ofrecer nuevas respuestas.

Noejovich sorprende de nuevo con el detallado recurso a las cifras. Carmen Salazar-Soler, con mucho acierto, cita discreta y adecuadamente el gran libro Historia natural y moral de las Indias del jesuita José de Acosta, que data de 1590, para mostrar la importancia devastadora de la minería colonial en la conciencia de la gente.

Margarita Suárez estudia con rigor el comercio atlántico, los mercaderes y primeros banqueros de Lima. Nos habla, citando a Earl Hamilton, corregido por Morineau, de las repercusiones de la masiva llegada de metales preciosos en las economías europeas. Luis Miguel Glave analiza la propiedad de la tierra, la agricultura y los circuitos comerciales en los Andes. ¿Cómo surge la propiedad española de la tierra? Insiste con buena, nueva en muchos casos, documentación sobre la noción de despojo de las poblaciones indígenas: los indígenas dismuyen, mueren masivamente, se incrementan los espacios vacíos, los que comienzan a ser ocupados por el ganado europeo: configurándose ese proceso tan bien estudiado por François Chevalier en México: las estancias y haciendas emergieron en tierras vacas o abandonadas. Sin embargo, para descargo de la perversidad española, el Estado, representado en la figura del defensor de naturales, aparece más bien como el freno a la codicia de los colonizadores.

El ensayo de Miriam Salas estudia la manufactura textil y empieza con una curiosa constatación: los bellos y finos textiles prehispánicos fueron reemplazados, luego de la Conquista, por los utilitarios y ordinarios textiles españoles. Una evidente degradación de la calidad, que podríamos trasladarla a lo que sucede en general con la vida del poblador indígena. Las conocidas relaciones geográficas de Indias, del siglo XVI, donde funcionarios preguntan a los indígenas y obtienen respuestas de varios contextos étnicos, demuestran que los indígenas se sentían «mejor» en el sistema colonial, más libres de comer carnes, beber aguardientes y masticar hojas de coca. Eran más bien los beneficios del libertinaje: las carnes, las bebidas con alcohol y las hojas de coca tenían un uso regulado por el Estado inca, el cual desaparece después, cuando estos productos pasan a ser de alta comercialización, lo cual permite la multiplicación de los trabajadores en las minas de plata en Potosí y de mercurio en Huancavelica.

Los cinco estudios nos hablan de la eficiencia de la administración colonial. En 1545 se descubre la mina de Potosí, y en 1550 esta ya se encontraba en plena producción y usando la tecnología prehispánica. Hacia 1570, debido a la intensificación de la producción minera por el uso del azogue, se hace urgente reglamentar la mita minera, incrementar el número de mitayos. El Cerro Rico de Potosí llegó a tener una increíble población de 150.000 habitantes. ¿Pero qué quedó después, cuando las vetas se agotaron? Deberíamos plantearnos mejor la pregunta: ¿qué queda cuando el modelo primario exportador acaba con los recursos naturales? Territorios desolados, poblaciones diezmadas, rebaños aniquilados y colonizadores dueños de todo lo que se podía privatizar. Esa es la dramática lección de la dominación colonial: evidentemente estamos ante una paradoja, donde la modernización más bien atrasa, deteriora, trae más muerte y desolación. No se reconocieron ni respetaron los derechos de los conquistados, el derecho a una cultura y religión propias, e incluso a la vida.

2. EL MODELO REPUBLICANO (SIGLO XIX): MODERNIDAD, REPÚBLICA Y ATRASO

Hacia 1919, cuando se acercaba el primer centenario de la República, un político audaz, Augusto B. Leguía, salido de las filas del partido gobernante, el Partido Civil de entonces, lanzó una propuesta política que la sintetizó en dos palabras: Patria Nueva. Patria Nueva, en oposición al candidato del partido gobernante, Antero Aspíllaga, que según él, representaba a la Patria Vieja, aquella que no había podido realizar la promesa republicana de una vida mejor para los peruanos. Jóvenes universitarios de entonces, paralelamente, formaron un Conversatorio Universitario en la Universidad de San Marcos, con la finalidad de hacer —a través de un esfuerzo intelectual colectivo— un balance del primer siglo de vida republicana. Con la misma intención, pero desde dentro del propio Partido Civil, un intelectual y empresario relativamente exitoso, Pedro Dávalos y Lissón, publicó en 1926 un estudio en dos volúmenes con un título que lo dice todo, La primera centuria. Causas geográficas, políticas y económicas que han detenido el progreso moral y material del Perú en el primer siglo de vida independiente. Esta misma idea, la del fracaso del proyecto republicano, fue retomada por el escritor Mario Vargas Llosa en su novela Conversación en la Catedral (1969), ambientada en la época del general Manuel A. Odría, en la que sin embargo se respiraba un cierto bienestar, una buena coyuntura creada por la Guerra de Corea para los productos de exportación, que permitió grandes obras públicas, las que el gobernante resumía en la frase «Hechos y no palabras», lo que no impidió al novelista poner en boca del periodista Zavalita, uno de los personajes de esta novela, la pregunta, «¿Y cuándo se jodió el Perú?».

Una pregunta que va más allá de lo que se preguntaban en el primer centenario de la República y que más bien indaga por las razones o las causas del fracaso del proyecto republicano. Jorge Basadre (1903-1980), el historiador de la República peruana, a lo largo de toda su obra, propuso entender el siglo XIX, en particular la época del guano (1845-1874), como un período de «prosperidad falaz» y de «ocasiones desafortunadamente desaprovechadas». ¿Quizá por eso perdimos la Guerra con Chile? ¿No supimos invertir nacionalmente los cuantiosos ingresos del guano? No creo que aquí se encuentre la respuesta, y la prueba es que el Ejército chileno ya había ingresado antes al territorio peruano, incluso venció en Yungay a las tropas de Santa Cruz en los años 1830, y frustró la Confederación Peruano Boliviana. Ya los chilenos habían ingresado triunfantemente una vez, la segunda fue más demoledora (1879-1883), destruyeron prácticamente la infraestuctura productiva, sus haciendas, sus instituciones, sus bibliotecas, su clase notable y su población en general.

Manuel González Prada se preguntaba inmediatamente después de la guerra por qué la derrota, la desolación y la amputación territorial. Su respuesta: por la anarquía en la que vivía el Perú, donde los soldados obedecían a los generales, los caudillos militares y no a un comando central de la nación peruana. No había un Estado Mayor, había huestes de soldados que seguían a los caudillos y eso nos llevó a la derrota total. Los estudios más modernos, como los de Paul Gootenberg, nos muestran que las políticas públicas de esta época del guano fracasaron porque no existía una clase dirigente nacional que se interesara en el desarrollo del país, de la ciudadanía. En varios de los libros de Carmen McEvoy, en su libro sobre Manuel Pardo hasta su Homo politicus, encontramos que el republicanismo liberal que alentó la independencia de 1821 y que está consagrado en la Constitución de 1823, fue dejado de lado y primó el caudillismo, las guerras intestinas, el botín, las prebendas y la lucha por el poder. No hubo una idea de nación, de desarrollo nacional, de proyecto nacional, ni de respeto de los derechos ciudadanos y humanos de las mayorías indígenas. No hubo progreso, ni desarrollo, hubo lucha caudillista por el control del Estado como prebenda, no como instrumento al servicio de programas de desarrollo nacional. No teníamos una población de ciudadanos, sino de indios, controlada por caudillos militares, terratenientes o hacendados.

3. EL MODELO PRIMARIO EXPORTADOR: ¿DE NUEVO LA MODERNIDAD O YA ESTAMOS EN LA POSTMODERNIDAD?

Sin embargo, ahora, cuando ya ha concluido el siglo XX, y se ha constatado la frustración de importantes proyectos políticos y de muchos sueños e ilusiones, muy a menudo, se suele pensar —sobre todo dentro de una joven historiografía peruana, jóvenes como los que conformaban el Conversatorio Universitario— que el siglo XIX, a pesar de todo, dejó lecciones importantes, sea la gran herencia de la independencia de 1821 y la primera experiencia liberal, la «República práctica » de Manuel Pardo (1872-1876), que se adelantó a su tiempo, que abortó por el asesinato de su líder en 1878 y fue liquidada por la Guerra con Chile (1879-1883). Es decir, ahora pensamos que el siglo XIX no fue tan malo, nos ha dejado, según Jorge Basadre, la «promesa de una vida republicana », que nos creaba una expectativa de futuro mejor y la necesidad, después de la Guerra con Chile, de aprender del error y finalmente construir la esperada «nación peruana». Es decir, se ha empezado a construir una nueva memoria nacional, una memoria en la que al siglo XIX, y en particular a la experiencia liberal de este siglo, se le considera un proyecto frustrado, inconcluso, que habría que retomar, que continuar en el mundo contemporáneo.

a) La defensa del viejo liberalismo en el siglo XXI

Los editores chilenos de la revista electrónica Asuntos del Sur me pidieron en el pasado 2009 una reflexión a propósito de tres preguntas que había formulado Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe: «¿Qué nos falta en América Latina y El Caribe para tomar esta oportunidad única para el planteamiento de un nuevo modelo de desarrollo? ¿Cómo podemos asegurar buenas prácticas a largo plazo que reconozcan los vínculos entre desarrollo económico, desarrollo social y sostenibilidad ambiental? ¿Cómo podemos empezar a diseñar un modelo de desarrollo inclusivo, basado en la justicia social y en el respeto por las reglas de juego, tanto para el sector público como para el sector privado?». En realidad, Bárcena preguntaba por la necesidad urgente —convirtiendo la crisis en oportunidad— de construir una alternativa original al modelo económico de estructura primaria exportadora que lo encontramos, en sus diversas variantes, en casi todos los países de América Latina y El Caribe.

En nuestro país, desde octubre de 2007, fecha en la que el presidente Alan García, con la temeridad del converso al neoliberalismo, publicó su famoso artículo doctrinario «El síndrome del perro del hortelano», la ideología de ese modelo económico primario exportador se elevó a la categoría de doctrina política de Estado, anunciando que cualquier otro camino es «antisistema», como si nos estuviera hablando de ese hegeliano «fin de la historia» de Francis Fukuyama. Su alegato se reduce a lo siguiente, «[...] hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: si no lo hago yo que no lo haga nadie». (1)

En realidad nos dice que tenemos inmensos recursos naturales que no producen riqueza alguna. Como ya lo había señalado el sabio italiano Antonio Raimondi, en 1873, cuando describió el potencial del yacimiento minero de Antamina, en Áncash, que tuvo que esperar hasta el último cuarto del siglo XX para su explotación. ¿Acaso este retraso en explotar este enorme yacimiento es por la oposición de los perros del hortelano? De ninguna manera, estos recursos se han explotado desde siempre. Bastaría recordar el libro de Alexander von Humboldt, Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, donde compara las minerías del Nuevo Mundo y de Europa, por ese año 1803, concluyendo que la riqueza intrínseca de las minas alemanas era mayor que aquellas de las latinoamericanas; sin embargo, las segundas eran más rentables porque el salario era casi desconocido en estos territorios. El trabajo de los indígenas tenía un precio muy bajo, los gastos corrientes de las empresas mineras eran insignificantes, y eso hacía rentable a las minas mexicanas y peruanas de entonces.

Lo mismo podría decirse de las tierras, donde a medida que la población indígena se reducía, las haciendas se expandían, y su rentabilidad también se sustentaba en lo mismo, el poco valor de las tierras y la mano de obra sometida y casi sin salario. Algo similar sucedió en la llamada selva, la amazonía, aparentemente distante e inaccesible, pero frecuentemente incursionada por buscadores de riquezas.

Esta breve mirada es suficiente para constatar que nuestro atraso no es un problema de tierras ociosas, minas inexploradas, bosques vírgenes, sino todo lo contrario. No se trata de riquezas naturales intactas, vírgenes, ni de que solamente habría que estirar la mano, abrir las puertas a los capitanes de empresa, darles seguridades para producir y salir de la pobreza. Nuestros recursos no renovables han sido explotados desde la llegada de los primeros europeos, incluso desde antes, pero afortunadamente no se han agotado. Esta historia económica es ya un viejo relato, hecho principalmente por los buenos historiadores extranjeros, que de los textos académicos se ha trasladado a las mentalidades sociales hasta generar desconfianza y actitudes militantes contra este tipo de modelo económico. ¿Acaso esta conocida historia económica, que viola constantemente los derechos a un trabajo equitativamente remunerado, no nos permite suponer que el modelo primario exportador ha fracasado?

Definitivamente ese modelo depredador ha fracasado. Nuestro presidente Alan García, como un auténtico político moderno, nos dice que eso es el pasado, que ahora la nueva ciencia, las tecnologías de la información y la comunicación y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Chile o China nos permitirán generar, con ese mismo modelo, sin la anhelada industria, un desarrollo sostenible, con equidad y bienestar para las mayorías. Pero quizá olvidan que estamos en el siglo XXI, probablemente en la postmodernidad, con una crisis financiera que denuncia la miseria moral del capitalismo y con sistemas nacionales modernos, en regiones pobres, como nuestro país, que al universalizar la educación y la ciudadanía política, económica y cultural, crean más insatisfacción y surge una mayor conciencia de resguardar los derechos humanos. Es por eso que las regiones, dentro de las naciones actuales, pobres o ricas, reclaman soberanía para construir sus propias identidades y proyectos, los que deberían ser compatibles con los proyectos nacionales.

Ahora puedo retomar la tercera pregunta de Alicia Bárcena: «¿Cómo podemos empezar a diseñar un modelo de desarrollo inclusivo, basado en la justicia social y en el respeto por las reglas de juego, tanto para el sector público como para el sector privado?». Los sucesos cruentos ocurridos en la provincia amazónica de Bagua nos invitan a buscar otro modelo, un modelo que tenga presente nuestra experiencia histórica, la historia de la rapiña, que incorpore a las colectividades que reclaman respeto por sus regiones, su cultura, su soberanía y su idea de nación. Un modelo nuevo, quizá propio de un continente como el nuestro.

b) ¿Cómo salir del atraso o subdesarrollo: ¿es la reforma educativa la última esperanza?

La pregunta que cualquier peruano se puede hacer, si mira al sistema educativo público peruano o a la deficiente educación que reciben los hijos de las mayorías nacionales, es: ¿podemos salir de la situación actual, alcanzar el desarrollo, con un «sistema educativo quebrado», como el nuestro? Todos conocemos la respuesta y actuamos en consecuencia: evitamos las instituciones educativas públicas y gastamos todo lo que podemos en una educación en instituciones privadas de calidad. Fue necesario que esta respuesta, que todos dan, la enunciara Michael E. Porter, economista de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, durante el Seminario Internacional «Claves de una Estrategia Competitiva», el 30 de noviembre de 2009, para que nuestro primer mandatario se sintiera aludido y ofreciera una desafortunada respuesta: «¿Por qué aceptamos lecciones de personas que no conocen el Perú?».

Este economista de prestigio señaló una verdad bastante conocida, que cualquiera puede constatar visitando las escuelas y colegios públicos. Esto permitió que se iniciara un debate y que intervinieran economistas peruanos para preguntarse como José de Acosta en 1590, Humboldt a inicios del XIX, o Pedro Dávalos y Listón en el siglo XX, ¿nuestro atraso es consecuencia del modelo económico peruano? La discusión se inició con el artículo del economista Waldo Mendoza, «En defensa del neoliberalismo», del 20 de enero de 2009, que en lo esencial nos dice que el Perú, en este momento, se encuentra en el buen grupo (Brasil, Chile, México y Colombia) y no entre los que están perdiendo la oportunidad (Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela). Como si los resultados que se pueden ver en estos países fueran consecuencia de las dos últimas décadas. La respuesta técnica la han ofrecido Humberto Campodónico, Óscar Dancourt, Pedro Francke y Félix Jiménez, insistiendo en que el modelo de desarrollo neoliberal más bien nos empobrece y reproduce una nefasta estructura primario exportadora de viejo cuño. Esta ya es una discusión que habrá de proseguir y la creatividad de alguno de ellos, como la Félix Jiménez por ejemplo, esperemos que la lleve a buen puerto y que se pueda llegar a las causalidades fundamentales.

El propio Porter, en un artículo publicado en El Comercio, en febrero de 2010, profundiza en algunas de sus agudas reflexiones y, sin dejar de reconocer el avance del rendimiento económico en nuestro país, pasa a decirnos que este es consecuencia del buen precio de los commodities que exportamos, y esto es lo que debería preocuparnos. Los commodities son en general las materias primas: «Si se continúa dependiendo de los commodities como impulsores de la economía se acabará en un callejón sin salida». Cuando trata de señalarnos el buen camino, nos indica el impedimento mayor: «El sistema educativo está quebrado en el Perú». «Además de las debilidades relacionadas con el capital humano, se invierte de manera insuficiente en ciencia y tecnología». Recomienda profundizar en la descentralización: «Cada región del Perú necesita una estrategia clara para construir una economía propia y única basada en las fortalezas locales». Es decir, hacer casi todo lo que el Gobierno no hace.

Michael Porter no está desinformado, todo lo contrario, su trabajo es estar bien informado sobre lo que sucede en América Latina, sino quién contrataría las consultorías de su Instituto para la Estrategia y la Competitividad en Harvard. Hay que escucharlo, sobre todo cuando cuestiona una realidad tan evidente como el modelo de desarrollo con una estructura económica primario exportadora, crítica con la cual Campodónico, Dancourt, Francke y Jiménez lógicamente coinciden.

Decir que el Perú está en el buen grupo y que tenemos el modelo correcto nos podría dejar la imagen de que estamos como Brasil, Chile o México, o que embarcados en el mismo modelo, pronto estaremos como ellos. Esos países siempre han estado delante de nosotros en los últimos cien años. Si no, ¿cómo explicamos, por ejemplo, que el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México sea de mil setecientos millones de dólares al año y el de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, su socia en la red de macrouniversidades, de un poco menos de cien millones de dólares también al año? El propio Waldo Mendoza fue viceministro de Economía y conoce muy bien las dificultades para invertir en capital humano en nuestro país. Sabemos que necesitamos una revolución educativa, pero no invertimos para lograrla. ¿Por qué es que los otros países de América Latina lo han hecho en la segunda mitad del siglo XX? Ellos sí invirtieron en educación y ahora tienen instituciones públicas a las que asisten los diversos sectores sociales, pobres, clases medias e incluso los sectores altos, creando así espacios de integración. Todo lo contrario ocurre en nuestro país; la educación pública, de mediocre calidad, es un coto cerrado para los sectores pobres del país, donde no se encuentran ni siquiera con los sectores medios.

El presidente García habla mucho de sus obras públicas, de las del alcalde Castañeda, pero cuando uno atraviesa el poco transitado puente del intercambio vial sobre la avenida Universitaria y contempla el campus de San Marcos mutilado, sin cerco perimétrico, uno puede preguntarse: ¿es esta una inversión en infraestructura vial que nos vuelve más competitivos? Entonces la afirmación de Porter, «El sistema educativo está quebrado», la puede suscribir cualquier peruano responsable. ¿No es esta una consecuencia del modelo de desarrollo de las dos últimas décadas en nuestro país?

Finalmente, quisiera terminar volviendo quizá a la discusión que tuvo lugar a inicios del siglo XX en nuestro país, cuando intelectuales como Alejandro Deustua, Víctor Andrés Belaúnde, Manuel Vicente Villarán, Javier Prado, luchaban por una reforma educativa con la finalidad de crear ciudadanía y universalizar los derechos a la educación y una vida justa. Frente a ellos, que provenían del Civilismo, del Partido Civil del siglo XIX, de aquel de Manuel Pardo, surgen las ideas y propuestas socialistas en la palabra y los discursos de Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui y José Antonio Encinas, que demandaban una reforma económica como condición sine qua non para alcanzar el progreso y el desarrollo económico. Esta disyuntiva, reforma educativa y reforma económica siguió vigente durante todo el siglo pasado. Se privilegió la reforma económica en la época del gobierno del general Velasco Alvarado (1968-1975), se trató de impulsar la reforma educativa, pero fracasó en su intento. Augusto Salazar Bondy, uno de los mentores de esta reforma, fracasó e incluso fue casi desterrado de la Universidad de San Marcos por el radicalismo maoísta. Él, al parecer, se fue con la conciencia tranquila, como él mismo solía decirlo, porque defendía una revolución peruana, la del Plan Inca del Ejército peruano. Quizá es necesario analizar y debatir más sobre esta disyuntiva, cómo equilibrarla, cómo invertir más en educación, sin dejar de lado la inversión en infraestructura. El fracaso de ambas reformas, durante el siglo XX, es lo que probablemente explica el recorte progresivo de los derechos humanos en nuestro país. Una educación mediocre y un producto per cápita igualmente mediocre nos condujeron a la guerra interna entre los años 1980 y 1991 y a la violación masiva de los derechos humanos, por los dos bandos en contienda. Encontrar la mejor manera de resolver esta disyuntiva es probablemente la clave para que el Perú encuentre el buen camino hacia el desarrollo y la justicia social.


NOTAS:

1 GARCÍA PÉREZ, Alan. «El síndrome del perro del hortelano». El Comercio, 28 de octubre de 2007, página de opinión.


Fuente: Revista Memoria, N° 7, 2010.


Historiadores y memoria histórica

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Mesa de trabajo "Historiadores y memoria histórica" durante el IV Congreso Internacional de Historia a Debate. Intervienen en la mesa: Lourenzo Fernández Prieto (presidente), Hilari Raguer, Hilari Raguer, Fernando Rosas, Juan Gandulfo, María Chiara Bianchini, Pedro Ruiz Torres, Antoon de Baets, Miriam Hernández Reyna, Ángel Viñas. La sesión se realizó en 18 de diciembre de 2010 en Santiago de Compostela (Vía: Canal de Youtube de HaD).



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Enseñanza de las Ciencias Sociales: Se buscan lectores

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La poca información que obtienen los escolares sobre la violencia terrorista que vivimos entre 1980 y 2000 (y que aún sigue presente en zonas de la selva, coludida con el narcotráfi co) ha puesto en tela de juicio las Ciencias Sociales que se enseñan en las aulas.

Por Luis Arista Montoya


Los profesores andan desfasados porque no cuentan con textos actualizados, cuyos autores tampoco están atentos a las últimas investigaciones. Es más, la gran mayoría enseña y escribe año tras año lo mismo con apuntes de clase que parecen papiros y memorizan los alumnos. El profesor es un dictador: no propicia el diálogo ni ayuda a construir conocimiento.

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NUEVAS VISIONES

Dentro de este contexto y del marco del Programa de Formación en Ciencias Sociales, se realizó el Seminario "Reenfocando Miradas de país: Nuevas visiones", dirigido a profesores de colegios y organizado por investigadores del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Es una muestra de cómo la academia tiene que cerrar brechas acercándose a los requerimientos epistemológicos y pedagógicos del Magisterio, evitando de esa manera que gente dogmática y empírica se adueñe de la formación de los formadores.

PONENCIAS

En síntesis he aquí las nuevas visiones propuestas por los investigadores en sus exposiciones:

– ¿Existe aún una exclusión social? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? En su ponencia, Jürgen Golte explica que este tipo de exclusión sigue en la base de la desigualdad en nuestro país, por eso es importante conocer el aporte cultural andino para desterrar prejuicios surgidos y mantenidos desde la Colonia. Estableciendo semejanzas y diferencias con el desarrollo civilizatorio en Asia, África y Europa, es posible acercarnos a las interrelaciones políticas, económicas y culturales surgidas después de la conquista europea del espacio andino. El profesor tiene que tener una visión de "Historia-Mundo".

– ¿El proceso de la Independencia fue propio y emancipador? Scarlett O'Phelan considera que hubo dos fases: la de las juntas de gobierno (1809-1814) y la de los proyectos continentales (1820-1826, con San Martín y Bolívar). Y cómo la ciudadanía de los indios fue retardada por la traición de las élites limeñas pese a la lucha de los ilustrados científi cos (Toribio Rodríguez de Mendoza, Olmedo, Sánchez Carrión, Unanue). Precisa cómo la Constitución de Cádiz fue punto de quiebre del sistema colonial: signifi có abolición del vasallaje y de los tributos indígenas, y desaparición de la Inquisición, impuestos por el virrey Toledo.

– ¿Cuáles han sido las líneas maestras de nuestra evolución económica desde la independencia? Carlos Contreras postula que uno de los ejes principales ha sido (y es) la explotación de materias primas para la exportación; y que el manejo del "Estado empírico" tiene un rol fundamental en la conexión entre esta riqueza exportadora y el desarrollo frágil de la economía, y frecuentemente ha sido como un bandido dentro de la casa. La corrupción política es una forma de este bandolerismo.

– Por su parte, Ramón Pajuelo plantea que la mejor metodología de enseñanza y reconocimiento de la diversidad cultural en las aulas escolares es haciendo hincapié en nuestro patrimonio cultural inmaterial (tradiciones, mitos, leyendas, creencias, representaciones, memoria colectiva, folclor, etc.) debido a que está más vinculado con la vida cotidiana de los estudiantes que en su propia aula representan una heterogénea diversidad antropológica con vivencias interculturales.

– ¿Las imágenes del Perú cómo se condicen con las investigaciones históricas? ¿Más allá del oropel celebratorio, la coyuntura del bicentenario de la Independencia puede ayudarnos a refl exionar sobre los desafíos del futuro? Dice Martín Tanaka que frente al discurso historicista de la imagen de la "idea crítica" hay que construir discursos alternativos optimistas (orgullo gastronómico, creatividad, emprendedurismo) ¿Los valores que se enseñan en los colegios contribuyen para este proceso? Una historia de la desconfi anza social peruana, esclarecería la mutación de los problemas en la continuidad histórica. La enseñanza de las Ciencias Sociales debe hacerse desde la perspectiva regional, andina y no tan solo nacional, para redefi nir nuestras relaciones con los países vecinos, dentro del marco de la globalización e integración.

– Por último, Julio Cotler hizo un repaso crítico sobre los proyectos continentales bajo el paraguas de la globalización, incidiendo en la sensación de malestar cultural frente a la crisis de la civilización capitalista; y a partir de la revolución tecnológica del transporte comercial internacional y de la revolución del internet. En el Perú esta "revolución capitalista" presenta rasgos de movilidad social (fragmentación, segmentación), comunicaciones, problemas de representación social y política, desplazamientos sociales de poder (emergencia de nuevas subjetividades). Y a más participación política más oportunidades y nuevas demandas sociales, mientras que la mediocridad política actual se debe a la movilidad social (ascendente/descendente; individual/colectiva) y a la bancarrota de los partidos. Y todo esto sustentado, desgraciadamente, en una ideología educativa única: "educación para la efi ciencia", que crea nuevos estatus con base en el prestigio.


* Publicado en el suplemento Variedades, del diario El Peruano, N° 266, el 27 de febrero de 2012.


Políticos e intelectuales en el liberalismo del siglo XIX

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Por José Francisco Gálvez Montero

La historia constitucional peruana originalmente abordó el estudio de las Constituciones en el siglo XIX conjugándolo con la reconstrucción de las circunstancias que dieron origen al caudillismo, golpes de Estado y las llamadas primaveras democráticas, contemplando el desarrollo de las ideas políticas de manera complementaria. Felizmente, en las últimas décadas se ha producido un mayor interés en indagar acerca de la relación entre los debates y la doctrina, analizando la pervivencia o no de los modelos originales provenientes de occidente.

A mediados del siglo XIX, si bien identificamos la estabilidad política lograda bajo el liderazgo de Ramón Castilla y Marquezado, presidente de la República del Perú en dos mandatos con los ingentes recursos obtenidos por la explotación del guano, olvidamos que dicha estabilidad se debió además a la participación de actores sociales y políticos, entre los cuales se hallaban los exalumnos del Convictorio de San Carlos de Lima, regentado por el clérigo Bartolomé Herrera Vélez desde años atrás.

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Generación en la cual se encontraban: “ [...] Luciano y a Luis Benjamín [Cisneros], a los ilustres Gálvez,..., a Clemente de Althaus, a Ricardo Palma,..., a los poetas Adolfo García y Carlos Augusto Salaverry, a los García y García y a los ilustres conservadores Toribio Pacheco, Evaristo Gómez Sánchez, José Antonio Barrenechea y Pedro José Calderón, los más fieles continuadores del pensamiento del maestro, a sacerdotes de la talla de monseñor Sáenz o marinos como Camilo N. Carrillo”. Promoción que destacó en el Gobierno y en el Congreso contribuyendo a la renovación de la clase política, con sus debates y escritos.

A esta renovación se sumaron los abogados y docentes del Colegio Nacional de la Independencia Americana de Arequipa: José María Químper, quien destacó años después como miembro del Gabinete de los Talentos y, posteriormente, defensor del Congreso unicameral en la Constitución Política de 1867, y Francisco García Calderón Landa, quien destacó como parlamentario, ministro, presidente de la República y rector de la Universidad de San Marcos. Es a José María Quimper a quien se le atribuye la distinción entre el partido conservador, abanderado de la Constitución de 1839, y el liberal, “al cual consagré a la realización de su programa todas mis fuerzas, con el ardor y la tenacidad de mi carácter“.

Eran políticos identificados con el liberalismo doctrinario que en Europa refundó las instituciones demócratas de entonces, dejando al Estado su papel exclusivo de gendarme, para incluir entre sus fines a los sectores de educación, salud y trabajo, progresivamente.

La lectura de las obras de estos insignes parlamentarios denota la influencia de la época: Francois Guizot, Juan Donoso Cortés y Heinrich Arehns (en Bartolomé Herrera: "Notas al Comendador Pinheiro" (1848) y "Proyecto de Constitución" (1860); Félicité Robert de La Mennais y Paul Pradier Foderé (en José María Quimper: "Democracia" (1862) y "Liberalismo" (1881) y Heinrich Arehns y Joaquín Escriche (en Francisco García Calderón Landa: "Cuaderno de Derecho Natural, Público, Internacional y Canónico" (1855) y "Diccionario de la Legislación Peruana" (1860).

Obras que forman parte del acervo político, jurídico e histórico cuyo contenido revela la constante reflexión en resolver las contradicciones de la sociedad de antaño a partir de la pervivencia del orden y la vigencia de la libertad, insumos permanentes de la soberanía del pueblo.

Preocupación que en la actualidad la Universidad de Lima, a través del Instituto de Investigación Científica, ha asumido, impulsando investigaciones conducentes a comprender la complejidad en el desarrollo del país como la del proyecto: políticos e intelectuales en el liberalismo del siglo XIX: Bartolomé Herrera, José María Quimper y Francisco García Calderón Landa. Iniciativa que redundará en el análisis de la agenda política del Estado.


Por José Francisco Gálvez Montero es abogado y doctor en Historia (UCM). Especialidad en Historia del Derecho.

* Publicado en el suplemento Jurídica, del diario El Peruano, N° 394, el 14 de febrero de 2012.


Juzgar el pasado

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Ahora que se cumple el 50º aniversario del fin de la sangrienta guerra de Argelia, este país y Francia deberían examinar los actos cometidos en nombre de su propio Estado y su propio pueblo

Por Tzvetan Todorov


En marzo de 2012 se conmemora en Francia el 50º aniversario de los acuerdos de Evian, que terminaron con la sangrienta guerra de Argelia. Normalmente, en tales ocasiones, los países están deseando celebrar a sus héroes y llorar a sus víctimas, pero, cuando se trata de fechorías, preferimos estigmatizar las de los demás. En Washington se conmemora el holocausto de los judíos, pero no el exterminio de los indios ni la esclavitud de los africanos. Sin embargo, cabe preguntarse si no serían esas las conmemoraciones más útiles, las que nos permitirían no repetir los errores del pasado. En la historia francesa existen páginas negras similares, entre ellas la que se refiere al destino de los harkis, los habitantes locales que ayudaron al ejército francés durante esa guerra.

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En teoría, los harkis eran voluntarios, responsables de sus actos y las consecuencias de esos actos. En la práctica, la situación tenía más matices. Al principio eran sobre todo campesinos que se encontraron en medio de la tormenta de la guerra. Para algunos era una manera indispensable de ganarse el pan, puesto que el conflicto había interrumpido sus actividades tradicionales. Otros lucharon en el FLN, fueron detenidos, torturados y obligados a cambiar de bando, y trabajar para el ejército francés se convirtió en la única manera de salvar la vida. Otros, atrapados entre los militares y los rebeldes —unos les sangraban de día y otros, de noche—, buscaban para sí mismos y para sus familias la protección del único poder legal. También hubo quienes querían vengarse de las atrocidades sufridas a manos del FLN y quienes se regían por las normas de solidaridad familiar. Las adhesiones ideológicas (¡Por Francia! ¡Por la civilización!) fueron muy escasas.

En una palabra, la razón principal de su participación fue la propia guerra que asolaba su país. Fue el Estado francés el que los consideró imprescindibles para llevar a cabo una represión eficaz y les empujó a acosar a sus hermanos de sangre, lengua, religión y educación. Ese fue el primer delito que cometieron respecto a ellos. La situación colonial y la despiadada guerra de represión les dejaron pocas opciones.

La segunda canallada se produjo inmediatamente después de la firma de los acuerdos de Evian. Estos, como el Edicto de Nantes que puso fin a las guerras de religión en Francia, exigían que no se ejerciera discriminación en función de las opiniones y los actos anteriores de antes del alto el fuego. En Argelia, esta admirable receta se siguió durante varios meses. A partir de julio de 1962, se desencadenó una inmensa ola represiva, a menudo provocada por revolucionarios tardíos que querían probar su intransigencia. Los testigos hablaban de hombres enterrados vivos con la cabeza untada de miel, otros arrojados vivos a depósitos de cal o cemento, otros sumergidos en agua hirviendo en ollas, o quemados, o crucificados. A las mujeres que habían trabajado para el ejército las torturaron, las mutilaron, las violaron. El número total de víctimas es difícil de establecer, pero varios cálculos las sitúan entre 50.000 y 60.000 personas.

Estos sucesos, que eran previsibles, no se desconocían en Francia, porque figuran en los informes de los subprefectos que se quedaron sobre el terreno. No obstante, ya desde antes de que comenzaran las matanzas, las máximas autoridades francesas decidieron impedir que los harkis fueran a Francia. Unas órdenes secretas (hoy publicadas) exigían que se hiciera todo lo posible para impedir su huida y que se castigara a quienes intentaran ayudarles. A partir de abril de 1962, se proponen repatriar a los harkis que ya vivían en Francia; varios de ellos, que sabían lo que les aguardaba, se suicidaron arrojándose por la borda cuando el barco que les llevaba estaba en mitad del Mediterráneo. Les tocaba vivir aborrecidos por los argelinos que habían tomado el poder y rechazados por los franceses a los que habían aceptado servir. Esto no es una mera denegación de auxilio a una persona en peligro: es una manera vil de traicionar a quienes se habían confiado al poder existente en aquel entonces, el de Francia.

En el momento del regreso de los pieds-noirs, aproximadamente 90.000 harkis lograron instalarse en la metrópoli, pero no tuvieron una buena acogida. Y esa es la tercera falta cometida. Los colocaron en campamentos, apartados de la población, lo cual impidió cualquier posibilidad de integración, porque no estaban autorizados a salir. Se distribuyeron indemnizaciones proporcionales a los bienes abandonados en Argelia: la mayoría de los harkis eran campesinos pobres y otros no podían demostrar la existencia de ningún bien, de modo que no tuvieron derecho a nada. Más tarde, Francia los metió en guetos y prefirió olvidarse de ellos. La izquierda francesa, que se proyectaba en el FLN, los tachaba de colaboracionistas, y los gaullistas les despreciaban. La extrema derecha quería instrumentalizarlos al servicio de su causa y para demostrar la brutalidad del FLN, un argumento para defender la Argelia francesa. El Estado argelino seguía considerándolos traidores.

¿Cómo se explican estas decisiones de las autoridades francesas? Al principio, por la propia situación colonial, en la que una población ejerce el dominio sobre otra y, para conseguirlo, recurre a la fuerza. Después, por un racismo más o menos asumido: no todos los seres humanos tienen las mismas necesidades ni el mismo valor, por lo que se salva a unos y se abandona a otros. Y, además, por egoísmo colectivo: bastante cuesta ayudar a los amigos, ¡no vamos a ocuparnos también de unas personas que no tienen nada que ver con nosotros y que ni siquiera son héroes! Y es preferible olvidar lo antes posible a estos testigos de nuestras debilidades pasadas.

Los nacionalistas argelinos actuales se niegan a arrojar luz sobre las páginas más sombrías de su historia. Ahora bien, en lugar de darles unas lecciones que podrían producir unas consecuencias inversas a las que se buscan, cada uno podría intentar dar ejemplo, estar dispuesto a examinar los actos cometidos en nombre de su propio Estado y su propio pueblo.


Tzvetan Todorov es semiólogo, filósofo e historiador de origen búlgaro y nacionalidad francesa.

Fuente: Diario El País, de España (29/03/2012)


Historia e historiografía jurídicas

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Por Francisco José Del Solar Rojas

Son dos ciencias históricas diferentes pero complementarias. La historia (res gestae) es el conjunto de hechos trascendentes que va marcando la existencia de los pueblos, de las instituciones y de los hombres registrados en el pasado, apuntados en el presente y vistos al futuro, con sus causas y consecuencias.

Es oportuno dejar sentado, de una vez por todas, que la historia no se repite, porque nunca pueden darse los mismos hechos, empero, sí, hay hechos históricos que se parecen, tienen similitud, etcétera. De ahí que el concepto tan manido de que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla es solo una expresión metafórica que se acerca a la realidad de las sociedades. El planteo original del corsi y recorsi de Giambattista Vico (1668-1744), seguido por Benedetto Croce (1866-1952) y aplicado literariamente por George Santayana –Jorge Ruiz de Santayana y Borrais– (1863-1952), se encuentran en esta concepción.

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En cambio, la historiografía (historia rerum gestarum) es el estudio de la historia. Es escribir (grafía) la razón, objeto, causas y consecuencias del por qué de la historia, analizando, catalogando y compulsando las obras o libros que se hayan escrito sobre los hechos históricos. Aquí radica la diferencia fundamental con la historia. Mientras que esta se aboca a los hechos históricos en sí, la historiografía se centra en el estudio y elaboración documental existente o por hacer sobre los hechos históricos. En dos palabras: lo que se ha escrito sobre la historia.

INSTITUCIONES JURÍDICAS

En este marco de ideas, entonces, la historia e historiografía jurídicas están orientadas a las instituciones jurídicas que, sin duda alguna, son hechos históricos trascendentes en el momento de su creación, reforma o revocatoria. Ellas tienen y deben ser expresión de la realidad política, económica, social y cultural de la sociedad.

En este orden de ideas, el derecho debe responder incuestionable, inobjetablemente, a esta situación para que sea cumplido, acatado y satisfaga la demanda de las exigencias del pueblo. Por ningún motivo, debe haber o existir divorcio entre derecho y realidad. De esta armonía surge la institución jurídica. De ahí que cuando esta lación o unión es más sólida, la institución será más duradera y respetada, tanto en el ordenamiento jurídico de la nación como por la mayoría de los ciudadanos del Estado. Hay orden, justicia, seguridad y estabilidad jurídicas.

POTESTAS y AUCTORITAS

De lo anteriormente apuntado se pueden desprender los conceptos que debemos tener muy en claro para el cumplimiento del derecho en general y de las instituciones jurídicas, en particular: la potesta y la auctorita, y que el historiador del derecho debe analizar y apuntar causas y consecuencias para elaborar una historia veraz –o en lo posible– objetiva, lo cual ya plasmado en libro, posteriormente, será objeto de la historiografía jurídica.

De tal manera que la potesta es la fuerza del derecho otorgado por el pueblo, dado a la ley. Va de la mano con el poder, es impositivo. En otras palabras, es la potestad o voluntad del colectivo nacional –Estado– que basado en la legitimidad, en la soberanía popular, exige el cumplimiento y realización de sus aspiraciones en un marco armónico, esto es, un Proyecto o Acuerdo nacional –que lo tenemos desde 2002–, sin dejar de lado, obviamente, los intereses regionales y/o locales que deben ser atendidos oportuna y adecuadamente.

Esta concepción política ha sido fortalecida con el derecho humano a la consulta previa en las comunidades nativas y elaborada y materializada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el Tratado Nº 169. Sin duda alguna, la potesta o potestad se impone, se obliga, y solo mediante el diálogo y el consenso puede cambiarse, modificarse, etcétera.

En cambio, la auctorita es el reconocimiento adhesivo de la potestas, que validando las buenas razones, la ley justa, provoca adhesiones con abierto y decidido apoyo o respaldo de sus seguidores. El gran problema en sociedades con conflictos sociales es buscar el equilibrio entre potestas y auctoritas cuando las instituciones jurídicas no tienen un marco jurídico claro, objetivo, etcétera.

Por otro lado, es conveniente señalar que la potesta puede rendirse a la auctorita, cuando esta última es sumamente convincente, fuerte, goza del apoyo popular, de la justicia, de la verdad, entre otros. Por eso, los tratadistas otorgan a la auctorita un gran “prestigio social”, realidad que también recoge la historia del derecho y la historiografía jurídica en el objeto de su estudio.


Por Francisco José Del Solar Rojas es Doctor en derecho. Profesor de historia del derecho en la UIGV.

* Publicado en el suplemento Jurídica, del diario El Peruano, N° 395, el 21 de febrero de 2012.


Restauran y ponen en valor templo colonial San Pedro Apóstol de región Cusco

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ANDINA/DifusiónCusco, feb. 28 (ANDINA). La Dirección Regional de Cultura (DRC) de Cusco informó que hoy se entregará la obra de restauración integral y puesta en valor del templo San Pedro Apóstol, construido en el siglo XVII, en la provincia de Urubamba.

David Ugarte Vega Centeno, DRC de Cusco, indicó que los trabajos demandaron una inversión total de dos millones 589 mil 840 nuevos soles.

Dijo que se contó con la participación de profesionales de distintas especialidades como arquitectos, arqueólogos, ingenieros civiles, ingenieros electricistas y técnicos restauradores de obras de arte.

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“La restauración comprendió los cimientos, sobrecimientos, muros y la cobertura del templo, así como antiguos lienzos de la Escuela Cusqueña, hermosas imágenes escultóricas de santos y vírgenes, el altar mayor y los retablos”, remarcó.

Para la ceremonia de entrega de la obra está prevista la presencia del arzobispo de Cusco, Juan Antonio Ugarte Pérez, junto a las autoridades municipales del Valle Sagrado de los Incas, entre otros.

Previamente, se oficiará una misa a pedido de los pobladores de Urubamba que expresaron su agradecimiento por la conclusión de los trabajos.

Los archivos cusqueños indican que el obispo Mollinedo y Angulo, en carta del 8 de junio de 1696 dirigida al rey de España, informa sobre la construcción del templo de cal y canto de Urubamba, “obra de noble arquitectura que se debió, en gran parte, a los esfuerzos del cura doctor Martín de Rado Angulo y Velasco”.


Proponen que Perú busque acuerdo armonioso con España para devolución de monedas

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ANDINA/Rubén GrándezLima, feb. 27 (ANDINA). El embajador Hugo de Zela consideró hoy que el Perú debe buscar un acuerdo armonioso con España para conseguir la devolución del cargamento de monedas de oro y plata que la fragata Nuestra Señora de las Mercedes transportaba a la metrópoli cuando fue hundida en 1804, frente a las costas de Cádiz.

“En primer lugar tendríamos que entrar en contacto para buscar una forma armoniosa y cordial de resolver de Gobierno a Gobierno este tema”, dijo en declaraciones a Andina.

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El cargamento de monedas de oro y plata, valorizado en la actualidad en unos US$ 500 millones aproximadamente, fue extraído del Perú en la época del Virreynato, cuando las colonias americanas abastecían a la metrópoli de diversos productos.

De Zela señaló que está fehacientemente comprobado que las monedas fueron acuñadas en el Perú, por lo que es posible apelar la decisión de los tribunales estadounidenses que ordenaron la entrega del cargamento a España.

“En la eventualidad de que esto no resultara, se puede apelar a la Corte Internacional de Justicia para que intervenga en este asunto”, agregó.

En ese sentido, señaló que un reclamo ante instancias superiores “no lesionaría en lo más mínimo” la relación diplomática entre el Perú y España.

Refirió que no cabe mayor análisis sobre la propiedad de las monedas, porque su procedencia es evidente y, por lo tanto, le corresponde al Perú proseguir con su reclamo.

“En todo caso, el camino está expedito para apelar a fin de que esas monedas sean devueltas íntegramente al lugar de origen”, enfatizó.

Por su parte, el ex canciller Javier Arias Stella (1980-1983) expresó su confianza en que el reclamo peruano sea atendido debido a que se trata de un asunto de justicia.

“Yo creo que hay que hacer la pelea, son monedas peruanas y por lo tanto nosotros tenemos que reclamar, porque si no llegaban a destino tendríamos que haber enviado otro lote”, dijo.

La fragata Nuestra Señora de las Mercedes fue hundida en un combate con la flota inglesa el 5 de octubre de 1804.

El año 2007, la empresa estadounidense de búsqueda de tesoros “Odyssey” encontró los restos de la nave y rescató las monedas, hecho que marcó el inicio de una batalla legal con el gobierno español.

Tribunales de Estados Unidos le dieron la razón a España y ordenaron la entrega del cargamento, hecho que fue cumplido el último domingo cuando dos aviones Hércules del Ejército del Aire español trasladaron las monedas a la península ibérica.