Augusto B. Leguía (1863-1932)

Un día como hoy, hace 150 años, nació Augusto B. Leguía, presidente del Perú en dos ocasiones (1908-1912 y 1919-1930) y, en la actualidad, el centro de una polémica que investigadores, historiadores, políticos y periodistas parecen nunca llegarán a agotar. La segunda de sus presidencias, conocida como el Oncenio, fue una época de profundos cambios y transformaciones que terminaron por definirla a ella en sí misma y al nuevo Perú que emergía. Así, a siglo y medio de su nacimiento, de Leguía y el Oncenio lo único que se puede afirmar con certeza es que seguirán dando quebraderos de cabeza a los historiadores por un largo tiempo.

O tal vez no, habida cuenta de esa corriente de pensamiento (‘renovadora’ para unos, ‘revisionista’ para otros) que en nuestros días pretende negarle el carácter dictatorial al Oncenio (autoritario sí, dictadura no, parece ser la nueva consigna de una nueva casta de políticos e historiadores); o, lo que es peor aún, una corriente de interpretación que termina siendo demasiado complaciente con ambos en el entendido de que, pese a su carácter autoritario, logró resolver los problemas acuciantes que se le plantearon y que permitieron que el Perú diera, desde la Guerra del Pacífico, un paso hacia adelante (la ‘modernización’ del país de la que hablan sus hagiógrafos y que el propio régimen definió como la ‘Patria Nueva’). Una interpretación, sociológica, histórica o política, que, como bien se puede colegir, tiene sus implicancias y consecuencias en el presente. Así, hoy, en el sesquicentenario de su nacimiento, la biografía de Leguía (tanto para sus defensores como para sus detractores) es en realidad la biografía, la historia del Oncenio.

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Augusto Bernardino Leguía y Salcedo nació el 19 de febrero de 1863 en Lambayeque, en el seno de la elite terrateniente norteña. Y como miembro de ésta gozó de los beneficios y prerrogativas de una buena educación y una formación dirigida a ocupar su lugar, a su debido momento, dentro de la clase política y financiera que dirigía el país en el partido que la monopolizaba: el Partido Civil, enfrentado al Partido Demócrata. Pero antes de todo esto, se desempeñó exitosamente en el negocio azucarero y el de seguros que le granjearon una respetable fortuna. Cuando en 1919 las elecciones mostraron una vez la serie de irregularidades y fraudes dispersos que las caracterizaban, y un organismo electoral incapaz de conjurarlos, un pronunciamiento militar depuso a José Pardo y nombró a Leguía presidente para evitar que su triunfo fuera desconocido arguyeron (en su biografía de Leguía, René Hooper López hace un pormenorizado relato del juego de alianzas que tejió Leguía y cómo éste fraguó el ‘proceso revolucionario’ que lo llevó al poder). Era el inicio del Oncenio y de la degradación de la política a niveles y formas desconocidas hasta entonces.

De Leguía se ha dicho que “abrió el camino a nuevas clases medias, hasta entonces excluidas del circuito político”. El viejo Caylyle suscribiría, entusiasmadísimo, una afirmación como ésta. El crecimiento urbano, la emergencia de la clase media, la expansión ideológica son, en definitiva, moco de pavo y no la manifestación de las contradicciones de una sociedad que estaba emergiendo. Este mismo autor manifiesta que Leguía fue “un presidente ‘constructor’. Si uno revisa el siglo XX, hay tres presidentes que ‘construyeron’ el Perú: Leguía, Odría y Belaunde”. Debo creer que, al igual que el universo, estas obras o la odiosa ley de conscripción vial que las hizo posibles surgieron por generación espontánea y no porque respondieran a un esquema de modernización desde arriba donde los indios solo son útiles para el Estado (entiéndase, la Nación) si trabajan sin salario alguno (Mario Meza es quién mejor se ha ocupado de este tema, que al parecer desconoce el ilustre colega). Huelga decir, también, que esta ‘obra constructiva’ se basó en una serie de empréstitos que hipotecaron al país al capital norteamericano durante las décadas siguientes. Así, cualquiera.

Se ha mencionado también como ejemplo de su ‘sensibilidad social’ la legislación en ese sentido que dictó su gobierno. Hay quien incluso señala la Constitución de 1920 como ejemplo de ello, sin reparar, primero que ésta se promulga al inicio y no durante o al final del Oncenio y que el propio Leguía era poco afecta a ella por las limitaciones que le imponía a su proyecto personalista, y que a la larga terminó siendo letra muerta. Tanto así que no tuvo ningún reparó en reformarla hasta en dos ocasiones para reelegirse en 1924 y re-reelegirse en 1929. Además, la creciente urbanización propició la emergencia de un proletariado que difícilmente hubiera podido pasar desapercibido y mucho menos mantenerse dócil e impasible en el cambiante escenario político como efectivamente ocurrió. Así, el llamado ‘constitucionalismo social’ de Leguía no es tal: fue la forma que encontró para acabar con su antiguo enemigo político, la oligarquía civilista.

Pero donde mejor se aprecia este nuevo afán de ‘renovar’ la imagen de Leguía es en la solución de los conflictos fronterizos que emprendió el Oncenio y que es el caballito de batalla por excelencia de sus defensores como el acuerdo con el Ecuador lo es ahora para los fujimoristas. El arreglo fronterizo logrado con Colombia (el Tratado Salomón-Lozano) significó la pérdida del trapecio amazónico, del mismo como el Tratado de 1929 con Chile significó el de Arica. Es decir, la cesión territorial como fórmula del éxito. ¿Dónde he leído eso antes?

Herido de muerte por la crisis económica mundial que estalló en 1929, el final de Leguía y el Oncenio llegó en 1930 de la misma manera cómo había empezado: con un golpe de estado. Inhumana e innecesariamente maltratado al final de sus días, la crueldad con que Leguía pasó sus últimas horas en prisión ha hecho que sus herederos intelectuales exijan el olvido de sus tropelías como una forma del trato más humano que en su agonía no recibió y que su imagen histórica puede y debe recibir. Al diablo el clientelaje y la corrupción que caracterizaron sus decisiones de Estado, el nepotismo tan vergonzoso como flagrante, las persecuciones de sus enemigos políticos, la compra en contante y sonante de sus adversarios, el amedrentamiento de la prensa (a punta de balazos si era necesario), la genuflexión bien remunerada e ignominiosa del Congreso, el endeudamiento suicida del país, el exilio y deportación de los disidentes (como ocurrió con su propio pariente Germán Leguía y Martínez). Como dijo Haya de la Torre, Leguía fue el presidente más grande del siglo XX, un visionario de la modernidad y eso es lo único que debe importarnos a la hora de hacer el balance de su gobierno, ¿no?

Pero del mismo modo que la Historia no es un tribunal de Justicia, tampoco es un purgatorio para las ánimas políticas en pena. Mucho menos una escuela de pragmatismo.

Pensemos, por ejemplo, en el reciente triunfo electoral del presidente Rafael Correa en Ecuador, su segunda re-reelección con un abrumador 56% de los votos. No hay que estar de ningún lado de las dos orillas para percibir el carácter autoritario de un régimen que ha copado todas las instituciones del estado de manera casi omnímoda para perpetuarse en él. Como tampoco se puede negar el hecho de que lo ha hecho ‘democráticamente’ y con la anuencia y aplauso de la ciudadanía, empresariado, instituciones y una débil y fragmentada oposición política que celebran cómo el país progresa. Pero hay que convenir que se tiene que ser escaso de luces para creer que las fallas del sistema, que convierten en democrático todo atisbo de eficiencia, lavan el pecado original del autoritarismo, que seguirá siendo eso pese a sus cifras y resultados económicos.

Una situación que no nos es ajena del todo. Hace apenas unos días, durante unas conferencias sobre conservadurismo y el liberalismo en nuestra historia política, oí a un joven universitario (docente o estudiante de docencia para mayor espanto) decir sin ningún empacho que “el autoritarismo era un mal necesario”. Por supuesto, lo dice quién goza de los beneficios de la democracia liberal para pensarlo y decirlo. No están en discusión para él y muchos como él los derechos económicos y sociales de una gran parte de la población (como el de las comunidades campesinas, por ejemplo), ciudadanos de segunda o tercera categoría por oponerse al desarrollo del país. Por qué sorprendernos que ahora, desde políticos hasta historiadores, convengan en lo mismo si de lo que se trata es de ser prácticos y eficientes en política. Y la mejor manera de entronizar esta ‘practicidad de la política’ en el discurso histórico es ‘renovando la imagen distorsionada’ que la historia ha venido ofreciendo de Leguía y el Oncenio hasta ahora.

Fernando de Trazegnies, uno de los que más pregonan la revisión de la historia como una forma de pragmatismo político, escribió recientemente: "Uno de los mayores crímenes contra la historia –y, por consiguiente, contra el progreso– es falsearla por razones políticas [...] la Historia seria no toma partido respecto al pasado, no lo aplaude ni lo condena; simplemente lo coloca objetivamente dentro de su contexto”. Fernán Altuve, historiador y político, por lo menos es más claro en ese sentido: "Una aproximación simplista al régimen de Leguía lo identificaría como una mera dictadura personalista. Un análisis más atento podrá observar que detrás del gobernante del Oncenio hubo un ideario muy definido [...] que se puede resumir en su famoso lema: ‘orden y progreso’”.

Pragmáticos por encima de todo, hemos vendido nuestra primogenitura por un plato de lentejas bien sazonado y servido con autoritarismo eficiente y cumplidor. El resto, es solo palabrería barata. O como decía el viejo general: obras y no palabras.

Esa es la auténtica herencia de Leguía. O de los pragmáticos de nuestra política.


1 comentario:

  1. Acabas de darme un motivo para un post de mi blog. Más claro y más lúcido sobre Leguía no has podido ser.

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