Una señora de buenas intenciones

Días atrás un grupo de furibundas feministas se lanzó a protestar contra el jefe de la Iglesia católica belga, el arzobispo André-Joseph Léonard, de la manera más efectiva que encontró para herir la sensibilidad del religioso: a pecho desnudo. Conscientes de que ni un puñetazo, mucho menos un tortazo (que ya antes recibió), hubiera surtido más efecto que sus exuberantes y turgentes senos blandiéndolos contra el rostro del arzobispo, las féminas consiguieron lo que buscaban: publicidad para su causa y el fastidio del religioso. Lo que pocos saben, y muchos se olvidaron de mencionar, es que el sacerdote en cuestión es todo un personaje. Un hombrecito de esos que avergüenzan a la iglesia o confesión que representan y al país de donde proviene.

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Sus polémicas declaraciones sobre el sida, la pedofilia y la homosexualidad no solo lo han enfrentado con diversos colectivos de su país, sino con el sentido común también. Léonard ha comparado a la homosexualidad con la anorexia, con lo cual le dijo a muchos que están enfermos; no contento con eso, también afirmó públicamente que el sida es "una especie de justicia inmanente" a quienes lo padecen (este cura es tan tonto o torpe que no sabe que hay personas -niños entre ellos- heterosexuales que padecen de sida por culpa de una equivocada transfusión); también ha dicho que las personas divorciadas no deben desempeñarse en la dirección de escuelas católicas, mucho menos enseñar religión (con lo cual resiente el derecho al trabajo de una parte de la población mundial). La cereza del pastel ha sido su desacertado consejo a las autoridades de su país y del Vaticano de que no se juzgue a los curas ya retirados acusados de pedofilia. (Intuyo que piensa que nada ni nadie debe perturbar el retiro de esos venerables criminales).

¿En qué se diferencia este arzobispo de un mulá musulmán que predica la sumisión de la mujer hasta reducirla a un objeto o del judío ortodoxo que segrega a las niñas en las escuelas? Pues en nada. Están cortados por la misma tijera retrógrada y oscurantista que ha envilecido el sentido de la religión y apadrinado los crímenes más vergonzosos en la historia de la humanidad en nombre de un Dios que, supuestamente, celebra sus actos. Dicho de otro modo, este sacerdote es tan ardoroso defensor de su fe que se ciega ante lo evidente y confunde una cosa con otra. Uno de esos que suele referirse a lo oscuro como blanco. Y viceversa.

La última prueba de esta desaforada defensa de la fe ha sido la cuestionada decisión de la presidenta del Concytec, Gisella orjeda, de prohibir las imágenes religiosas en sus ambientes. Se han ido contra la pobre mujer con la misma saña y vigor como del que fue víctima un escritor hace meses que osó criticar otro estandarte sagrado de la identidad peruana: la gastronomía. Y no hay estandarte, vaca o tótem más sagrado e intocable en este país que la Iglesia Católica. Ojo, la Iglesia, no la religión, dos cosas completamente distintas.

La confusión y el escándalo provienen, entiendo, de que la opinión pública ha entendido que la señora va a ir por los pasadizos y oficinas del Concytec requisando estampitas y rosarios, además de crucifijos y relicarios, a sus empleados para hacer efectiva su decisión. Pero en realidad lo que la señora ha decidido, acertadamente, es retirar las imágenes religiosas de los ambientes de ese organismo, dos cosas también completamente distintas. Tan distintas que no entiendo cómo pueden algunos alegar la violación del derecho constitucional a la libertad religiosa. Mucho menos, como sostiene una persona de las altas calidades humanas como el padre Gastón Garatea, denunciar una persecución religiosa. En realidad lo que persigue esa decisión es velar por la libertad religiosa de todos los empleados, no solo la de los católicos.

Porque, aunque suene a una perogrullada repetirlo una vez más, aquellos que reclaman el derecho a expresar su credo religioso libremente, de igual manera espero que defiendan el de un musulmán, un judío o un cristiano ortodoxo a expresarlo en sus centros de trabajo sin hacer ningún mohín de asco o sorpresa. Por supuesto que si esto prosperara, nuestras oficinas públicas serían santuarios de todas las confesiones que tan profusamente pululan hoy en día, antes que centros laborales propiamente dichos. No faltará algún avispado que, con el mismo derecho (jurisprudencia, le dicen) podrá reclamar exhibir sus símbolos partidarios o hasta deportivos en el nombre de su libertad de expresión y opinión.

Por supuesto, llegar a esto último es una exageración como también lo es calificar la decisión de la jefa del Concytec de estalinista, pro soviética y hasta totalitaria. Pero, ¿quiénes son los totalitarios, quienes los extremistas de la fe?

En un Estado laico no debe haber imágenes religiosas, sea de la confesión que sea, en las entidades públicas por la sencilla razón de que el Estado no puede ni debe promover ni prohibir creencia religiosa alguna. Así de sencillo. Ese es el espíritu de la norma que inspira la decisión de la señora Orjeda. Una lástima nomás que el mismo se haya perdido en unas disquisiciones teóricas sobre religión y ciencia que han originado, a mi modo de ver, toda esta confusión (un poco más y su correo competía en originalidad con el texto de la sentencia del juez Maison Urbina en el caso de La Parada que cita como fuente jurídica a Sancho Panza).

Por cierto, ayer alguien me reparó en el sentido de que un Estado laico es solo aquel en el que la Iglesia no se inmiscuye en la política, en los asuntos públicos, y no el que se involucra en las creencias personales de los individuos. Craso error. Y grandísimo porque el primer religioso en meter sus narices en los asuntos públicos del país es nuestro purpurado. Cada homilía suya en favor del indulto a Fujimori, por ejemplo, es una descarada y flagrante declaración política aunque la quiera contrabandear como un compasivo llamado a la misericordia. Así, el primero en arrasar con el concepto de Estado laico es el propio jefe de la Iglesia católica peruana.

Y también es un error creer que estamos en un Estado auténticamente laico cuando este otorga privilegios a la Iglesia Católica que otros credos no gozan (sueldos y pensiones de la jerarquía católica –Cipriani es el primero de la lista-, construcción y reconstrucción de templos católicos, exoneración de impuestos y tributos a las donaciones católicas, pago de sueldos a los profesores de colegios privados católicos, financiación del obispado castrense católico para evangelizar a las fuerzas armadas, etc.). Como dice la citada señora en otro comunicado aclarando su decisión: “La verdadera libertad de culto promovida por el Estado pasa por respetar todas las confesiones por igual. No podemos dar preferencia a ninguna”. Que se lea y entienda bien: a ninguna.

Así, resulta más escandaloso no denunciar estos privilegios y sí una decisión que busca defender “el derecho de cualquier ciudadano y de ellos mismos a profesar una religión libremente”. Pero en sus casas, en su ámbito privado.

Lastimosamente, la mayor desgracia de la humanidad es la incapacidad que tiene de ponerse en el lugar del otro.


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