300 historiadores exigen al Gobierno que libere 10.000 documentos del franquismo

En octubre de 2011 los historiadores se frotaban las manos ante la inminente desclasificación de 10.000 documentos militares de los años 1936 a 1968. Estos archivos contenían información sobre. Defensa se niega y argumenta que publicar los papeles, que van de 1936 a 1968, «dañaría la relación de España con terceros países»

Por David Valera

En octubre de 2011 los historiadores se frotaban las manos ante la inminente desclasificación de 10.000 documentos militares de los años 1936 a 1968. Estos archivos contenían información sobre órdenes de batalla y movimientos de tropas durante la contienda civil, la actuación española en la II Guerra Mundial o la colaboración militar entre la dictadura franquista y EE UU a mediados de los años 50. Sin embargo, con la llegada del PP al Gobierno, esa publicación se paralizó en aras de la seguridad del Estado. Ahora, 300 investigadores reclaman en una carta dirigida al presidente del Ejecutivo que «desbloquee» la desclasificación de esos archivos prevista para hace dos años y que los propios documentalistas del Ministerio de Defensa avalaron como «un patrimonio documental de gran interés para los historiadores».

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«Están haciendo el ridículo. Creo que esta decisión es producto de la ignorancia y el miedo. La desclasificación es normal en países democráticos», asegura el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid Carlos Sanz, quien recuerda que los técnicos del Ministerio ya dieron su beneplácito a hacer públicos estos archivos de la Guerra Civil y el franquismo por «no constituir riesgo real alguno para la seguridad del Estado» en su informe de 2011. Sanz explica que solo la convocatoria de elecciones anticipadas -con el Gobierno en funciones- impidió que esa recomendación se aprobara.

Sin embargo, el nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, para sorpresa de los propios historiadores, paralizó la desclasificación de los miles de documentos esgrimiendo la seguridad del Estado como argumento. Desde su departamento aseguran que no han paralizado nada porque nunca se llegó a aprobar la desclasificación. Además, insisten en que si esos papeles vieran la luz, a pesar de referirse a hechos acaecidos hace siete décadas, «podrían dañar las relaciones de España con terceros países». Una decisión que los investigadores consideran absurda si se tiene en cuenta que mucha de la información que aún es secreta en España los especialistas ya la conocen debido a la desclasificación de otros países. Y es que en Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania, la ley marca un límite de 30, 50 o 75 años -en función de la sensibilidad del contenido- para desclasificar un documento. Algo que no ocurre en España, donde la ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, no establece ningún plazo para la desclasificación. La decisión corresponde al Consejo de Ministros.

Sobornos

«Nos conformamos con la transparencia en la documentación histórica», asegura Sanz. El investigador destaca el contraste entre el oscurantismo imperante en España con la reciente desclasificación en el Reino Unido de documentos en los que se detallaban los sobornos del MI6 -la Inteligencia británica- a algunos generales franquistas para evitar la participación española en la II Guerra Mundial.

Tras dos años reclamando al Ministerio una solución, los investigadores de un centenar de instituciones académicas de 17 países, encabezados por el profesor Sanz y agrupados en el foro académico H-Spain, han decidido dar un paso más y enviar una carta al presidente del Gobierno, a los ministerios afectados y a los grupos parlamentarios para denunciar la situación. La misiva está firmada por 300 historiadores, algunos de gran talla internacional como Jean-Marc Delaunay, Helen Graham o Ángel Viñas.

Pero, ¿qué ocultan esos 10.000 archivos para ser considerados secreto de Estado? «No creo que exista ningún documento revolucionario que vaya a cambiar la historia del país. Pero sí contendrán detalles para comprenderla mejor», asegura Sanz.

Algunos documentos recogen información sobre la actuación española en la II Guerra Mundial, como dotaciones de buques de guerra italianos y alemanes en puertos españoles. Según la propia clasificación de los técnicos del Ministerio, entre los archivos había informes que hacían referencia a las medidas de la dictadura franquista durante la posguerra para protegerse de una posible invasión desde los Pirineos. Así, se enumeran documentos sobre programas de alarma, evacuación y defensa de los Pirineos de los años (1949-1955) o informes de entrega de material aéreo norteamericano en 1955, cuando España dejó a un lado el aislamiento internacional y se convirtió en un aliado de Washington en la lucha contra el comunismo. Los documentos más recientes hacían referencia a la actuación del Ejército del Aire con motivo de la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968.

Información «reservada» sobre el Siglo de Oro español

La falta de transparencia de los archivos históricos no solo afecta a documentos militares. Sorprendentemente, también hay papeles diplomáticos del siglo XVI al XX que fueron declarados secretos por el Gobierno en 2010. Los historiadores denuncian que el Ministerio de Asuntos Exteriores cerró el acceso a su Archivo General en septiembre de 2012 y que «dispersó» sus fondos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración sin previo aviso a los investigadores, lo que dificulta enormemente la consulta de los documentos. Además, según el profesor Sanz, los funcionarios de esos centros están «desbordados» por la ingente cantidad de documentos recibidos.

«Llevamos dos años de trabas y nos tememos que sean cuatro o cinco más», explica Sanz. Esto significa que si los historiadores quieren acceder a documentos diplomáticos del reinado de Felipe II deben iniciar un trámite burocrático muy arduo. Hasta el mítico archivo del Vaticano -asegura Sanz- permite consultar sin impedimentos documentos fechados hasta la II Guerra Mundial. Por ello, los investigadores solicitan que se aclare el paradero de esos documentos y que España cumpla los acuerdos internacionales ratificados en materia archivística como el Convenio del Consejo de Europa.


Fuente: La Verdad de Murcia (12/7/2013)


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