Pronunciamiento del IDL: Atentado contra la democracia

Hoy los peruanos y peruanas hemos sido testigos de cómo la componenda política y los apetitos partidarios han socavado la institucionalidad de dos de los organismos constitucionales más importantes del país para la defensa de los derechos humanos y el control del poder.

La seguidilla de irregularidades como los audios publicados recientemente no dejan duda de la repartija política de la elección. Además, el secretismo cómplice de todo el proceso, la violación de normas constitucionales y legales que rigen el procedimiento y el perfil para la elección de tan altos cargos, y el indignante pacto infame entre las bancadas políticas que estuvieron presentes en la votación, no puede de ninguna manera quedar impune.

Los congresistas así como las bancadas que han incurrido en ello deben asumir sus responsabilidades políticas y legales ante el parlamento y el país. Asimismo, el presidente Ollanta Humala, líder político de la bancada mayoritaria, ha hecho gala de un doble discurso, cuestionando públicamente y, por otro lado, alentando sin matices una composición ética y profesional contraria a lo que mínimamente se requiere en estas instituciones. Esta actitud presidencial ha sido el principal aval para esta ruptura que advierte de graves riesgos.

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A partir de hoy el Tribunal Constitucional se dedicará a defender intereses políticos partidarios y en ese escenario literalmente todo puede suceder y todo se puede negociar. Entonces, las dudas se reeditan frente a la posibilidad de la postulación de Nadine Heredia, la libertad de Antauro Humala, la libertad de Alberto Fujimori y otros temas que el propio Presidente de la República catalogó de sensibles y que hoy podría buscar resolver, a través de sus operadores sobre la base de este negociado. Eso en la práctica significa, que el régimen que dijo que iba a combatir la corrupción, termina otorgando cuotas de poder que no tenía.

Lamentamos también que Constitucionalistas con trayectoria democrática y prestigio profesional como Francisco Eguiguren y Ernesto Blume, acepten compartir un colegiado con Rolando Souza, el principal defensor de la dictadura Fujimorista, que defenestró a magistrados dignos como Manuel Aguirre Roca, Rey Terry y Delia Revoredo, por actuar en defensa de la democracia.

Lo mismo ha sucedido en el caso de la Defensoría del Pueblo, que coincidentemente hoy aparece en una encuesta como una de las instituciones mas legítimas. La presencia de Pilar Freitas en la Defensoría del Pueblo, no es garantía de idoneidad ni de independencia, sino más bien genera dudas razonables de que terminará partidarizando su accionar, no tendrá la autoridad para exigirle a otros funcionarios un buen comportamiento, y defenderá a su lider en los graves cuestionamientos que, con razón, le vienen haciendo.

Además, es una clara muestra del menosprecio a los sectores menos favorecidos del país y a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que ahora contemplan con horror, al igual que los sectores democráticos, la paradoja burlesca que personajes tan cuestionados hayan sido llevados al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo. Y eso, nada más y nada menos, que a los diez años de emitido el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que exigía, muy por el contrario, el fortalecimiento institucional.

En ese sentido, hacemos un llamado a los sectores democráticos para que exijan responsabilidad de estos actos y defiendan por las vías democráticas la institucionalidad en el país.


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