Eduardo Cáceres: “Es un escándalo el poco avance de las exhumaciones”

Por Jorge Moreno Matos

Eduardo Cáceres, filósofo y ex director de Aprodeh, conversó con Noticias SER y dio sus alcances sobre el significado de los diez años de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) y las tareas pendientes que este documento aún nos plantea.

¿Los procesos judiciales por violaciones de derechos humanos es la gran tarea pendiente diez años después de la publicación del IF-CVR?
Creo que hay dos planos a considerar en el asunto de los pendientes que deja el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Hay un plano más estructural, de fondo, y otro más inmediato. En este segundo plano creo que hay dos grandes asuntos pendientes. Uno de ellos es el de la judicialización, que tras un primer momento en que se avanzó con relativa rapidez en términos de abrir los procesos, que el Ministerio Público inicie las investigaciones, se ha ido poniendo más lento, en primer lugar, luego entrampándose y, finalmente, produciendo una serie de resoluciones escandalosas según han denunciado los abogados de los organismos de derechos humanos que ven estos casos.

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Pero ¿hubo avances en la judicialización?
Ciertamente la excepción son los casos que se desarrollaron en relación a Montesinos, el Grupo Colina y el propio Fujimori, que tuvieron un desenlace positivo para el movimiento de derechos humanos, para las víctimas y los familiares de estos. Pero esto se debió, en mi opinión, más que a un cambio profundo en la mentalidad, en la forma de juzgar las cosas de parte del Poder Judicial y el Ministerio Público, a la enorme presión social, mediática y política que rodeó estos procesos. Si nosotros ponemos a un costado los procesos que tienen que ver con las violaciones de derechos humanos atribuidas directamente a Montesinos y a Fujimori, las sentencias que se han obtenido en los otros casos han sido la mayoría negativas.

¿Por qué razón existe esta doble medida?
Uno de ellas tiene que ver con que los jueces están aplicando criterios absolutamente contrarios al derecho penal. Están negando el asunto de la prueba indiciaria, un asunto clave en estos casos complejos; están negando el tema de la autoría mediata. Incluso se ha llegado al extremo de negar a los familiares la calidad de testigos por la consideración de que tienen interés en el caso, como ha señalado la Dra. Gloria Cano de Aprodeh. Esto es francamente inaudito, inaceptable.

¿Qué otro tema estaría pendiente?
Un tema pendiente es el de los desaparecidos. Es un escándalo el poco avance de las exhumaciones. Según datos oficiales, el Perú tiene una lista consolidada de alrededor de 16,000 personas desaparecidas, cuyos casos están claramente documentados. Por otro lado, en el Perú tenemos más de cinco mil lugares de entierros clandestinos que fueron identificados, en primer lugar, por la Comisión de la Verdad y cuyo número ha crecido por el trabajo de denuncia de familiares y organizaciones de derechos humanos.

¿Pero se han realizado exhumaciones?
A la fecha se han producido escasamente poco más de dos mil exhumaciones, en las cuales han sido identificadas alrededor de 1,100 restos que han sido entregados a sus familiares. Si sobre este universo de 16,000 en diez años se han exhumado apenas 2,000 cuerpos, estamos hablando de un proceso que para culminar tardará por lo menos 80 años. Es francamente escandaloso porque se trata de casos que no solo están documentados, sino que se trata de lugares que están identificados y que no están siendo atendidos por la ausencia de un Plan Nacional de Búsqueda de personas desparecidas y de investigaciones antropológicas y forenses.

¿Por qué, luego de transcurrido este tiempo, no contamos en el Perú con un Plan de Búsqueda de desaparecidos?
Es un problema de voluntad política. Yo creo que hay quienes piensan que atender este reclamo, que no solo es jurídico sino humanitario, es mantener en primer plano, el tema de las violaciones derechos humanos y por lo tanto es inconveniente para quienes apuestan por ir diluyendo el tema, generando un clima de olvido e impunidad. Yo no creo que haya otra explicación para esta gravísima omisión por parte del Estado en el tema de los desaparecidos.

¿Desde esta perspectiva, cuáles son los logros concretos del IF-CVR diez años después?
Yo creo que el gran logro del IF-CVR es haber establecido un antes y un después en relación a qué pasó en las décadas previas en el tema de los derechos humanos. Al margen de las opiniones a favor o en contra, de las controversias muchas veces interesadas, esto se ha convertido en un tema recurrente e inescapable en la agenda política nacional. El tema de los derechos humanos ha ganado una enorme legitimidad en el país, más allá de las opiniones de tal o cual sector, tal o cual actor político.

¿Por qué lo afirma?
Yo he revisado una serie de encuestas sobre la CVR y he constatado que en momentos de campañas intensas contra ellos, la opinión pública mantuvo un 40% de aprobación en algunos temas centrales; y en otros momentos, cuando se expuso los casos más graves, una clarísima mayoría, casi dos tercios de la opinión pública coincidía con las conclusiones y recomendaciones del Informe. Este es un cambio sustantivo y una nueva expresión cultural que se ha expresado en enorme movilizaciones ciudadanas. Creo que a pesar de todos los problemas que tiene el campo de la judicialización es indudablemente un logro que esos procesos estén en curso.

¿Por qué lo dice?
Porque si comparamos lo que significan los procesos judiciales aquí en el Perú con otros similares que deberían estar en curso en otros países nos daremos cuenta que la diferencia es abismal. Eso dice mucho a favor del Perú y bastante en contra de esos países. La realidad es que, con la excepción probablemente de Argentina, el Perú es un país en el cual se han iniciado de judicialización cuyo destino es incierto a estas alturas, pero es un cambio. En relación con las reparaciones en el país, existe una institucionalidad que se ha ido construyendo como la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, el Consejo de Reparaciones, el Registro Único de Víctimas, la existencia de programas muchas veces anunciados y nunca ejecutados, pero que por lo menos demuestra una primera intención en relación con salud, educación. Yo creo que hay una serie de amenazas sobre estos avances, pero lo importante es que existe una sociedad mucho más sensibilizada frete a estos temas.

Sin embargo, usted ha dicho que existe el riesgo de que todo lo que se planteó en el IF-CVR quede nuevamente en el olvido ¿Por qué?
Estamos en un año crucial. Una posibilidad es dejar que todo entre en una pendiente de paulatina dilución y de acumulación de sentencias absolutorias. Pero lo que puede suceder es que logremos, con el impacto de este décimo aniversario, articular una amplia coalición de fuerzas que garantice el cambio de comportamiento de los fiscales, la actitud del estado frente al tema de los desaparecidos y las exhumaciones, y acelere y complete los programas de reparaciones que hoy adolecen de un mayor dinamismo.


Fuente: Noticias SER.pe (21/8/2013)


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