El Perú necesita una nueva Ley Universitaria

Por Manuel Burga | Historiador y docente universitario

El lunes 9 de diciembre, en medio de pequeños alborotos, de congresistas que entraban y salían de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, de fujimoristas y apristas que se negaron a firmar, finalmente se aprobó el dictamen de la nueva Ley Universitaria, quedando listo para pasar al pleno del Congreso de la República. La intención de esta norma, en tanto producto de congresistas que cumplen una función pública, debe ser, como el mismo Daniel Mora lo ha expresado rotundamente, responder a las necesidades que el país tiene para promover el ritmo de crecimiento, salir del modelo económico primario exportador y aún alcanzar el ansiado desarrollo sostenible.

Todos los peruanos apreciamos la importancia de la educación. Seguramente todos recuerdan lo que decían nuestros abuelos, “la educación es la mejor herencia que se deja a los hijos”. En mi caso, que asistí a instituciones públicas en los años 50 y 60, el esfuerzo de mis padres fue hacer la mejor elección, sin importar si se encontraba a 800 kilómetros del hogar. Hasta inicios de los años 60 la universidad pública era un lugar de encuentro de las diversidades del país, pero, a partir de entonces, con el desarrollo de las universidades privadas y la politización de las públicas, esta situación cambió diametralmente. Los sectores medios comenzaron a alejarse de las instituciones públicas, optaron por las privadas, retomando ese nocivo legado colonial de crear sus propios nichos sociales para “vivir separados”.

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Mis hijas, contrariamente a mi experiencia educativa por este enorme cambio, asistieron a universidades privadas porque así lo decidieron. No me sorprende ahora saber que las familias peruanas, en promedio, invierten el 13% de sus ingresos familiares en la educación superior de sus hijos. Incluso me parece un porcentaje modesto, ya que en mi caso –y el de muchos otros conocidos– el porcentaje era mucho más significativo. Tampoco me extraña que en el caso de Chile y Colombia sean el 7% y el 8%.

La razón, se indica, es porque sus instituciones públicas educativas son de mejor calidad. Este porcentaje se debe reducir considerablemente si tomamos familias francesas, alemanas e inglesas, que muy probablemente destinen menos del 7% de sus ingresos familiares a la educación superior de sus hijos. Nuestros abuelos tenían razón, ellos y nuestros padres, así como nosotros, no pensamos tanto en esos porcentajes, sino en buscar una educación de calidad, que forme a nuestros hijos como personas y como ciudadanos útiles.

¿Por qué nuestros gobernantes, entre 1960 y 1990, abandonaron la educación pública y apostaron por la privada? ¿Por qué no actuaron como nuestros abuelos y padres que invirtieron sin esperar casi nada a cambio para ellos, sino solo con la esperanza de un futuro mejor para todos? Digo esto porque entre en esas décadas la universidad pública retó al Estado, criticó a la sociedad existente y fue pasto de la politización y de propuestas educativas que pretendían formar casi exclusivamente militantes para la transformación del país, dejando de lado el modelo de universidad como comunidad de alumnos y docentes para el aprendizaje y la investigación.

El Estado peruano de estos años, como el viejo Estado oligárquico, abandonó a la educación superior universitaria con la Ley Nº 23733 y la dejó caer en una vorágine llamada “Córdoba tardío”, que hizo que San Marcos tuviera cinco rectores entre 1985 y 1990 y que, finalmente, Patria Roja se apropiara del gobierno sanmarquino y motivara una intervención en 1995. Ahora, con el actual dictamen, el Estado, creando un sistema y un órgano regulador, pretende reasumir su responsabilidad con la educación superior universitaria. La ausencia del Estado derivó en una suerte de multiplicación aberrante de universidades públicas y privadas que ahora, lógicamente, levantan su voz de protesta.

¿Qué hacer entonces? Por más que el congresista Daniel Mora haya resguardado la coherencia, muchos en su comisión hicieron aportes personales que derivaron en una norma que se debe revisar, concordar sus artículos afines, superar las ambigüedades y apuntar verdaderamente a la creación de una universidad de calidad, que investigue, que forme buenos profesionales, ciudadanos responsables y personas con valores. Devolver la calidad a la universidad pública en el Perú es la meta y casi una obligación moral para la nación si queremos un país democrático y con equidad para todos.


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