A propósito del DL 1198

Al texto del doctor Juan Pablo de la Puente se le pueden hacer varias observaciones, pero yo le hago esta: sin ser experto en el tema, sigo convencido que el Decreto Legislativo 1198, con todo lo bienintencionado que puede ser, disimula bastante mal la manera en que el Estado renuncia a su función de conservar, preservar y poner en valor los monumentos arqueológicos del país (del mismo modo como renunció y renuncia a muchas obligaciones en el campo de la salud y la educación, por mencionar dos ejemplos bastantes notorios), para dejarle ese papel a la empresa privada. Si como dice, el "potencial desarrollo" de los 378 monumentos arqueológicos de Lima es tan atractivo como inmenso, resulta un contrasentido que el Estado no sea el primero en aprovecharlo para estimular el turismo, la imagen del país y el desarrollo de las comunidades vinculadas a ellas. No, el Estado elige dejarle esa tarea y aprovechamiento a privados, convencido como está que este sector trabaja mejor que el público (lo cual dice mucho de la pobre opinión que tiene de los organismos y el personal que trabajan para él cumpliendo estas funciones). Pero por supuesto, esto no es así. El DL en cuestión es un disimulado y tímido intento de privatizar ese sector, como lo ha privatizado todo un Estado que se ha empeñado durante años en satanizar al sector público y privarlo de los recursos necesarios para hacer mínimamente bien su trabajo. Así que estemos atentos a los resultados no ahora sino dentro de diez años, cuando los resultados de esta decisión nos lleven a otro escenario muy distinto al de hoy y lo que creemos que no sucederá, ocurrirá entre aplausos y congratulaciones: un Estado cuya única función sea, tal vez, la de cobrar los impuestos; en tanto la salud, la educación y la cultura será un asunto estrictamente de negocios privados. Así de simple. (Por cierto, ¿en dónde dice la Carta de Burra de 1999 la conveniencia de ceder a privados los monumentos arqueológicos de un país para el logro de los objetivos que ese documento propone?).


1 comentario:

  1. Creo que aquí hay una cuestión ideológica como telón de fondo, tanto en quienes desarrollan esta norma como en sus detractores. Esto, en sí mismo, no tiene nada de malo, al contrario, da la oportunidad de enriquecer puntos de vista sobre el meollo de esta oposición: ¿Cuál es el papel o función del Estado?

    Por una parte hay quienes creen que todo lo "estratégico" (otra discusión ideológica) o ventajoso económicamente debe ser asumido por el Estado. Esta es una visión de entraña izquierdista, que confía en que el Estado se haga cargo de todo porque los codicioosos privados necesariamente van a pisotear todo a su paso.

    Por otra parte los privatistas entienden que el Estado solo tiene tres o cuatro funciones básicas: Seguridad, Justicia, Salud y Educación. Los extremistas no quieren que el Estado haga ni siquiera eso, que no haga nada, todo lo hacen los privados de maravilla. Pero fuera de ese extremo la experiencia nacional e internacional demuestra que las empresas estatales suelen fracasar por una razón elemental: Al no tener dueño visible resulta que no es de nadie, y así empiezan los abusos, corrupción, amiguismo, y todo lo que los gobiernos populistas de izquierda suelen provocar.

    Pero cuidado: esto no implica que los privados sean dechado de virtudes, por supuesto que no. Todos sabemos que los empresarios solo meten plata allí donde podrán sacar más plata que la que metieron. Esto es totalmente normal, hasta un vendedor de helados lo entiende. El estado puede aprovechar ese ánimo lucrativo para gestionar empresas de casi toda clase. Allá cada quien según a lo que se quiera dedicar. El Estado no puede ser panadero, confeccionista, taxista y heladero.

    En lo que se refiere al Patrimonio, éste pertenece al la Nación, y particularmente el prehispánico al Estado. ¿Cómo hacer para que el Estado cuide de esto sin terminar generando burocracia y corrupción? Delegando pero NUNCA renunciando a su papel supervisor y fiscalizador de los intereses de todos nosotros.

    Allí está la falta de credibilidad de esta norma, que no considero mala como papel pintado: Si sabemos que el Estado nunca fiscaliza nada (los conductores manejan como quieren, los peatones se matan por pura estupidez propia, hacen construcciones como sea y sin licencia, se vende basura como si fuera comida, etc, etc, etc,) ¿Cómo sabemos que esta norma se cumplirá sin convertir el Patrimonio en carne de chacales codiciosos y miopes, que lo explotarán nos solo para sacar legítimas ganancias sino para dejarlo inservible con tal de sacar ganancias hoy a todo meter? ¿Quién garantiza que día a día se vigilará que el Patrimonio no quede como limón de emolientero dentro de algunos años?

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