Otro 5 de abril

En alguna ocasión escribí que ser antiaprista era, en aquel momento, casi un deber patriótico. Hoy estoy convencido que, en cualquier circunstancia de la vida y en todo momento, ser antifujimorista lo es más. No tanto por la forma que tengan de pensar sobre este o aquel tema, por sus convicciones políticas o ideológicas (si las tienen) o por su particular manera de contar la historia reciente de este país. Hay que ser antifujimorista porque el fujimorismo ha envilecido la política, ha hecho de esta el vehículo de sus intereses personales, el trampolín para el dinero fácil y el velo de todas las trapacerías para engordar sus billeteras y hacer crecer sus empresas a costas del Estado. El fujimorismo es la peor desgracia que le ha podido pasar, después del aprismo de Alan García, a la política peruana. Lo prueba esta propuesta de reforma constitucional que permita que las elecciones se decidan con el 30% del voto, y que, en esencia, es una embestida contra la institucionalidad democrática que pone en riesgo todo lo avanzado en estos años. Esta reforma constitucional a la que aspira el fujimorismo provocará tanta o mayor inestabilidad al país como el golpe del 5 de abril de 1992, la ruptura del orden democrático que nos obligó a empezar de nuevo y abrió las puertas a la corrupción más galopante de nuestra historia republicana. Y a un terrorismo de Estado que hoy, los mismos fujimoristas, quieren pasar o disimular escudándose para ello en el sacrificio de cientos de policías, militares y autoridades civiles asesinadas por criminales.

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Que la propuesta venga de un aprista como Velásquez Quesquén solo pone en evidencia una de dos cosas: o el aprismo juega en pared con el fujimorismo (lo cual no sería raro) para desestabilizar al país, convocar a elecciones y permitir el triunfo de una candidata que no aspira para nada a gobernar cinco años sino tan solo lo suficiente para liberar a su padre. O el señor Velásquez Quesquén es más fujimorista que aprista, lo cual tampoco sería raro porque tiene todos los requisitos para serlo: velar por sus intereses, importarle un carajo la institucionalidad democrática y pensar más en sus bolsillos que en el país. Esto último no resulta para nada exagerado si meditamos unos instantes las declaraciones de la congresista Patricia Donayre. Resulta curioso que la congresista ponga como ejemplo el de Argentina, que con su reforma constitucional de 1994 no solo eliminó la posibilidad de la alternancia democrática sino que posibilitó que el gobierno más corrupto y populista de su historia reciente (como corrupto y populista fue y es el fujimorismo) se enquistara en el poder. Mal ejemplo el de la congresista. Mal ejemplo o la evidencia palpable de que no solo piensan en cinco años de gobierno sino en los próximos 50. Con lo cual también queda en evidencia que, después de todo, sí tienen convicciones políticas. El problema es que estas son las mismas que perpetraron y justificaron un autogolpe, una nueva constitución a su medida y una ilegal re-reelección presidencial que les permitiera seguir en el poder aun en contra de su propia constitución que les quedó chica para sus objetivos. Y luego dicen que han cambiado y que el fujimorismo de ahora es uno completamente distinto y nuevo.

En esencia esto es lo que significa esta propuesta de reforma constitucional que una mayoría absoluta de 73 congresistas espera hacer realidad, regresando al país a los ’90, a la década funesta en que gobernó el reo de la Diroes. Una reforma con la que 73 irresponsables pondrán al país al borde del abismo y lo empujarán hacia él con el mismo desparpajo con el que hablan de democracia sin saber nada de ella o practicarla. Igual como hace 24 años. Así de simple.


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