Un aniversario más de ocho muertes sin sentido
Una generación nueva, además de la que asistió al horror de sus muertes, es la que presencia, una vez más, el homenaje que el país rinde hoy jueves 26 de enero a los ocho periodistas asesinados en Uchuraccay. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en enero de 1983 en los parajes de aquella remota comunidad ayacuchana? La crónica de aquellos trágicos días no es sino el relato de 23 años de impunidad.
Libros, reportajes, informes oficiales señalan el 20 de enero de ese año como el inicio de la tragedia: los diarios de Lima informan que campesinos de una localidad ayacuchana han dado muerte a 7 presuntos terroristas haciendo uso de su legítimo derecho a la defensa. Pero la forma en que fueron victimados y la manera en que el hecho fue dado a conocer a la opinión pública sembraron tantas dudas que muchos se preguntaron si realmente habían sido los campesinos los victimarios. Sólo viajando hasta el lugar de los sucesos, Huaychao, declarada zona liberada por Sendero Luminoso, se esclarecerían.
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Seis periodistas de Lima - Eduardo De la Piniella y Pedro Sánchez (El Diario de Marka), Willy Retto y Jorge Mendívil (El Observador), Jorge Sedano (La República) y Amador García (Oiga)- y dos del lugar -Félix Gavilán (corresponsal de El Diario de Marka) y Octavio Infante-, junto con su guía, Juan Argumedo, emprendieron la marcha hasta Hauychao sin sospechar remotamente la suerte que les esperaba.
Confundidos con terroristas, fueron interceptados cuando casi estaban por llegar a su destino. Fotografías de Willy Retto, que aparecieron después, captan los instantes en que, aparentemente, son detenidos y posteriormente ultimados a golpes con palos, machetes y piedras. Sus cuerpos fueron enterrados semidesnudos, de a dos y de cara a la tierra, contraviniendo las costumbres del lugar lo que reforzaría las suspicacias sobre las circunstancias y autores del crimen.
Los eventos tuvieron tal impacto en el país que el gobierno formó una Comisión Investigadora, presidida por Mario Vargas Llosa, cuyo prestigio e independencia despejaban cualquier duda de colusión con el mismo. Luego de dos meses de trabajo concluyeron, sorprendentemente, que los culpables de la muerte de los ocho hombres de prensa eran la sociedad peruana misma, por permitir que miembros de ella vivan en condiciones de aislamiento y marginación tan dolorosos que sólo producen violencia que es respondida con más violencia. El país se sumergió en una intensa disputa, un insulso debate. La Comisión no señaló culpables directos, no especificó responsables políticos y, lo que es peor aún, no aportó nada que ayudara a castigar la responsabilidad de las fuerzas armadas en la instigación al crimen de que fueron parte los campesinos de Uchuraccay.
En marzo de 1987, un Tribunal Especial sentenció a tres de los 18 comuneros identificados como autores directos de la masacre a leves penas de penitenciaría, esgrimiendo como atenuante su condición de “semicivilidad”. El general Clemente Noel, Jefe Político Militar de la Zona en ese entonces y hoy ya fallecido, fue exculpado por prescripción de los delitos y los familiares nunca recibieron reparación alguna. ¿Hasta cuándo?
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