La 'Chilenización' según un diario argentino

. miércoles 5 de septiembre de 2007
  • Agregar a Technorati
  • Agregar a Del.icio.us
  • Agregar a DiggIt!
  • Agregar a Yahoo!
  • Agregar a Google
  • Agregar a Meneame
  • Agregar a Furl
  • Agregar a Reddit
  • Agregar a Magnolia
  • Agregar a Blinklist
  • Agregar a Blogmarks

Ningún capítulo de la historia de la postguerra de 1879 más amargo que el de la llamada 'chilenización' de Tacna y Arica. Cuando la ley y la razón estaban de nuestras partes para la realización del plebiscito que las devolviera al Perú, el país del sur inició un proceso de 'chilenización' de las poblaciones de las provincias cautivas que buscaba desesperadamente asegurar el triunfo. Fue tal el escándalo y la condena que esto provocó que se alzaron muchas voces protestando y censurándolo. Y no sólo fueron voces peruanas. Las hubo también la de otros países que llamaron a las cosas por su verdadero nombre. Fue el caso del diario argentino La Prensa, en la mejor tradición de la amistad peruano-argentina, que editorializó contra lo que llamó "el progreso por medio de las armas". Los argumentos que esgrime y los detalles de los sucesos son de una actualidad tan manifiesta que pareciera que hubiese sido escrito ayer.

>>> Seguir Leyendo... >>>





Chile ante América (*)

En la hora actual no hay en Chile un solo hombre que no sostenga la anexión de Tacna y Arica, de cualquier modo, rechazando hasta la remota posibilidad de su reingreso a la nacionalidad peruana. ¿Por qué? Porque Chile necesita ese territorio para completar el cuadro de sus conquistas. Los argumentos fundados en el derecho y en la justicia quedan eliminados ¡El más fuerte resuelve apoderarse de lo que es del débil, y basta!

Pero hay un tratado denominado de Ancón, de Paz y de Amistad, que rige la cuestión, por el cual el Perú transfirió a Chile el dominio perpetuo de su portentosamente rica provincia de Tarapacá, dejando provisoriamente bajo la administración chilena las de Tacna y Arica, con la cláusula expresa de que, después de vencidos 10 años, se convocaría al pueblo del territorio para que decidiera por mayoría de votos sobre su nacionalidad definitiva.

El plebiscito, pues, es la forma jurídica solemnemente acordada para solucionar el conflicto de los dos derechos, los que, cuando menos, son iguales. Chile lo aceptó mientras litigaba con la República Argentina. En 1898 concluyó el pacto complementario, conviniendo en una forma del pago de la indemnización debida por la nación vencedora en el plebiscito, para cuyo cumplimiento está preparado el gobierno peruano. Pero ahora, libre de atenciones en el Atlántico, Chile declara que el plebiscito es un procedimiento demasiado complicado; sus publicistas no tienen embarazo en confesar, sin ambages, que su país no cometería el error de someter a las urnas el fallo de la causa, mientras exista el más lejano peligro de que el veredicto le sea desfavorable. Aceptará el comicio con la seguridad absoluta del triunfo.

Tal es el testimonio de lealtad internacional que Chile ofrece a la América: he ahí su criterio de interpretación y ejecución de los tratados. Su diplomacia se ha trasladado a los cuarteles, desde donde opera a la luz del cómputo de la potencia bélica de las contrapartes en el pleito.

Un publicista, acogido por el órgano más circunspecto de la prensa de Chile, ha sostenido en un extenso alegato que el plebiscito debe ser eliminado por ser un resorte anticuado y, como tal, abandonado, en la práctica internacional; que, en todo caso, debe ser organizado y presidido exclusivamente por el gobierno ocupante del territorio, sin la menor participación del otro, su dueño originario: que el Perú ni puede pretender la más mínima ingerencia en los comicios en que se decida del destino de Tacna y Arica, ni menos en la limitación de los amplios y absolutos poderes del ocupante.

Esas doctrinas han sido acogidas con un fervor inusitado de parte de la prensa chilena, la cual le ha prestado con entusiasmo su patrocinio. El afortunado publicista, alentado por tan extraordinario éxito, se ha excedido sosteniendo la caducidad del tratado de Ancón, en la parte concerniente al plebiscito, por haber vencido el término prescrito para su realización, por culpa del Perú, por cuanto éste careció de los medios pecuniarios para ejecutarlo en 1894, cuando expiró el plazo de 10 años fijado a la ocupación militar. No se digna tomar en cuenta el protocolo de 1898, celebrado en Santiago, aprobado por el Senado, pendiente de la Cámara de Diputados, en que se estipuló una forma de pago de la citada indemnización, en armonía con las finanzas peruanas arruinadas por Chile. Cierto es que ese pacto no ha llegado a ser ley internacional, pero es un antecedente con fuerza de sobra para inhabilitar moralmente al pueblo chileno para formular el ínfimo argumento mencionado, que no debió hacer jamás, en nuestro concepto, por altivez y aún por decoro.

Suponiendo, sin embargo, que la cláusula relativa al plebiscito hubiera caducado contra el Perú, preguntamos ¿con qué títulos sigue ocupando Chile el territorio disputado si su derecho de ocupación emana precisamente de esa cláusula cuya caducidad se pretende?

Los raciocinios sugeridos por el derecho y por la justicia, empero, están demás, porque no se trata de convencer, sino de imponer soluciones por la fuerza, en nombre de las conveniencias del conquistador. La América está presenciando el desarrollo de un gran escándalo, porque lo es la desembozada implantación de la violencia como política internacional, en plena paz, para resolver pleitos territoriales regidos por tratados perfectos, cuyo texto se niega so pretexto de que él adopta un procedimiento anticuado ante la jurisprudencia internacional. ¿Ha dejado de ser ley por eso?

El periodismo trasandino, a una sola voz, vitupera a LA PRENSA, incriminándole que atiza odios en una causa que no afecta intereses argentinos. Recuerda la actitud de este diario en el debate del litigio de la cordillera y atribuye nuestra participación en el estudio del problema del Pacífico a un sentimiento de malquerencia a Chile.

No. LA PRENSA no se guía por pasiones, ni parcialidades enconadas; no procede ni como enemiga de Chile, ni como amiga del Perú y de Bolivia. Altos ideales de justicia, de amistad y de concordia americanos orientan su criterio y encaminan su propaganda. Somos enemigos, sí, de la violencia, del abuso, de la fuerza, de la conquista como medio de engrandecimiento nacional en las relaciones internacionales de los países sudamericanos, porque eso es moralmente una iniquidad, es una usurpación en derecho, es el germen de resentimientos perdurables, es la amenaza perenne de la guerra; es la simiente, en fin, de la paz armada.

Chile es la única nacionalidad austral del continente que saca provechos territoriales de sus armamentos, o en otros términos, la única que ensancha su haber y gestiona su progreso por medio de las armas. Con sus cañones victoriosos adquirió los tesoros con que se armó para disputarnos media Patagonia y la Puna: hoy piensa reembolsar el dinero invertido en barcos, cañones, fusiles y fortalezas, apoderándose de Tacna y Arica, con sus ricas borateras. ¿Qué pretenderá y qué hará mañana. La respuesta es escabrosa, pero la pregunta es pertinente y conceptuosa, porque la acción futura de una potencia militar, que proclama y ejecuta la violencia política de la conquista por razón de conveniencias y quebrando la fe de los tratados, es una incógnita, con punto interrogante, una verdadera amenaza latente, de que es forzoso precaverse previsoramente.

Defendemos la causa del Perú y de Bolivia, porque tienen la justicia de su parte y porque creemos cumplir deberes de un orden superior al protestar contra el advenimiento de la política de la fuerza en la vida internacional de Sudamérica, con todo su cortejo de recelos y de erogaciones colosales. No omitimos, porque no debemos omitir, el agregado sustancialismo de que la República Argentina soportará sobre su tesoro lo más recio de los efectos de dicho régimen, obligada por el sentimiento de la propia conservación y por razón de su rango, a sostener una costosa organización militar.

La conducta de Chile, por lo tanto, afecta los destinos de las nacionalidades australes de Sudamérica, cuyas cancillerías están obligadas a adoptar una actitud reflexiva, previa madura deliberación. Una noble alianza para garantir la paz y la concordia inconmovibles del Derecho, levantándola arriba de la fuerza, despejaría el presente y aseguraría el porvenir de esta región del nuevo mundo.


* Publicado en el diario La Prensa, de Buenos Aires, el 18 de mayo de 1901