El reciente nombramiento de los nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia Militar Policial hecha por el Ejecutivo constituye, sin el menor resquicio de duda, una flagrante violación a la Constitución que no podemos permitir. El Ejecutivo no puede atribuirse la potestad de nombrar jueces y fiscales sea cual sea el fuero del que se trate. Tal proceder es una flagrante violación de la Constitución que establece, en su artículo 150, que es el Consejo Nacional de la Magistratura quien "se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular".

Desde todo punto de vista, tal nombramiento va en contra del principio universal del equilibrio de poderes y de independencia jurisdiccional que constituye en sí mismo el fundamento de toda democracia y que asegura, asimismo, el accionar de una justicia libre de compromisos políticos y subalternos. Más aún, va en contra no solo de la jurisprudencia emitida por el propio Tribunal Constitucional, lo que pone al Ejecutivo en la poca halagüeña posición de rebeldía constitucional, que flaco favor le hace, sino que también lo erige en el primero en promover el desacato a las sentencias y fallos del TC restándole institucionalidad a las funciones de éste y al proceder del primero.

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Por si fuera poco, hay que agregar que tal designación también va en contra de normas y jurisprudencia internacionales en donde el ya mencionado equilibrio de poderes es principio rector de todo estado y democracia que se precie de tal, así como también del parecer de reconocidos juristas que ya han expresado la poca atinada decisión del Ejecutivo de colocarse en contra de la Ley fundamental del Estado y a favor de una norma de menor jerarquía y tan cuestionada como lo es la ley 29182, cuyo ‘acatamiento’ ha esgrimido el Ejecutivo como explicación.

En su descargo, el ministro de Defensa ha salido a defender tan cuestionada designación argumentando que los magistrados nombrados son militares y policías en retiro, lo que en buena cuenta, según su parecer, aseguraría la independencia de los nombrados; pero lo cierto es que está confundiendo el fondo con la forma. Es la prerrogativa de nombrar jueces que se ha atribuido lo que se le cuestiona y no a quienes ha nombrado, pese a que tres de los nombrados ha tenido penosa actuación durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Esperemos que el enfrentamiento de poderes que anuncia tan desacertado nombramiento no termine produciéndose, desgastando aún más la imagen del gobierno, y que él mismo no haya obedecido ni obedezca a intereses espúreos que promueven y alientan la injerencia de un poder del Estado en las atribuciones de otro.