Como sabemos, por disposición de un infortunado decreto supremo del ministerio de Educación publicado el 16 de enero pasado, el gobierno tomó la decisión de transferir la Dirección del Archivo Histórico del Archivo General de la Nación al Instituto Nacional de Cultura, lo que en buena cuenta significa sino la inminente desaparición de nuestro primer repositorio documental, sí toda razón de ser de su existencia. El decreto en cuestión representa, según los entendidos de aquí y del exterior, uno de los mayores atentados contra el patrimonio documental de la nación y contra la historia misma de este país.



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Una decisión de este tipo, a todas luces inconsulta (no se pidió para su elaboración la opinión de los archiveros del país), antitécnica (pretende desglosar en dos un corpus documental que en sí mismo es uno solo) e inconstitucional (el cuestionado decreto supremo pretende dejar sin efecto una ley, una disposición de mayor jerarquía), no es la primera de su tipo. Cuando en 1718 se creó el Virreinato de Santa Fe y, en 1777, el del Río de la Plata, desde Lima partieron cientos de cajas con miles de documentos que involucraban a esas nuevas circunscripciones a fin de proveerlos de la documentación y antecedentes históricos necesarios para su funcionamiento y existencia. Fueron los primeros de muchos traslados que explican nuestra continua ‘descapitalización documental’.

La pretendida mutilación del Archivo General de la Nación trae ahora el recuerdo de aquellas épocas que creíamos ya superadas por ser propias de naciones incipientes, bárbaras o incultas.

Porque bárbaro e inculto fue también el saqueo de la Biblioteca de Lima, en donde funcionaba el entonces Archivo Nacional, durante la ocupación chilena. Si alguna vez este ciudad se alimentó de cultura, fue en aquella triste ocasión en que la soldadesca chilena sacaba los legajos de valiosos documentos virreinales para venderlos al peso en las pulperías cercanas y con los que luego envolvían los abarrotes que vendían. En defensa del inculto invasor, hay que decir que también nosotros hicimos hasta lo indecible por acabar con nuestros documentos y archivos.

Alberto Ulloa cuenta, por ejemplo, como en 1835, cuando Salaverry se proclamó Jefe Supremo, rebelándose contra el presidente Luis José Orbegozo, que había marchado hacia el sur a combatir a Echenique y Gamarra, las tropas que tenía estacionadas en Lima para sostenerse en el poder, utilizaron los documentos del Archivo para hacer los cartuchos de pólvora de sus rifles. Y no es la única forma de inquina documental que conocemos y practicamos. Las sustracciones y robos de documentos son otras y más vergonzosas todavía.

Estos permitieron que se formaran primero y se perdieran después, ‘colecciones particulares’ como la Colección Corbacho, con cerca de 20.000 documentos del Estado, que fue a parar a distintas instituciones estadounidenses y la Colección Gutiérrez de Quintanilla, con otros 10.000 piezas documentales, que terminó en Argentina.

¿Por qué sorprendernos, entonces, de que sea el propio gobierno quien se encargue de asestarle al Archivo General de la Nación el golpe más duro, el golpe definitivo? Aunque las voces de alarma se han levantado de todos lados, al frente de las cuales se encuentra la propia Academia Nacional de la Historia, todo parece indicar que, como en el poema de Vallejo, al Archivo le ha llegado el momento más grave de su vida. Curiosa situación si tenemos en cuenta que fue el actual gobierno, cuando presentó su plan de gobierno en las elecciones del 2006, quien prometió modernizar el Archivo General de la Nación. No dividirlo. Pero que puede esperarse de un gobernante y sus seguidores que tiene la mala y arraigada costumbre de prometer una cosa y hacer lo contrario.

Y como si semejante desatino no bastase para sublevar a los hijos de nuestros hijos, que algún día preguntarán dónde estábamos cuando todo esto sucedía y qué fue lo que hicimos para evitarlo, fuimos testigos también del robo impune de cientos de cajas de documentos de un organismo oficial del Estado a plena luz del día y que transcurrido un año aun no se ha esclarecido. Ni culpables ni sanciones. La absoluta ley de la selva y el desprecio más abyecto por los documentos y los archivos.

Esto significa que a los desaciertos del gobierno y el abandono del Estado, debemos sumarle también la negligencia propia de los irresponsables. Una negligencia que ha permitido, a lo largo de nuestra historia, que cientos de documentos valiosos se pierdan para siempre en incendios, robos, saqueos, traslados y más robos. Tantos que con todos ellos podría armarse otro Archivo Nacional entero.