Cuando el ex ministro se encargó de las negociaciones con Yale, suscribió un memorándum que afectó la recuperación de las piezas.

Metió la pata. Cuando hace tres años el entonces ministro de Salud Hernán Garrido Lecca, a pedido del presidente Alan García, encabezó las negociaciones con la Universidad de Yale para recuperar las piezas arqueológicas de Machu Picchu no solo no defendió como correspondía el patrimonio nacional, sino que retrocedió lo avanzado y prácticamente claudicó ante las condiciones de dicho centro de estudios.

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En conversación con Perú.21, el ex jefe del Instituto Nacional de Cultura (INC), Luis Guillermo Lumbreras, así como las estudiosas del tema María Elena Córdova y Mariana Mould de Pease, precisaron que, el 14 de setiembre de 2007, Garrido Lecca suscribió un memorándum que ponía en desventaja a nuestro país en su lucha por la repatriación de los cerca de cinco mil objetos que Yale se llevó en calidad de préstamo en 1911 y que hasta ahora se niega a devolver.

Lumbreras explicó que, en concreto, el Perú accedía a que la universidad utilice los tesoros peruanos por 99 años más y decida cuáles devolvería al país. También se comprometía a construir un museo en el Cusco para albergar la colección, que debía estar dirigido por Yale. “Esta misma propuesta fue rechazada cuando estuve al frente del INC. Pero Yale esperó el siguiente gobierno y logró que fuera suscrita (por el ex ministro). Hubo incompetencia porque se firmó sin consultar los antecedentes. Se puso en cero lo avanzando”, subrayó.

Córdova, quien dirigió las áreas de Gestión y Defensa del Patrimonio Histórico del INC hasta el 2006, señaló que el memorándum “debilitó” la posición peruana. “El texto está lleno de condiciones que le imponen al gobierno. Se claudicó”, indicó. Asimismo, recordó que a finales del gobierno de Alejandro Toledo ya estaba prácticamente lista una demanda civil, con contundentes argumentos que demostraban, sin lugar a dudas, que las piezas pertenecen al Perú.

La historiadora Mould, en tanto, dijo que el texto fue “tremendamente perjudicial” porque, entre otras cosas, no reconocía el mérito del Perú en la expedición de Hiram Bingham. “Actuaron así por ignorancia y ambición. Creyeron que era una pichanguita y que iban a tontear a la opinión especializada”, expresó.

“FUE INCONVENIENTE”. Pero las voces críticas no provienen solo de personas desligadas del gobierno. Eduardo Ferrero, procurador especial en el juicio civil que, en 2008, el Estado le entabló a Yale, enfatizó que el memorándum fue “inconveniente” para el país. En diálogo con Perú.21, aclaró que el documento fue preliminar y estaba sujeto a una ratificación, que, felizmente, nunca se produjo.

“El señor Garrido Lecca negoció esos términos sin consultar al gobierno ni a los peruanos, y cuando el memorándum fue conocido por el Perú no fue aceptado. Nunca fue un instrumento legal obligatorio, no entró en vigor”, sentenció. Empero, comentó que aunque no tiene valor legal, el texto es usado por Yale como un argumento a su favor y con ello “distorsiona la verdad”.

Fuentes cercanas al ex ministro aprista calificaron de “absolutamente falsas” las imputaciones y aseguraron que el instrumento fue “beneficioso” porque permitió, por primera vez, un inventario de las piezas, que Yale reconociera que eran propiedad peruana y que National Geographic declarara a nuestro favor. “Fue parte de una estrategia”, dijeron a este diario.


La ofensiva peruana

Ante la intransigencia de Yale, el Gobierno lanzó una ofensiva legal e internacional. La campaña incluye una movilización nacional y una denuncia penal en Lima por apropiación ilícita. Paralelamente avanza el juicio civil en Connecticut, EE.UU.

Como parte de esta estrategia, el viceministro de Patrimonio Cultural, Bernardo Roca Rey, destaca, por ejemplo, la carta suscrita a inicios de este mes por 23 de los 43 ex alumnos de Yale en el Perú. En la misiva, dirigida a Richard Levin, vicerrector de asuntos académicos de la universidad, expresan que “Yale debe encontrar una manera rápida y colaborativa para devolver los artefactos mientras que el ambiente político aún se encuentra razonablemente tranquilo”.

De otro lado, frente a la posición del gobierno, Yale afirmó que “esta disputa no puede ser resuelta mediante amenazas” y señaló que la anunciada denuncia penal es un “obstáculo para la solución del conflicto”. Además, se ampara en el memorándum suscrito por Hernán Garrido Lecca, indicando que ahí se ponía fin a la disputa.


* Publicado en Perú 21, el 26 de octubre de 2010.